El respeto a los derechos humanos se fundamenta en un supuesto básico: los seres humanos poseen una dignidad intrínseca por el mero hecho de ser personas.
El reconocimiento de este supuesto no está condicionado por el contexto social o cultural. Este es el motivo por el que prácticas que generan agravio, como la ablación o la violación, son condenables desde el punto ético, aunque dichas prácticas hayan estado arraigadas en tradiciones históricas o culturales.
El reconocimiento de la dignidad intrínseca de los seres humanos tampoco depende de la honorabilidad de los mismos. Si en una sociedad democrática moderna un ciudadano es declarado culpable de infringir una ley, recibe una pena que no implica la degradación de su condición humana, conservando las implicaciones legales y morales de su reconocimiento como persona.
Estos supuestos evidentes, verdades obvias en todo Estado de derecho moderno, no siempre lo son en una sociedad donde algunas veces se piensa que los derechos humanos están condicionados por la honorabilidad social, el estatus jurídico o las prácticas morales de la ciudadanía.
Es la razón por lo que en el imaginario popular dominicano resulta frecuente escuchar afirmaciones donde se estimulan prácticas arraigadas en nuestra historia política como: el maltrato físico, el abuso psicológico y la privación de las libertades civiles si se considera que la persona que sufre los daños “se lo merece” por haber violado la ley o por ser estigmatizado como un paria social.
El problema emerge de nuevo al ser testigos recientes de la incredulidad generada por la justificación oficial de un reciente acribillamiento policial de ciudadanos, basado en una “confusión de identidades”, sin que el supuesto mismo de la justificación haya sido cuestionado: la violación de los derechos humanos queda validada si quienes sufren la misma son sujetos de persecusión penal.
Tampoco se cuestiona muchas veces el “agravante” a una violación de los derechos humanos como supuestamente son: las creencias religiosas de las víctimas, o sus bondades personales. Como si la gravedad del desconocimiento a la dignidad de las personas dependiera de si la víctima es una persona religiosa o antirreligiosa; filántropa o misántropa.
La idea de que el respeto a los derechos humanos depende de quienes seamos, de nuestras creencias u orientaciones, del poder que ostentemos, o de lo honorable que nos crean los demás es un supuesto que justifica la arbitrariedad de las autoridades, la inequidad ante la ley y todas las prácticas despiadadas que han caracterizado la tradición autoritaria dominicana.