Me canso de buscar los apátridas y no los encuentro. Estoy plenamente convencido de que nuestro país está siendo sometido a un chantaje con el cuco de la apatridia.
La República Dominicana viene siendo blanco de una serie de ataques y acusaciones de parte de algunos países miembros de la Comunidad Internacional, así como de Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), de crearle a una gran cantidad de personas una situación de apatridia.
En la Enciclopedia Jurídica, encontramos la definición del vocablo apatridia estableciendo que el mismo es usado en el Derecho Internacional, como la cualidad atribuida a aquellas personas no unidas a ningún Estado por un vínculo de nacionalidad.
A su vez, el concepto de nacionalidad se entiende como aquella condición que poseen los habitantes de un lugar específico por medio de la cual se les reconoce su pertenencia a este espacio geográfico, sea una nación o Estado, por lo que son acreedores de derechos, como también les corresponden deberes y obligaciones.
Este tipo de nacionalidad es conocida como originaria, pues muchos Estados tienen diversos modos de obtenerla y no únicamente por el nacimiento. Dependiendo del sistema jurídico del Estado de que se trate, puede combinar dos aspectos que la determinen, como son: el ius sanguinis o derecho sanguíneo que es el que toma en cuenta el linaje al que pertenece la persona bajo la premisa de que todo individuo hereda la nacionalidad de su madre o de su padre; y el ius soli o derecho de suelo, mediante el cual la persona recibe la asignación de la nacionalidad que le compete al lugar de su nacimiento.
En la República Dominicana el derecho a la nacionalidad se consigna por esta combinación, como por el matrimonio y por la naturalización. La Constitución Dominicana del año 2010 así lo establece en sus Artículos 18 al 20, consignando que a toda persona nacida en nuestro territorio le corresponde la nacionalidad dominicana. Pero también se establece que a los hijos de dominicanos les corresponde nuestra nacionalidad sin importar el lugar de su nacimiento.
Siendo así, todo nacido en la República Dominicana es dominicano sólo con dos excepciones, a saber:
- Los hijos de miembros del Cuerpo Diplomático y Consular; y
- Los hijos de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano.
Las disposiciones constitucionales del vecino país de Haití reconocen como haitiano a todo hijo de padre o madre haitiana donde quiera que se encuentren, agregando que nunca hayan renunciado a la nacionalidad haitiana, y va más lejos al establecer que son haitianos desde el momento de su nacimiento. Es decir, que no hay colisión entre los dos textos constitucionales, pues la nacionalidad que niega el nuestro, aquel la establece como derecho de nacimiento.
Pero debemos tener presente que a las personas exceptuadas se les debe dotar de sus documentos en los países de origen de sus padres, de manera que no hay posibilidad de que queden como apátridas.
Es harto sabido que en el caso haitiano, este país exhibe una gran negligencia en dotar a sus nacionales de los documentos requeridos, lo que muchos atribuyen a una intención velada de no reconocerlos como haitianos y que la República Dominicana tenga que asumirlos como dominicanos, y en la mayor parte de los casos estos ni siquiera hablan nuestro idioma, ni tienen domicilio reconocido en nuestro país. Lo que sí es visible es que los haitianos pasan por la frontera a radicarse en el nuestro, bajo la dirección de las cabezas que dirigen la inmigración ilegal descontrolada y sus cómplices del patio, para dar la idea de que son dominicanos que se les niega el acceso a sus derechos humanos, en el entendido de que estas personas pudieran ser apátridas de hecho.
Mientras tanto el plan es que sigan entrando para inmediatamente estén de este lado, empezar la nacionalización o naturalización, proceso que llevan a cabo las ONGs pro haitianas.
La República dominicana sigue recibiendo un flujo de inmigrantes haitianos ilegales que rebasan la capacidad estatal de suplir las necesidades de salud, educación, y de empleo, afectando grandemente a la población dominicana. Lo peor de todo este panorama es que no se ve una actitud decidida de nuestras autoridades, a actuar de acuerdo a nuestras leyes y el Derecho Internacional para enfrentar este plan maligno contra nuestra nacionalidad y soberanía.
Dejémonos ya de andar por el mundo implorando, y no enarbolando nuestros derechos de país soberano.