En unos tres días se completa el primer cuatrimestre del año (enero-abril)  2013 el cual ha estado afectado por los efectos multiplicadores de los eventos económico-financieros que tuvieron sus orígenes el pasado año 2012, como corolario del mal manejo de las finanzas públicas dominicanas.

Acontecimientos económico-financieros controlados por el desfalco del erario, aumento indiscriminado de la deuda pública y excesivos  gastos superfluos por encima de los RD$205,000 millones que gobierno alguno nunca se atrevió realizar.

Ya en el primer tercio del año 2013 el dominicano no sabe qué hacer ante la  recesión que vive el país, al extremo de que no obstante, el actual gobierno manejarse con cautela la situación económica-financiera 2012 fue tan caótica que no ha bastado la frugalidad que se ha aplicado en los primeros cuatro meses del año para amortiguar los efectos negativos del pasado año.

Desde el inicio de 2013 el país sintió con fuerza los efectos de la implementación de la Ley 253-12, Reforma Tributaria, que sin respiro ninguno la población fue víctima de las alzas y aplicaciones de nuevos impuestos, los cuales se han sentido en carne viva al acentuarse la pobreza.

Esto así ya que la población más necesitada hoy se siente menos con posibilidades de hacer frente a sus necesidades más perentorias pues la capacidad de compra de su dinero ha disminuido reflejándose en una baja del consumo en bienes y servicios lo que hace que el índice de precio al consumidor sea en el primer cuatrimestre de solo 1.3% del PIB del año, no porque los precios hayan experimentado alguna rebaja, sino por las bajas en las compras.

Por el lado de las ventas estas se han deprimido en un 15% y en algunos subsectores hasta un 25% en 2013 versus el mismo período 2012, conforme afirmaciones del presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), situación que les ha llevado a disminuir  empleos y a postergar proyectos de apertura de nuevas tiendas.

Por efecto de la misma reforma tributaria que incrementó de 7.5% a 15% el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las bebidas alcohólica, ha provocado un descrecimiento de un 20% en la venta de cerveza conforme informaciones dadas por los directivos de la Cervecería Nacional Dominicana.

Por su parte el presidente de la Asociación Dominicana de  productores de cemento informa que el consumo de dicho artículo se desplomó en un 6% a finales de 2012 y que al mes de abril del presente año ha disminuido en un 8% comparado con el año anterior.

Además de los impuestos per se los precios se han incrementado por efectos de los  aumentos de los costos de energía eléctrica y térmica.

Asimismo el presidente de la Unión de Vendedores del Mercado Nuevo de la Av. Duarte de Santo Domingo, dijo recientemente que las ventas de productos han caído considerablemente lo que atribuyó a la falta de circulante en el comercio, no obstante algunos productos agrícolas haber bajado de precio.

Ante la indicada situación calamitosa por la cual atraviesa el comercio y la industria dominicana, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), ha cerrado en Santo Domingo y el Distrito Nacional, en lo que va de año, más de siete establecimientos de centros comerciales o Malls, los cuales por la baja que han experimentado las ventas no han podido honrar sus compromisos impositivos ante la administración tributaria.

Y todo debido a la mala administración de los recursos del Estado por parte de las pasadas autoridades gubernamentales que ante el déficit presupuestal exorbitante de 2012, el gobierno actual, no obstante ser del mismo partido que ha gobernado los destinos de la nación en los últimos ocho años formuló un presupuesto de RD$530,846 millones el cual ejecuta con cautela por ser  también deficitario.

Ante ese panorama económico-financiero poco halagüeño hoy se habla de dinamizar la economía mediante un alza salarial el cual conforme pronunciamientos de destacados economistas este debe realizarse con el más estricto control a los fines de evitar un incremento desconsiderado en los precios, al tiempo de que se plantea la aprobación de la Ley de Regulación de Salarios a los fines de   establecer orden, transparencia y control en las nóminas de los empleados públicos del país.

Si hoy el 42% de la población dominicana es pobre y la canasta familiar del 20% de los dominicanos es de RD$11,000.00 mensual (Economista dominicano, Miguel Ceara Hatton 2013) se deben hacer los aprestos de lugar para que las distorsiones salariales se corrijan urgentemente bajando los salarios de lujo y aumentando aquellos que se encuentran al filo de la pobreza y la indigencia.  Tal vez así se dinamice un poco la economía.