Opinión

Después de la sentencia 168-13 a seguir adelante

Por Ramón Nuñez Ramírez

La histórica sentencia del Tribunal Constitucional, sometida a una distorsionadora campaña en el exterior, alimentada desde la RD por ong´s y un equipo mediático comprometido con una facción política; pero a pesar de tantas  manipulaciones los dominicanos y las dominicanas en una mayoría determinante apoya la sentencia y el plan de regularización.

La cabeza visible de los poderes facticos extranjeros, que pretenden manejar la política exterior del país, se ha manifestado hasta ahora al través de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la cual varios países se han retirado, que vino al país a realizar un montaje para repetir prácticamente el mismo informe emitido el 8 de octubre, apenas a días de haberse pronunciado el Tribunal Constitucional.

Lógicamente la contundencia de la sentencia vino a poner la tapa al pomo, como decimos aquí, a cuestiones relativas a la ciudadanía establecidas en todas las modificaciones Constitucionales desde 1929, incluyendo la de 2010, la Ley de Migración, la Ley de Extranjería y la sentencia de diciembre de 2005 de la SCJ.

Justamente en la Ley de Extranjería (285-04), promulgada por el Presidente Hipólito Mejía horas antes de abandonar el poder, se estableció en su Art.36: “Los extranjeros no residentes son considerados personas en tránsito para los fines de la aplicación del Artículo 11 de la Constitución”. Y cuando un grupo de Sacerdotes Jesuitas y decenas de ong´s sometieron un recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ y esta respondió en diciembre de 2005 con una sentencia, uno de cuyos párrafos es definitivo: “Si el hijo de un diplomático acreditado en el país no adquiere la nacionalidad por el jus solis por encontrarse en situación de transito, menos aun podría adquirirla el hijo de un extranjero en situación de ilegalidad”. Contundente la Ley y la sentencia de la SCJ, sin embargo resulta que el propio Hipólito Mejía y su equipo mediático son los mayores antagonistas de la Sentencia 168-13 y punta de lanza de la campaña mediática anti-nacional.

Es una burda manipulación hablar de retroactividad y de que millares de dominicanos de origen haitiano han sido despojados de su nacionalidad. No se puede despojar lo que usted no ha tenido y desde la Constitución de 1929 es claro que los hijos de los extranjeros ilegales no son dominicanos al margen de que hayan nacido en nuestro territorio y residido cualquier cantidad de años. La sentencia no ha despojado de nada, al contrario, la sentencia vino a viabilizar el plan de regularización que permitirá a estos lograr un estatus de residente y eventualmente obtener la ciudadanía dominicana.

Burda manipulación de la opinon pública nacional e internacional por parte de ong´s, el equipo mediático del PPH y porque no, también hay tontos útiles que se han sumado, sin advertirlo, a una campaña anti-nacional que pretende la RD asuma la carga de Haití por la vía de convertir nuestra nación en un país con dos etnias y así quitar presión al estado fallido y la comunidad internacional rehuir a su responsabilidad con el país más pobre del continente.

El colmo es que esta facción y las Ong´s pretenden presionar al país bajo el argumento del informe de la CIDH y de la eventual condena de la Corte Interamericana, cuando esas entidades no están por encima de nuestra Constitución, no están por encima del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo y mucho menos del pueblo soberano.

Una mayoría abrumadora del país apoya la sentencia y el plan de regularización; pero esa mayoría  aspira a que el Gobierno redoble la vigilancia en la frontera, pague mejor a los soldados, establezca mayores puestos de vigilancia  y construya protecciones para contener esa penetración masiva de ilegales.

Ya es hora de pasar la página, que el Gobierno siga actuando de acuerdo a la sentencia, respetando de forma inmaculada los derechos humanos, que continúe librando la batalla contra la desinformación en cuanto escenario internacional sea necesario, pero  no permitamos que una facción política, sin pueblo y sin partido, desvié a esta nación y su Gobierno de los objetivos de progreso y superación de la pobreza.

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