La discriminación está inscrita en los cimientos de nuestra vida republicana, aunque nos empeñemos hoy a toda costa en negarlo. Nuestra historia es una también forjada a base de la negación (y explotación) de ese otro que no comparte la misma lengua y cultura, de ese otro distinto a nosotros.
A los dominicanos nos han enseñado a discriminar, normalizándose como la más cotidiana de las acciones, a tal punto que cuando se discrimina ni cuenta nos damos, y si lo notamos, no le damos importancia. Pues ese es el caso de una publicación reciente de la Junta Central Electoral que ha circulado por las redes sociales, mostrada, al parecer, en una de las juntas municipales de Boca Chica. Se trata de un afiche que contiene una serie de advertencias dirigidas al ciudadano para tomarse la foto de la cédula de identidad. Entre todas, hay una que llama poderosamente mi atención. La cito de forma literal:
“No podrán tomarse fotos a personas con los hombros descubiertos, disfrazados o vestidos de manera que aparenten ser del sexo opuesto”.
En otras palabras, para la JCE las personas transgénero o transexuales no podrán obtener un documento tan esencial para la vida ciudadana como la cédula de identidad y electoral a menos que decidan disfrazarse (en esta ocasión sí) del género que ellos entienden les corresponde.
¿No es un caso serio de discriminación? Ya con bastante hostilidad cargan, por su opción, manifiesta en una invisibilización social que les hace difícil involucrarse como ciudadanos y ciudadanas en lo político. La transexualidad representa en sí misma una gran contienda personal porque rompe de manera muy evidente con la supuesta coherencia y naturalidad de una serie de categorías que están en la base de la cultura patriarcal: sexo, identidad, orientación sexual y prácticas sexuales, en palabras de Beatriz Gimeno. Encarar la muerte civil es demasiado.
No puede pedírsele a la JCE que analice estas conceptualizaciones filosóficas sobre sexo y género, muy complejas hasta para los propios expertos, sin embargo, con los principios constitucionales les debería bastar para abstenerse de este tipo de acciones.
El Estado, que además tiene una obligación positiva de no discriminar, debe solucionar el vacío jurídico existente en materia de discriminación por medio de una legislación integral que defina con exactitud los diversos tipos de discriminación y que establezca sanciones adecuadas y mecanismos para las víctimas accionar en justicia, como se ha hecho en otros lugares, pues sin acción no hay derecho. La aplicación de dicha norma facilitará el surgimiento de un nuevo etos en el imaginario social afín al reconocimiento y valorización de la diversidad en sus distintas expresiones.
Y no solo me refiero a víctimas transexuales, sino también a gays, lesbianas, discapacitados/as, señoras mayores, prostitutas, deportados, indocumentados/as, negros/as, pobres. Mientras, se discute un Plan Nacional de DDHH desde el Ministerio de Relaciones Exteriores con bombos y platillos, y hechos similares acontecen todos los días sin que los afectados tengan suficientes vías para que les sean resarcidos sus derechos y dignidad violada. ¿Qué camino les queda?