Opinión

Después de la sentencia, ¿qué?

Por Nassef Perdomo Cordero

El miércoles pasado el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que suscitó la condena inmediata de amplios sectores de la sociedad y la comunidad jurídica dominicanas. Me refiero, obviamente, a la TC/0168/13 en la que se ordena la desnacionalización de un número indeterminado de dominicanos. Según el mismo Tribunal, los afectados por esta decisión podrían ser decenas o cientos de miles de personas.

Por una serie de motivos que trataré en otros escritos, estoy entre los que considera esa sentencia como un error mayúsculo que traerá graves consecuencias al Estado dominicano. Como decía en otro espacio, no puede esperarse que la desnacionalización de decenas de miles de personas será ignorada por la comunidad internacional.

Algunos –los mismos de siempre- quieren cubrir esta injusticia con el manto de la soberanía. Pero mientras República Dominicana aspire a formar parte del concierto de naciones civilizadas, tiene que observar ciertas reglas de comportamiento. Tampoco faltarán quienes reclamen que nos retiremos de los órganos jurisdiccionales del sistema interamericano de derechos humanos, pero es claro a todos que eso sería un paso de vuelta a la época de la caverna.

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Es claro que el costo humano que tendrá esta decisión hace muy difícil evitar que la indignación se cuele al debate

Lo que quiero tratar hoy es qué debe hacer el ciudadano inconforme con la injusticia que se ha cometido con sus compatriotas. Lo primero que debe hacer es informarse sobre la sentencia, su fundamento y su alcance. Para cualquier debate de esta naturaleza es importante que quienes participan de él a todos los niveles estén informados sobre los hechos y el Derecho.  Debe recordarse siempre que no es un simple intercambio de opiniones o manifestación de preferencias. El Derecho tiene reglas, reglas que a veces no son tan obvias. Por ello, reitero, es necesario informarse todo lo que se pueda sobre el caso.

Todos los dominicanos deben leerse la opinión de la mayoría y, sin falta, los dos votos disidentes. Estos son, a mi entender, lo único rescatable de las 147 páginas del documento.

Que la discusión sea informada tiene muchos beneficios. Uno de ellos es que la misma girará en torno a los hechos y no a ataques personales contra los jueces del Tribunal. Lo que hay que discutir es la sentencia, sin dejarse distraer por temas secundarios. Esta contiene suficientes elementos contrarios al Derecho como para llenar decenas de páginas u horas de argumentos.  Esto es, además, lo que puede afectar la situación de los desnacionalizados. Las discusiones de otro tipo son estériles y contraproducentes.

Este será un tema de debate constante, sobre todo porque, a partir del inicio del proceso de desnacionalización, todos empezaremos a ver el costo humano de la misma. Vecinos, compañeros de trabajo, amigos, empleados, conocidos. Casi todos los dominicanos podrán comprobar la magnitud de la injusticia que se ha cometido. Y esto implica que los afectados, actores principales de este proceso, podrán acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos frente a las arbitrariedades que se cometan en el proceso.

Esto implica no sólo acudir a los tribunales locales, sino también a los internacionales. Allí se verá si República Dominicana ha cumplido con sus compromisos frente a la comunidad internacional. Hay aspectos de la sentencia que prácticamente garantizan una condena al país. Y esto dará lugar a un diálogo sobre qué lugar queremos ocupar en el plano internacional. La opción es clara, podemos ser vistos como un país respetuoso del ordenamiento internacional, o no. Este aspecto del debate tendrá que darse tomando en cuenta que la diáspora dominicana es numerosa y está extendida por todo el mundo.  Lo que sembremos nosotros lo cosecharán ellos.

Finalmente, creo que es necesario reiterar que este debate –aunque duro y sobre temas muy sensibles- tiene que procurar darse en términos que permitan exponer razones. Es claro que el costo humano que tendrá esta decisión hace muy difícil evitar que la indignación se cuele al debate. Pero el objetivo debe ser una discusión ordenada sobre el problema creado por la sentencia del Tribunal Constitucional. Es, además, la única forma en la que este encontrará el camino de la rectificación.

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