Cuando la Ley No. 107-13 sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo ingresó por las puertas frontales del ordenamiento jurídico, abrió las ventanas traseras para que el derecho administrativo autoritario imperante en la Administración dominicana saliera. La modernización del sistema normativo nacional relegó el desformado ejercicio del poder y transformó el papel de la Administración a la de un ente instrumental para la consecución de los derechos de los particulares.
Desde una perspectiva constitucional, la República Dominicana es un estado democrático de derecho, lo que implica el condicionamiento de la validez del uso de las prerrogativas de la Administración al apego incondicional a la juridicidad. Las potestades administrativas deben ser desplegadas en consonancia con la protección efectiva de los derechos de los particulares, esto conlleva la necesidad de armonizar el interés general con el individual. La conjugación de estos aspectos que a primera vista parecen ser paradójicos es un factor determinante para desterrar el enraizado autoritarismo administrativo.
La Administración tiene el deber de mantener una relación abierta y fluida con los ciudadanos. Los particulares, a su vez, tienen el derecho de que sus opiniones sean valoradas previamente a la adopción de cualquier decisión administrativa que pudiese afectar negativamente sus intereses. Esta dualidad de derecho-deber es una fórmula para el fortalecimiento de la democratización en el seno de la Administración que propiciaría la prevención de la antijuridicidad y garantizaría el uso racional del poder.
Otro aspecto para reducir, el autoritarismo en las entidades administrativas es mejorar el acceso a los tribunales del orden contencioso administrativo. Los ciudadanos acuden a la jurisdicción cuando están apaliados por el oscuro accionar de la Administración, por lo que crear legislativamente un proceso ágil que se apegue con las exigencias de celeridad que requieren la resolución de esos conflictos es una necesidad. El modelo judicial actual no funge como un verdadero freno al poder de la Administración, en gran parte, por la reticencia de condenar a las instituciones y a los servidores que actúan ilegalmente.
Las leyes pueden modificar la realidad normativa, mas no la cultural. A pesar del avance legislativo, el autoritarismo es un mal muy latente en el ADN administrativo, y se manifiesta de diversas maneras, desde la ausencia de cortesía en los funcionarios públicos, la práctica de no contestar los teléfonos, la negativa de recibir y sellar las comunicaciones realizadas por los ciudadanos, el retraso o la falta de respuesta a las solicitudes formuladas, hasta la expropiación de propiedades sin pagarlas antes. Es responsabilidad de los servidores, pero sobre todo de los ciudadanos comprender que los vestigios del pasado deben ser erradicados y conocer que la Constitución y las leyes administrativas ofrecen los instrumentos jurídicos para engrilletar los desbocados poderes administrativos.