Como consecuencia de la crisis de 2008, generada por la indiscriminada emisión de los títulos “Subprime”, en 2010 el presidente Obama promulgó la ley Dodd-Frank, llamada así en honor a sus promotores, los legisladores demócratas Barney Frank y Christopher Dodd. Su objetivo básico es evitar quiebras catastróficas, que puedan convertirse en sistémicas.
Para ello, en términos generales, obliga a las grandes entidades bancarias a que realicen pruebas de resistencia ante las combinaciones de varios escenarios (real, en situaciones de crisis, de expansión, con varios niveles de tipos de interés e inflación), aumenta los requerimientos de capital de las entidades, ordena a que se estructure un procedimiento de desmantelamiento ordenado (en casos de quiebras), reactiva el espíritu de la Ley Glass-Steagall (1933, derogada en 1999) que separaba la banca comercial de la banca de inversión, prohíbe la ilógica repartición de dividendos sin permiso de la Reserva Federal, se enfoca a las grandes entidades por el hecho de que estas son las que tienden a afectar el citado riesgo sistémico y crea la Regla Volcker, que no es más que una propuesta legal con el fin de reformar el sistema bancario a través de la limitación del tamaño de las entidades y controlar sus posiciones de riesgo (Impide operaciones que buscan ganancias rápidas, pero ofrece exenciones a ciertos productos en el mercados de valores con sus consecuentes coberturas de riesgos).
En ese mismo orden, instituye procesos regulatorios tendentes a garantizar que los bancos no efectúen operaciones propias maquillándolas como coberturas. Asimismo, estipula un límite de 3% del capital total de las entidades bancarias, para proveer capital a fondos de inversiones alternativas o ejecutar operaciones en el corto plazo con fondos propios para su beneficio, requiriendo un control eficiente del registro de sus actividades. Por otro lado, impide a las entidades bancarias la captación de depósitos garantizados por el Estado, controlar hedge funds, fondos de private equity o comprar y vender títulos por cuenta propia (especificamente hipotecas subprime). Con estas medidas, como ya apunté al principio, se busca evitar el crecimiento desproporcionado de entidades cuya quiebra pueda derivar la obligación de rescate por parte del estado.
Todo lo anterior genera una serie de procedimientos y obligaciones que limitan la otrora libertad que disfrutaba el sector financiero norteamericano antes de la crisis, con sus consecuentes costos.
La economía es cíclica y por lo tanto requiere de respuestas cíclicas que mitiguen las situaciones negativas y catalicen las positivas. En tal sentido, el capitalismo dio un giro a lo que muchos han llamado una suerte de Neo keynesianismo, por la participación de los estados en el salvataje de las entidades financieras con problemas de liquidez y como consecuencia de esto se emitieron regulaciones restrictivas, las cuales, por lo que implican, nunca son muy agradables.
Una de las promesas de campaña del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue la de “desregularizar” el sector financiero norteamericano. Lo que se intuye de esto es que eliminaría todas las normas de supervisión y control que generan restricciones al adecuado desarrollo de las operaciones financieras.
El anuncio del presidente Trump de “desregularizar” al sector financiero, como en casi todas sus prontas decisiones y mandatos, ha provocado reacciones internas y externas. Mario Draghi, presidente del Banco Europeo, reaccionó al respecto indicando: "Una de las principales razones de la crisis actual es el desmantelamiento de la regulación del sector bancario en los años previos a la crisis. Lo último que necesitamos es relajar la regulación financiera internacional. Eso sería preocupante. Muy preocupante". Elizabeth Warren quien precursora de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, opinó que el actual presidente “hizo un gran juego hablando sobre Wall Street durante su campaña, pero como presidente, estamos descubriendo de qué lado está realmente…”. Y el ex precandidato demócrata Bernie Sanders, lo calificó de farsante, debido a lo que entiende un doble discurso de Trump en torno Wall Street (Uno en la campaña y otro ahora) reprobando que se pretenda deshabilitar una norma que protege a los consumidores.
Particularmente, he tratado de leer todo lo que he conseguido al respecto, pues entiendo que desregularizar es extemporáneo en este momento, pero como todo en la vida nada es absoluto, también estoy convencido de que existen aspectos a revisar y estos estriban en las desbalanceadas aplicaciones de las normas de disminución de riesgo (De-Risking) que han afectado a entidades financieras y comerciales internacionales al enfrentarse a cierres indiscriminados cuentas en entidades bancarias norteamericanas. En ese sentido, muchos tenemos la ilusión de que esas normas sean ajustadas a la realidad, sin detrimento de la seguridad y transparencia del sistema de pagos norteamericano. De hecho, los mayores bancos de ese país han solicitado reducir las obligaciones antilavado de activos por ser considerarlas onerosas e ineficaces, proponiendo en un documento que revela la ineficiencia, riesgos y costos de las normas preventivas. Por ejemplo, postulan por un cambio en el procedimiento de reporte con el objetivo de mejorar la utilidad de los datos que son procesados por las autoridades investigativas. Además, requieren que el conocimiento del “beneficiario final” no sea responsabilidad absoluta de las entidades sino que sean parte de un registro de sociedades.
En la próxima entrega plantearemos en que consiste la propuesta de “desregularización” y su alcance.