El asesinato de la teniente de Amet, Mercedes del Carmen Torres Báez, llena de luto no solo a sus familiares y amigos sino a toda la sociedad, pues se ha perdido una vida útil que trabajaba en las calles por el bien de toda la ciudadanía.
Los asesinatos de Wander Sánchez y Juan Carlos de la Cruz Adames, sindicados por la policía como los presuntos responsables del asesinato de la Teniente Torres, también deben llenar de luto, pero sobre todo a la institucionalidad, al Estado de Derecho en la República Dominicana.
La policía podrá ofrecer todas las explicaciones que desee, pero no podrá borrar la percepción generalizada de que se trató de dos de las tantas ejecuciones extrajudiciales que claramente forman parte de una política equivocada de enfrentamiento de la violencia, que cuando se trata de perseguir a los que son acusados de asesinar a agentes de la policía, sencillamente se hace inexorable.
Las declaraciones del Ministro de las Fuerzas Armadas, Almirante Sigfrido Pared Pérez, exhortando al ministerio público a “no someter a la justicia a los policías que ultiman delincuentes en el cumplimiento de su deber y que en esos casos simplemente se haga una investigación interna”, se aleja totalmente de lo que debe prevalecer en un país con instituciones.
En primer lugar es la justicia dominicana la que debe calificar por sentencia definitiva a una persona como “delincuente”. En segundo lugar, una investigación interna, es decir de la propia policía que da la orden de ejecutar a los que ella entiende como “delincuentes”, es sencillamente renunciar a la justicia, a las instituciones, pero además es calificarnos a todos de estúpidos. En tercer lugar, es falso que el “deber” de un policía sea abatir a los que presume delincuentes en intercambios de disparos en los que nadie cree.
Y no es que no ocurran los verdaderos intercambios de disparos, o que en ocasiones un policía realmente tenga que decidir entre su vida y la de la persona que lo agrede, en cuyo caso es perfectamente lógico que salve la suya. Lo que pasa es que la policía ha desacreditado tanto este tipo de situación que ya nadie cree en los intercambios de disparos, aunque una parte de ellos sean ciertos.
Algunos jefes de la policía han contribuido a desnudar esta realidad que constituyen los falsos intercambios de disparos. Debe recordarse el caso del jefe de la PN, Polanco Gómez, que instó a Cacón a que “no se entregue, que nosotros vamos a salir a buscarlo”, y al cabo de pocas horas, Cacón era asesinado, con la mala suerte de que una persona grabó todo el aparataje de la Policía en la que se pudo comprobar con toda claridad que se trataba más bien de una ejecución.
Son muchos los casos con evidencias concretas de asesinato, como el caso del secuestro de Baldera Gómez, en el que el entonces jefe policial Guzmán Fermín, condecoró a tres agentes policiales por resolver el caso ultimando a dos de los presuntos secuestradores, para que luego aparecieran evidencias fotográficas que demostraban que los dos hombres habían sido apresados vivos y luego ejecutados.
Esta política de ejecución a través de los “intercambios de disparos”, que suprime la vida de cientos de personas anualmente en la República Dominicana desde hace tantos años, no ha logrado reducir la violencia, que por el contrario ha seguido creciendo. Algunos piensan que sin estas ejecuciones el país estaría mucho peor. Claro, muchos piensan así porque las ejecuciones se realizan en el segmento más pobre de la población, pero me gustaría saber qué pensarían si un policía decide etiquetar de delincuente a uno de sus hijos y eliminarlo en un intercambio de disparos, sin darle oportunidad de defenderse en los tribunales.
La reacción del presidente de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Mariano Germán Mejía, a las declaraciones del Almirante Pared Pérez, ha sido correcta, señalando que los excesos no son buenos y que el mejor camino para resolver los problemas es el institucional.
La realidad es que no se ha invertido lo suficiente en la policía nacional para tener policías debidamente entrenados, adecuadamente pagados, educados en la protección no solo de la vida y los bienes materiales, sino también de los derechos humanos.
Esta política de ejecuciones extrajudiciales ha logrado consolidarse a través de la impunidad que han disfrutado los policías que la ejecutan y sus jefes que la ordenan, lo que ha quedado claramente evidenciado en aquellos casos en que existe evidencia contundente de que se trató de una ejecución. Una abrumadora mayoría de tales casos han quedado olvidados. En muchos se han comenzados los juicios, que nunca son concluidos. Como simple ejemplo, los policías sometidos por las ejecuciones relacionadas al secuestro de Baldera Gómez, ocurrido en el 2009, aún están pendientes de que se les conozca juicio de fondo, cinco años después.
Cuando ocurren estos intercambios de disparos se está renunciando a conocer la verdad de lo ocurrido. Jamás se sabrá realmente quiénes fueron los asesinos de la Teniente Torres, pues ya no habrá juicio y por lo tanto las posibles evidencias no serán examinadas por las autoridades judiciales competentes para sustentar una sentencia condenatoria.
Lo peor de todo es que habrá casos en que para mejorar el record de las autoridades policiales, sencillamente se escogerá a una persona con antecedentes, imputándole un hecho que no cometió, para presentarlo ante la opinión pública como el responsable de algún crimen atroz, resuelto en poco tiempo por la policía. Y cuando se quiera escuchar la opinión del imputado: lo siento, no puede defenderse pues murió en un intercambio de de disparos. Espero que no sea el hijo de alguno de nosotros.