El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rafael Blanco Canto, presentó en el Almuerzo Mensual de la Cámara Americana de Comercio, un valiente discurso identificando los cuatro pilares fundamentales para garantizar el sistema democrático en la República Dominicana: una ley de partidos políticos, una nueva ley electoral, una ley de responsabilidad fiscal y personas independientes en las altas cortes, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral.
Para justificar las soluciones propuestas el CONEP parte de que ha colapsado el sistema electoral basado en la repartición entre los partidos políticos de la matrícula de los órganos constitucionales llamados a sostener la confianza y arbitrar el proceso de elecciones, por lo que “la confianza en la responsabilidad institucional está rota”. “Se agotó”.
Como estas declaraciones atacan el proceso electoral, en el que resultó ganador el PLD, líderes de este partido salieron inmediatamente a detractar el discurso, al CONEP y a su presidente. Y se hace casi a nivel de chantaje, con declaraciones como: ““Es verdad que tenemos que fiscalizar pero fiscalizar mas allá. Hay que fiscalizar también los grandes beneficios que tienen las grandes evasiones que hay en este país”. O esta otra: es una “franca expresión de una persona dolida por los resultados emanados y quien evidentemente su declaración no se corresponde con su oficio”. En otras palabras, “si sigues en esa línea te vamos a inspeccionar”, o que no es oficio de los empresarios el tema electoral, cuando es un tema que incumbe a todos y a todas, sin importar oficio. Pero es que en nuestro país, sobre todo en política, cuando se dice la verdad, los afectados suelen responder con la descalificación. Así funciona nuestra “democracia”.
No faltó quien denunció que esta posición del CONEP se hace solo con el interés de obtener ventajas en la discusión del pacto fiscal o que responde a las simpatías partidarias de su presidente. Y las descalificaciones continuarán, solo si el CONEP continúa en esa línea de reclamar institucionalidad.
Todo el que desea que el sistema democrático mejore debe salir en defensa de la posición asumida por el CONEP y por su presidente, y para que lo pueda hacer con conciencia, sería saludable que se lea el discurso completo (http://www.conep.org.do/comunicados/discurso-del-presidente-rafael-blanco-en-el-almuerzo-mensual-de-la-amchamdr) , pero para aquellos que tienen poco tiempo copio a continuación sólo los cuatro pilares propuestos, para que se percaten que es muy difícil no estar de acuerdo con su contenido:
“El primer pilar es la aprobación de una nueva Ley Electoral que marque las reglas de los procesos electorales de manera clara, haciéndolos cada vez más organizados, transparentes y evitando el uso y abuso de los recursos del Estado. Acortar los tiempos de campañas, para garantizar mayor tranquilidad en el país y para reducir los costos de las mismas. Los altos costos para una candidatura en la actualidad se convierten en una barrera de exclusión para muchos dominicanos de talento, capacidad y trayectoria que no tienen la oportunidad de postularse por limitaciones económicas. Se hace necesario garantizar un acceso equitativo a los medios de comunicación y a los espacios publicitarios, y una mayor regulación de los mismos no sólo durante los períodos de campaña electoral, sino los períodos preelectorales. No vale regular el uso de los medios durante los 3 meses oficiales de campaña, si durante el año y medio anterior se han utilizado desproporcionadamente para hacer campaña directa o subliminal.
El segundo pilar es la aprobación de una Ley de Partidos que establezca procesos institucionales para la selección de las autoridades de los partidos políticos y los candidatos a posiciones electivas, con reglas claras que garanticen la transparencia, el orden y los mecanismos institucionales que permita a su militancia ejercer el derecho al voto y que castigue el transfuguismo. Proponemos que dicha ley incluya disposiciones claras y uniformes en torno a la celebración de primarias a lo interno de cada partido. Las que a nuestro juicio, deberían celebrarse el mismo día bajo la dirección de la Junta Central Electoral y utilizando el Padrón Electoral que se usa en las elecciones generales. Debe además, regular el financiamiento de los partidos políticos con reglas de transparencia. La ley que se apruebe debe establecer total transparencia sobre las donaciones privadas a los partidos, campañas y candidatos. El descontrol que existe en la actualidad es un a puerta abierta con un letrero que invita a entrar a todos aquellos que delinquen, traficantes de drogas, armas, personas, así como a contrabandistas y lavadores de activos para que se garanticen protección política a cambio de sus donaciones.
El tercer pilar es la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca un mayor rigor en el uso del Presupuesto Público y en el cumplimiento de los topes presupuestarios, los déficits y la deuda pública. Consideramos fundamental tener una apropiada regulación del uso de los fondos del Estado y de las instituciones públicas para fines de campaña electoral. Esta es una preocupación elemental para el sector privado, puesto que el aumento desmedido del gasto público durante períodos electorales, ha sido una de las causa principales de reformas o parchos tributarios en los últimos años. En este sentido, nuestra constitución vigente establece que “El control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, en el marco de sus respectivas competencias, y por la sociedad a través de los mecanismos establecidos en las leyes”. Ya es hora de que el Congreso asuma en forma responsable y real, su función de fiscalizador de los recursos del Estado y de un seguimiento riguroso al presupuesto de la nación.
El cuarto pilar es la plena independencia y fortalecimiento de las instituciones llamadas a implementar y regular todo lo relativo al proceso electoral y a garantizar el cumplimiento de las leyes, pues las normas por si solas no bastan. Debemos establecer mecanismos transparentes y plurales para la designación de sus titulares. La sociedad no permitirá que los partidos continúen repartiéndose políticamente estos órganos vitales para la democracia, es decir la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas y las Altas Cortes. Se hace necesaria la elección de autoridades confiables en cada área, que tengan trayectoria y carrera, pero sobre todo independencia. Es por esta razón que proponemos que su selección sea a través de verdaderos concursos abiertos que permitan la participación de los dominicanos más idóneos, aquellos que se destaquen por su capacidad y méritos.”