La sociedad dominicana aun no sale del asombro por los crímenes cometidos contra tres mujeres, dos de ellas aun en plena adolescencia y la otra recién cumplida la mayoría de edad. Podríamos, en el marco de los sucesos ocurridos elaborar todas las teorías posibles y al final, tendríamos las mismas conclusiones. Si no se interviene por medio de un estudio amplio, psicológico y social la población, sobre todo aquella que por razones atendibles y entendibles se encuentra en permanente vulnerabilidad, y por ello encajan dentro de los niveles de riesgos y la probabilidad de peligro inminente, estaremos en muy poco tiempo asistiendo a un estado anómico donde predomine como conducta colectiva el reino de la barbarie.
Vale la pena, por la relevancia de los hechos, resaltar la deficiencia de dos regulaciones necesarias para el establecimiento de una conducta desviada de su esencia en una sociedad funcional. La primera regulación no cabe dudas, se desprende del entorno familiar, muchas veces en condiciones socioeconómicas y socioeducativas muy precarias y sin las herramientas indispensables para dar a los hijos asesoría pertinente en cuanto a la valoración del ser, tanto personal, como el de los demás. La segunda, un Estado fuerte, cuyos tentáculos toquen las fibras más sensibles de la formación integral de la gente, que tenga como sustento la elaboración de programas y políticas públicas aplicables de prevención de la violencia y preservación de la vida.
No es posible construir una sociedad que respete las normas establecidas y asuma como valores sociales y familiares, las pautas cotidianas del buen vivir, sin antes brindar a los ciudadanos las condiciones favorables para un desarrollo sistémico, que abarque todos los beneficios que ofrece el Estado, los que ha establecido como fuente de su existencia legal, dentro de un marco regulatorio. Por ello, nuestra Constitución en su artículo 8 al referirse a la Función esencial del Estado, establece como base: “la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto a la dignidad humana y la obtención de los medios que les permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva…”. Compatible con el estado de derecho y bienestar, para así brindar a las personas la seguridad de mantener inalterable por lo menos su proceso vital.
En República Dominicana la mayoría de las familias, viven por debajo de la media social, con salarios que no llegan a veinte mil pesos, y una cantidad importante vive de la informalidad, sin acceso a programas sociales, con bajos niveles de salud, educación deficiente y frágil, desnutrición, escasez de alimentos y más del cuarenta por ciento de los hogares, son conducidos por madres solteras. Muchas de ellas, sin la debida formación escolar y a pesar de todo, tienen el coraje de cubrir las debilidades de un Estado incompetente y la irresponsabilidad de hombres abusadores y machistas que solo aprendieron a preñar, doblando el lomo de sol a sol para producir el sustento de sus vástagos en franca desigualdad social.
Así no es posible obtener un desarrollo de forma igualitaria y mucho menos equitativo como establece nuestra Norma Fundamental. Este aspecto de la vida debe ser considerado a la hora de realizar cualquier pericia psicosocial que nos haga comprender por qué hemos llegado a estos extremos. ¿Qué y por qué nos hemos convertido en una sociedad que produce, multiplica y asume como cultura la violencia? Sobre todo, aquella que se ejerce sin contemplación en contra de la mujer, desprotegida por las instituciones que deben velar por su seguridad y vejada por sectores conservadores que aún se valen de la idea, de que son ellas, un objeto para uso exclusivo del hogar.
Para que esto cambie, hay que dotar al hombre dominicano la capacidad de dirimir conflictos por medio del dialogo y la razón, desprenderle de raíz el sentido de pertenecía que tiene sobre la mujer, que no le permite entender que es una vida y que igual merece ser respetada y valorada. Que no es un producto desechable, ni una herencia de la que puede hacer uso y abuso sin el menor de los miramientos.
Eso solo se logra con la intervención de las autoridades competentes y establecimiento de una mesa multidisciplinaria permanente, que tenga la responsabilidad de desarrollar las políticas interventoras para los fines y velar por la aplicación y buen funcionamiento de las mismas. Cicerón en tiempos de la república decadente en Roma expresó con toda razón: “la función distintiva del Estado y de la ciudad es garantizar a cada hombre el libre e imperturbable dominio de su propia propiedad particular” que en resumidas cuentas, no es más que la preservación y protección del único bien que al perderse no se puede recuperar… la vida. Un bien que en este país solo los políticos corruptos del PLD, tienen garantizado.
Al paso que vamos, y sin la mediación efectiva del Estado Dominicano, que no ha sido capaz de desarrollar programas preventivos para garantizar la vida como bien jurídico protegido por nuestra Constitución a la mujer, y a todos los que dependen de ella para el avance de las comunidades, se estaría restaurando la era cavernaria y se eliminarían de plano los limites que establecen las fronteras del derecho que tiene toda persona de convivir con el otro en paz y armonía.