Toda persona tiene derecho al acceso de la información sensitiva sobre sí misma que se encuentre en bancos de información. En el caso del Estado, éste debe ser proactivo en garantizar el acceso a la información pública de todo ciudadano. Desde un punto de vista de la competitividad de cada país, la tecnología es una herramienta fundamental para el desarrollo de procesos más eficientes y transparentes para solicitar información en las diversas instituciones públicas, pues viabiliza el acceso a la información de manera sencilla y asequible. Con relación, por ejemplo, a los procesos de solicitud de certificaciones, éstas bien podrían ser automatizadas, logrando acelerar los procesos de este tipo al tomar en cuenta plataformas digitales.
En la actualidad, hay procesos tan lentos y desesperantes en nuestras instituciones, como es el caso de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social (DIDA), que se constituyen como limitantes al derecho de acceso a la información que tienen los ciudadanos. Pedir una simple certificación, incluso para empleadores, se torna en una tarea de medio día, sin garantía de obtenerla correctamente a la primera oportunidad. Así no se vuelve a un país competitivo.
Por situaciones como ésta es que debemos esforzarnos por hacer que la Administración Pública y cada departamento del Estado cumpla su rol de manera eficaz. Si bien la República Dominicana mejoró por 4 posiciones en el último informe de competitividad mundial de 2019, ubicándose en el puesto 78 de 141 países que fueron medidos, aún falta mucho por hacer en términos de mejorar las políticas, las instituciones y todos los factores que aumentan la productividad nacional.
Toda medida que esté dirigida a mejorar el gasto del gobierno y la manera en cómo los recursos públicos son utilizados por sus funcionarios servirá para mejorar la capacidad productiva del país. Esto se debe a que el sector privado necesita que se aceleren los procesos de certificaciones y de permisología para lograr el crecimiento económico por la efectividad de sus gestiones. Así las cosas, al partir de esta realidad, el Estado podría medir y ejecutar mejor las opciones de políticas públicas que posee.