Prevenir el lavado de activos es una responsabilidad de todos. Y en ese tenor como presidente del Consejo Nacional de Drogas y miembro del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (CONCLAFIT), organismos responsables de las políticas de reducción de la demanda de drogas y el lavado de activos a través de la prevención, quiero orientar sobre el significado del blanqueo de capitales en la problemática de las drogas y el crimen organizado.
Debemos estar preocupados ante la amenaza de organizaciones criminales con recursos ilícitos generadoras de una cultura de dinero fácil, que se alojan en la sociedad impactando en los jóvenes y en el resto de su comunidad, sector u organización, creando situaciones de inseguridad, amenazas, extorsión y corrupción.
Nuestro país, al igual que todo el mundo, está atravesando las consecuencias de la pandemia del coronavirus, pero también todos hemos padecido durante algunas décadas de otra dolencia que representa el desvío de dinero, que a veces se torna de difícil detección y control. Ambas situaciones, el virus y el lavado, son amenazas a la economía mundial por eso existen medidas estrictas para su prevención, control y erradicación.
Para la mayoría de naciones la infracción de lavado de activos representa un desafío complejo en lo relativo a su prevención, descubrimiento y acción legal. Históricamente, el delito de lavado de activos se consideraba como una forma de encubrimiento, pero debido al peligro que este representa, ahora su tratamiento como una transgresión autónoma es casi mayoritario en muchas de las legislaciones. En el plano internacional este fraude representa un problema de dimensiones titánicas, tanto es así que según reportes emitidos por la Organización de las Naciones Unidas a través de su Oficina contra la Droga y el Delito (UNODC), se calcula que aproximadamente 1.6 trillones de dólares producto de actividades delictivas son lavados mundialmente. Estas son cifras alarmantes.
El surgimiento de nuevas técnicas para el blanqueo de capitales, las cuales son cada vez más refinadas y complicadas, aumentan la dificultad de enfrentar este delito. El desarrollo tecnológico de los últimos años ha significado que ahora los criminales de cuello blanco cuentan con una mayor gama de opciones para perpetrar actos ilícitos y ocultar las ganancias de sus actividades fraudulentas. Un ejemplo claro de esto es el surgimiento de las criptomonedas y otros activos digitales, que pese poseer una gran cantidad de ventajas para la realización de negocios lícitos, también han sido una herramienta eficaz para que los criminales oculten las procedencias ilegales de su actividad delictiva.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) ha emitido un informe por el COVID 19, en el que señaló varios fenómenos que pueden significar un riesgo para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El GAFILAT indicó que se espera una reducción en el volumen de reportes de operaciones sospechosas y también retrasos en la obtención de información adicional requeridas para las investigaciones necesarias. Así mismo, señaló un aumento de delitos relacionados con la corrupción, aumento de fraudes financieros y estafas. Pero también, entrega algunas sugerencias de buenas prácticas para tratar de reducir los riesgos emergentes. Sin embargo, ahora depende de los países miembros aplicar dichas sugerencias para que estas no queden como una simple declaración de buenas intenciones. Más aún, el eje central de cada Estado debe girar en torno a implementar nuevas alternativas para mitigar este riesgo.
Los países signatarios a las 40 regulaciones de GAFI, en Latinoamérica GAFILAT estamos comprometidos con el cumplimiento de las mismas, que conlleva la evaluación mutua entre naciones. La República Dominicana ha sido evaluada en 3 ocasiones, en las cuales las dos primeras reprobamos, finalmente en la tercera evaluación que concluyó en el 2018, aprobamos gracias al trabajo del Estado Dominicano. En el caso contrario esto hubiera sido catastrófico porque el sistema económico y financiero de la nación se hubiera impactado grandemente de forma negativa limitando el crecimiento y desarrollo del país.
El esfuerzo inició en la administración Dr. Fidias Aristy, anterior Presidente del CND, luego a mi entrada al Consejo Nacional de Drogas en el 2016, fue realizada una modificación de la ley 72-02 actualmente Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo que dio como resultado la reestructuración de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), respondiendo a todos los estándares necesarios para estar en consonancia con la nueva ley y su accionar. Hoy, la UAF es una Dirección de primerísima calidad y eficiencia.
El lavado de activos sigue siendo un facilitador central de la delincuencia organizada transnacional. También el COVID-19, porque en tiempos de pandemia se presta para compras fraudulentas, desvíos o mal uso de donaciones de caridad, entre otras acciones, con un aumento tangible del fraude, informó la UNODC. La misma recomienda que los Estados Miembros mitiguen los riesgos de las Unidades de Inteligencia Financiera al permitir que el personal clave acceda a los sistemas ALA / CFT de forma segura, ya sea de manera remota o, con las precauciones sanitarias adecuadas, desde la oficina. La mayor presentación proporcional, legal, responsable y necesaria de información e inteligencia a organizaciones destacadas como INTERPOL y EUROPOL ayudará al análisis global de amenazas e informará la toma de decisiones estratégicas.
La República Dominicana está enfocada en la prevención y erradicación del lavado de activos, por ser actividades delictivas que apoyan al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, auspiciando acciones que agreden la dignidad humana como la trata de personas, el sicariato, el enriquecimiento ilícito, secuestros, crímenes cibernéticos, proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción, etc.
Nuestro esfuerzo unido e individual es importante para la prevalencia de los valores y los derechos fundamentales. Estemos atentos para detener el lavado de activos.
El autor es Mayor General (R), P.N. y Presidente Consejo Nacional de Drogas, República Dominicana.