La nueva Ley Electoral que deberá aprobarse debe tener un perfil que le viene dado por los principios que el artículo 211 constitucional ordena que sean garantizados por los órganos electorales: libertad, transparencia, equidad y objetividad.
No se cumple con el principio de objetividad cuando se nombran en los órganos electorales personas vinculadas a los partidos políticos y por lo tanto con un claro conflicto de interés que les hace perder la objetividad ordenada constitucionalmente.
Tampoco se cumple con el principio de transparencia cuando los partidos políticos se obstinan en mantener en secreto los datos que permitan identificar a sus contribuyentes privados, incluyendo los montos aportados. Para nadie es un secreto que este es uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el proyecto de Ley Electoral para lograr su aprobación.
Pero cómo podremos saber si los fondos del sector privado que reciben los partidos del sector privado son de origen lícito, o si son aportados por connotados contratistas del Estado o sus accionistas, lo que debería estar prohibido y ser sancionado. La única forma es obligando a los partidos políticos a transparentar toda la información sobre sus contribuyentes privados, a lo que se resisten la mayoría de los partidos, comenzando por el de gobierno.
Otro de los principios que manda la Constitución es el de equidad. El profesor Delgado, de la Universidad de Burgos, nos dice que “es un principio con una relevancia especial en el momento electoral, ya que procura asegurar que quienes concurran a él estén situados en una línea de salida equiparable y sean tratados, a lo largo de la contienda electoral, de manera equitativa.”
Garantizar el principio de equidad electoral en nuestro país ha sido hasta ahora una verdadera misión imposible, pues el partido de gobierno, cual que sea, siempre ha abusado, en mayor o menor proporción, de los recursos públicos para romper en pedazos esa pretendida equidad. Las últimas elecciones son el mejor ejemplo.
El proyecto de Ley Electoral pretende utilizar el concepto de tope del gasto de la campaña electoral por partido, un mecanismo utilizado en otros países para crear mejores condiciones para la equidad electoral. Sin embargo, lo hace estableciendo que el tope será equivalente a RD$200 por cada voto válido obtenido por cada partido en las últimas elecciones. Este criterio rompe la equidad. ¿Por qué hay que establecer un tope de gasto diferente para cada partido si solamente es un límite máximo? El tope debería ser igual para todos los partidos y computarse sobre el total de votos emitidos a todos los partidos durante las últimas elecciones. Si votaron 4.7 millones, a RD$200, el tope de gasto de campaña por cada partido sería RD$940 millones. Se dirá que es una barbaridad de dinero y así es, pero se sorprenderían si se enteraran que el PLD debió haber gastado el doble de esa cifra y cuidado.
Donde la nueva Ley Electoral debe meter el bisturí bien profundo es en la actividad del Estado durante la campaña electoral. Deben existir normas y sanciones que prohíban que los funcionarios públicos utilicen el tiempo por el que se les paga para trabajar en las campañas de sus respectivos partidos; que los funcionarios públicos que se conviertan en candidatos entren en licencia obligatoria desde el mismo momento en que su candidatura sea aceptada por la JCE; la publicidad de todos los organismos del Estado solo debe ser de tipo institucional, sin fotos de funcionarios públicos que sean candidatos y no sobrepasar el promedio de los últimos cuatro años durante mismo período; el gasto público no debería exceder el que ha sido presupuestado en forma proporcional para el período de campaña; las obras públicas concluidas durante la campaña electoral deben comenzar a ser utilizadas desde que estén listas, pero debe postergarse su inauguración para después de las elecciones; los planes de asistencia social y la empleomanía pública no debería exceder el promedio de los últimos cuatro años durante el mismo período.
Un tema delicado, que también se ha convertido en un serio obstáculo para mejorar la equidad en las elecciones, es la propaganda electoral a través de los medios de comunicación. No basta con señalar que los medios deberán ofrecer las mismas tarifas a los partidos políticos, pues debe también señalarse que ofrecerán los mismos términos y condiciones, pues muchas veces la equidad se rompe no por la tarifa sino por las condiciones de pago o publicidad gratuita por volumen, entre otras condiciones.
Otro de los temas que debe ser revisado es el del financiamiento público a los partidos y agrupaciones políticas. El sistema actual no es para nada equitativo y se demostró en las pasadas elecciones. Claro que con la cantidad de partidos parásitos existentes también sería una barbaridad alimentarlos. Por eso la reforma debe pasar por establecer condiciones más estrictas para legitimar a los partidos a través de los votos. El proyecto de ley de la JCE establece que todo nuevo partido debe concurrir en sus primeras elecciones sin alianzas, por sí solo, para determinar en las urnas si debe continuar teniendo personalidad jurídica.
Pero una vez aprobadas las reglas que permitirían eliminar los partidos parásitos, debería al mismo tiempo modificarse la distribución del financiamiento público en forma más equitativa. Podría ser un 50% en proporción a los votos recibidos y el otro 50% en partes iguales.
La nueva ley electoral debería definir con claridad lo que es campaña negativa y campaña sucia, para permitir la primera y prohibir la última, estableciendo sanciones disuasivas para aquellos que violen la prohibición. La sanción no solo debe recaer sobre el candidato sino también sobre el partido, por lo que sería aconsejable que se establezca que el partido debe aprobar previamente la campaña de cada candidato para que no pueda alegar ignorancia.
El proyecto establece los debates, pero organizados por la JCE. Pudiera disponerse como obligatorio asistir a los debates organizados por la JCE y facultativo si es organizado por otras entidades.
En fin, son muchos los aspectos electorales que deben enderezarse a través de una nueva ley y lo que queda por determinar es si el PLD, que controla el Congreso, seguirá dándole largas a su aprobación, y si decide aprobarla, si lo hará haciendo los ajustes necesarios que pongan fin o limite seriamente el abuso desde el poder que ha sido la norma.