El 4 de diciembre de 2017 el presidente Danilo Medina firmó el decreto 430-17 que dispone que el pago de la tarjeta de turismo "se realice mediante la incorporación de dicho valor en el precio de los boletos aéreos y marítimos para aquellos turistas que arriben a República Dominicana por estas vías". El mismo persigue, como lo establece el considerando cuarto -por la supuesta recomendación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)-, eliminar "las colas y retardos" que se forman en los aeropuertos con la recaudación de los diez dólares que cuesta dicha tarjeta.
El núcleo del decreto está claramente dirigido al turista; los dominicanos (los más de dos millones que vivimos dispersos por toda la geografía universal) debemos entender que estamos exentos del pago de una tarjeta que su propio nombre especifica. Los que hemos sido expulsados del país -por los gobiernos que se han instalado desde el 25 de septiembre de 1963- no somos turistas; somos tan nativos como los que aún permanecen en la tierra que nos fue legada por Duarte, Sánchez y Mella. Este, o cualquier otro impuesto que se sustente en la prefijada categoría, no nos aplica; como manifestara Dellin Betances, "los dominicanos nacemos donde nos da la gana", expresión muy celebrada por el ministro de Turismo y otros funcionarios, acostumbrados a relamer a nuestros grandes atletas, en un restaurante de la capital dominicana en el que por desgracia de la vida nos tocó estar presentes.
Como lo evidencia la misma Constitución, "son dominicanos o dominicanas los hijos e hijas de madre o padre dominicanos; quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución; los nacidos en territorio nacional, con excepción…; los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos…; quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana…; los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior; y las personas naturalizadas…". No se nos puede aplicar un impuesto por concepto turístico sólo por desplazarnos, siendo dominicanos en ambos, de un lugar a otro; sería como exigirle a un barahonero el pago de un gravamen por trasladarse a La Romana o a Santiago. El mandato ha sido elaborado de manera confusa para llevarnos al pago del mismo, tarea que ya iniciaron las líneas aéreas.
Nueve de los diez considerandos aluden muy claramente al turista, y esos son los que motivan el edicto de marras, tal como lo hacen dos leyes, una norma general y un decreto del 8 de agosto de 1991. De todos los considerandos, el décimo es el más perverso: "Que el mecanismo de cobro generalizado del costo de la tarjeta de turismo, a través de su incorporación en el boleto aéreo, no afectaría aquellos sujetos extranjeros que, de conformidad con el marco legal vigente, están exentos del pago de la aludida tarjeta de turismo". ¿Qué significa "sujetos extranjeros", expresión que además de turbia y sospechosa es ofensiva? ¿Cómo es posible que se señale que el cobro no afectará a "aquellos sujetos extranjeros" que están exentos del pago e inexplicablemente no se consigne lo mismo para los dominicanos? Sería muy fácil para las líneas aéreas discriminar, en sus plataformas de ventas de boletos, añadiendo un campo que encadene la nacionalidad (como el pasaporte, por ejemplo) y determine si el boleto debe incluir lo que a partir de ahora comenzará a llamarse "Tourism Tax".
Los dominicanos no somos turistas; somos nacionales con mucho más responsabilidad con la nación y con menos beneficio que los que viven en el solar (como diría Marino Zapete). Aportamos a la economía dominicana más de cinco mil millones de dólares al año -lo que nos convierte en el mejor producto de exportación de un país permanentemente desvalijado- y no recibimos el más mínimo de los favores de parte de quienes nos expulsaron a patadas. El decreto ha sido enmarañado de forma intencional: si los dominicanos que ingresamos al país -desde Longyearbyen en Noruega hasta Puerto Williams en Chile- validamos, sin ser turistas, el pago de los diez dólares de la tarjeta de turismo, estaríamos proporcionando al gobierno miles de millones de pesos que se convertirían en una extraordinaria fuente para financiar las primarias abiertas que buscan, en el PLD, cerrar el paso a Leonel Fernández y, en los demás partidos, facilitar el triunfo de los asociados y seguros adversarios de Danilo Medina en las elecciones de 2020 (Hipólito Mejía en el PRM, Miguel Vargas en el PRD…). ¿Experiencia? Para muestra un botón: dirijamos la mirada hacia la corrupción generalizada de Odebrecht y la sobrevaloración de las plantas de Punta Catalina; subvencionaron la modificación que se hiciera a la Constitución en 2015 comprando a los congresistas de Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado.
Aún con la confusión que genera el dictamen, los dominicanos estamos exentos de pagar los diez dólares de la tarjeta de turismo; en parte alguna es posible leer que el impuesto nos aplica. Lo más perverso radica en la forma en que se pretende reembolsar el dinero a "los visitantes que por disposiciones previstas en convenios sobre la base de la reciprocidad no estén sujetos al pago de la tarjeta de turismo", saco al que con toda seguridad hemos ido a parar por vía de una medida solapada, revestida de corte dictatorial. El artículo 2, que versa sobre el reembolso, de manera clara y precisa establece que los visitantes que no tengan que pagar la tarjeta de turismo "tendrán derecho al reembolso del valor pagado, el cual deberá requerirse ante las oficinas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII)". ¿Podemos imaginar la tragedia que sería realizar un viaje de pocos días a República Dominicana -como hacemos muchos, varias veces al año- y tener que invertir tiempo en reclamar un reembolso que además conllevará gastos que lo remontan? Muchos viajamos sólo por el fin de semana, ¿estarán abiertas las oficinas pertinentes?
El calvario aún no termina; la DGII emitió la Norma General 08-2018 sobre los Procedimientos Relativos al Pago de la Tarjeta de Turismo en Los Boletos Aéreos "que tiene como objetivo establecer el procedimiento a través del cual las aerolíneas llevarán a cabo la percepción del tributo por concepto de tarjetas de turismo incorporado en el precio de los boletos aéreos, así como disponer los plazos y condiciones para el beneficio del reembolso previsto en el Decreto No. 430-17, en los casos que aplique". O sea, además de pagar un impuesto que no nos corresponde, perder tiempo en cada viaje para solicitar el reembolso y gastar en gestiones una cantidad mayor, los pendejos dominicanos que vivimos en el exterior tenemos "plazos y condiciones" para disfrutar "del beneficio". ¡De qué tamaño tendrán los cojones!
El fin del decreto no es evitar "las colas y retardos" en los aeropuertos; es ingresar más dinero al erario para hacer lo que han venido haciendo: robarlo y destinarlo a la compra de elecciones. Los "derechos impositivos" que se pagan en los aeropuertos dominicanos recaen exclusivamente sobre los turistas; los dominicanos, cuando ingresamos por algún puerto a la tierra que nos vio nacer, debemos entregar, únicamente, las formas de inmigración y aduanas. La vileza que reviste este decreto produce náuseas; los que vivimos en el exterior debemos organizarnos para frenarla… Las dictaduras no sólo asesinan y coartan libertades, también saquean los recursos de sus ciudadanos de manera burda y descarada.
Nemen Hazim
San Juan, Puerto Rico
29 de abril de 2018