Es casi un lugar común entre nosotros hablar sobre la mala distribución de la riqueza en el país y sobre la necesidad de superar esta situación que se traduce en exclusión social y en empobrecimiento de un amplio sector de la ciudadanía, así como en un deterioro progresivo de la productividad y competitividad sistémica de nuestra economía. El problema de fondo es el modelo de desarrollo, predominantemente neoliberal, que ha prevalecido desde los años 80 del pasado siglo. Aunque las desigualdades sociales no nacieron con este modelo, es evidente que el mismo las ha profundizado.  Como el modelo luce agotado y con pocas posibilidades de continuar logrando el crecimiento de la economía,  se abren posibilidades y oportunidades que hacen posible y necesaria su transformación. 

Se requiere una amplia participación social, una concertación que bien podríamos denominar un Nuevo Pacto Social, y esto a su vez necesita un liderazgo político con capacidad de comprender esta coyuntura, y conformar equipos técnicos capaces y coherentes para formular propuestas viables y efectivas. Esta necesidad de cambio estructural  no debería impedirnos, sin embargo,  apreciar que de acuerdo con las políticas gubernamentales, la distribución del ingreso puede mejorar o empeorar, aun dentro del mismo marco de desarrollo. La capacidad de gobernar no es un factor de poca importancia.

Pocas veces  podemos percibir las tendencias y evolución de esta distribución en el tiempo y según los últimos periodos de gobierno que hemos tenido. Esta aproximación temporal puede resultar de utilidad para apreciar el mayor o menor interés o capacidad de los diferentes gobernantes para impulsar una mejor redistribución social del ingreso. En periodos pre electorales, tal vez muchos consideren útil esta información  para refrescar su memoria a la hora de conformar su intención de voto.

Cuando miramos las cifras disponibles en el país, sobre la distribución del ingreso, encontramos que desde el año 2000 hasta la fecha, en los diferentes periodos de gobierno, los sectores de más altos ingresos del país han representado entre el 22.4% y el 22.8% del total de la población. Es decir más o menos se han mantenido invariables, mostrando su poca vulnerabilidad a los vaivenes de la economía.

En cambio, cuando miramos los sectores medios y los empobrecidos, la situación es muy diferente. Entre el año 2000 y 2004, la población pobre saltó del 27,2% al 42.6% de la población total.  La clase media en el mismo periodo se redujo del 50.4% al 35.1%. Esto significó que al menos 1.5 millones de personas pasaron de las clases medias a ser pobres. Muestra una elevada vulnerabilidad social y la poca capacidad  de las políticas públicas para proteger este importante segmento social ante los periodos de crisis de la economía, en este periodo de gobierno.

Posteriormente, entre el 2004 y el 2010, la población empobrecida se ha reducido del 42.6% al 33.2%, y los sectores de ingresos medios han aumentado de 35.1% a 44.0%.  Como no han ocurrido cambios estructurales significativos, estas variaciones guardan relación con las políticas públicas.

Estos cambios no son suficientes para proteger la calidad de vida de las mayorías. Necesitamos un serio esfuerzo para transformar el modelo de desarrollo, fortalecer el aparato productivo y la economía social y solidaria, generar puestos de trabajo y desarrollar servicios públicos  de calidad y accesibilidad universal, para conformar redes institucionales de protección social, con capacidad de reducir la vulnerabilidad de los sectores medios y empobrecidos, pero si muestran que determinados periodos gubernamentales  hemos sido menos capaces de proteger la calidad de vida de la ciudadanía que en otros, sobre todo de los sectores medios y empobrecidos.