La República Dominicana asistirá en unas semanas a unas “elecciones” con graves y numerosas anomalías.
Con todas las instancias electorales secuestradas por el PLD, las elecciones amenazan con ser hoy el asfixiante vómito de la megalomanía de un partido.
Algunos de los fallos e inconvenientes más preocupantes, aunque no son exclusivos de este proceso, sí llegan a él como una excepcional y multiplicada acumulación, cuya suma, evidencia un retroceso en las libertades públicas, los derechos humanos y políticos y del desempeño de las funciones de la prensa y con una mayor y marcada subordinación de los medios ante el gobierno, una pérdida de criticidad, una menor capacidad informativa y un lastimoso deterioro en el ejercicio de la comunicación y el periodismo.
Ha sido una política gubernamental deliberada, durante los gobiernos del PLD, la incorporación masiva de periodistas, comunicadores, presentadores, como dependientes directos del gobierno, tanto porque están en las nóminas oficiales, como porque son beneficiados con publicidad gubernamental, concedida en muchos casos, como parte de una repartición del botín.
Esto de la publicidad gubernamental usada con fines de compra de incondicionalidad político-partidaria durante la campaña electoral, llegó a niveles tan escandalosos en los dos primeros meses de este año, que el promedio en gasto publicitario gubernamental alcanzó la suma de 14 millones de pesos, diariamente. Y esos son gastos para maquillar la imagen del pésimo desempeño administrativo y de la corrompida y envilecedora gestión de Danilo Medina y del PLD.
Cuando se conocieron esos datos y en vecindad con el escándalo internacional, que estalló casi simultáneamente, involucrando al principal asesor de campaña, Joao Santana (ahora preso en Brasil), Danilo suspendió la publicidad gubernamental, excepto en los renglones que se identificaron como “indispensables”.
Están todavía pendientes para la prensa y para la sociedad dominicana, el tema de Joao Santana y de la Odebrecht y la medida en la que tanto el señor Santana como la empresa Odebrecht, actuaron y actúan en RD con el mismo modelo mafioso, por el que han sido cuestionados en Brasil y otros lugares, aparte de que hasta el momento, tampoco se ha identificado la fuente de pagos de los servicios del asesor de campaña.
El tema se suma al montón de asuntos pendientes, como los llamados “papeles de Panamá”, que surgen y se evaporan, sin ser cubiertos y examinados y sin que se apliquen sanciones, si corresponden, ni se busquen los correctivos para evitar delitos y crímenes amparados por un gobierno de delincuentes.
Periodistas, prensa y sociedad dominicana se aproximan a las elecciones, anegados en una propaganda del partido oficialista, que supera el 80 por ciento de la propaganda política que circula en el país, en una exhibición y un acoso apabullantes de corrupción, despilfarro y falta democracia, con la presencia un solo partido, tanto en los medios, como en la calle.
La medida de la suspensión de la publicidad gubernamental, que no deja de ser un chiste con su vigencia de un mes, es a primera vista positiva, en la coyuntura electoral, pero también es un arma de varios filos.
El gobierno es uno de los 10 mayores anunciantes en República Dominicana, así que una suspensión de la colocación de publicidad en los medios, afecta a éstos de forma dramática, descapitaliza la información servida desde la empresa privada, que de por sí suele dejar mucho qué desear y que suele ser una aliada del gobierno en el saboteo del acceso a la información de calidad y también coloca a más periodistas en situación de mayor vulnerabilidad, porque disminuye la oferta de trabajo.
La censura de varios medios a un vídeo de campaña, que fue producido por el principal partido de oposición, el PRM, denunciando los ampliamente documentados embustes de Danilo, no contribuye a despejar el panorama de las nebulosas relaciones prensa-gobierno y se añade como indicador del chantaje directo, que el gobierno está aplicando a los medios.
Dado el volumen de los recursos involucrados y la naturaleza de los gastos de publicidad gubernamental, esa condición del gobierno como uno de los 10 mayores anunciantes debía examinarse, parar reformular su naturaleza y dimensión. Por el momento, es una distorsión absurda y obviamente irregular de los atributos y funciones gubernamentales.
Los desafíos en una reestructuración de esos gastos, tendrían que incluir una reducción a límites razonables, una distribución más equitativa y transparente y con los fines institucionales que les corresponden y no para la promoción política y personalizada de funcionarios públicos y allegados.
El empleo de la publicidad gubernamental para pagar alabanzas al gobierno, no solamente tiene el inconveniente de que promueve una neutralización de la función crítica primordial del periodismo y la comunicación, sino que desnaturaliza la función de esa publicidad, que debía ser de educación e información a la ciudadanía y no de propaganda política.
La incorporación masiva de comunicadores a la nómina estatal tiene los mismos efectos nocivos.
Esto ha evolucionado de tan mala forma, que muchos de los escenarios de la opinión pública formal están anegados de las llamadas “bocinas”, que se han convertido en parte del paisaje típico nacional.
Las irregularidades, la corrupción, los sobornos y las retribuciones de adherencias políticas, con designaciones en funciones públicas, que se pagan con bienes públicos, tienen expresiones que denigran a los comunicadores y debían avergonzar a quienes desde el gobierno propician estas situaciones tan lamentables.
Son indignantes los desparpajos como el que protagoniza César Medina, quien, designado como embajador en el extranjero, tiene una presencia pública como periodista, en RD, que no es propia de quien tiene que cumplir un trabajo en otro sitio.
Con frecuencia se registran expresiones de periodistas y comunicadores haciendo peticiones personales a funcionarios públicos e incluso haciendo chantaje explícito en los espacios que ocupan.
La vulnerabilidad de los periodistas en términos laborales y su desamparo económico y social, han contribuido al éxito de la estrategia peledeísta de convertirlos, a unos en cotorritas del coro de alabanzas y a otros en bocinones sin fondo, tragando salarios, prebendas y privilegios.
La reducción de profesionalidad es conmovedora, igual que el envilecimiento y así como el poder ha enloquecido a las autoridades, también ha enloquecido a algunos comunicadores que se sienten envalentonados con los auspicios del poder.
Las bocinas, así, como las conocemos actualmente, multiplicadas hasta convertirse en una plaga, son un problema social rescatado del trujillismo, cuando ninguna cantidad de alabarderos y de elogios en los medios, podía saciar la sed de incondicionales del régimen.
El gobierno del PLD ha secuestrado lo que había de prensa y convertido a demasiados periodistas y comunicadores en un coro de lambones alquilados.
Eso forma parte del acaparamiento y la absorción por parte del gobierno del PLD, de sectores profesionales y culturales casi enteros, que ocupan cualquier espacio con vistas al público. Así como han incorporado a muchos periodistas y comunicadores, también han enganchado a botellas y/o premiado con el favor clientelista del estado, a los cantantes, músicos, bailarines, desde Fefita la Grande, hasta Mozart La Para.
Las elecciones del próximo 16 de mayo, encuentran una prensa excesivamente subordinada al gobierno y a una multitud de periodistas, dependiendo directamente del mismo, en unos casos, para una supervivencia llena de miseria y de indignidad y en otros, los menos, pero más ruidosos, para la acumulación de riquezas ilegitimas.