Antes de la situación en la que el mundo se encuentra por el COVID-19, se escuchaban quejas sobre la situación económica del país, en el sentido de que estábamos en crisis. La percepción era evidencia de un pesimismo en ciertos sectores influyentes de nuestra vida económica, cuya valoración del quehacer nacional se basa muchas veces en la marcha de sus propios negocios. A mi modo de ver, no vivíamos una crisis económica, pues cada día se abrían nuevas operaciones industriales, el turismo estaba en auge y la actividad comercial a todas luces se expandía con la apertura de nuevos y gigantescos centros comerciales.
Nuestro problema no era de esa índole ni el país estuvo nunca bajo amenaza de una recesión. La verdadera crisis era, y ahora lo será mucho más, de carácter social, con tasas de desigualdad preocupantes dentro de un proceso de concentración de recursos reducido a círculos de pequeñas élites económicas muy creativas con un control creciente de la riqueza nacional. Buena parte de los nuevos y florecientes negocios de las últimas dos o tres décadas provienen de esos grupos, sin que se hayan generado cambios importantes en la estructura social, debido a los bajos salarios y a un sistema de seguridad social que no los promueve.
Será a partir de esta pandemia que tendremos la amenaza de una crisis económica verdadera, por lo que será necesario estimular el consumo y la inversión interna tanto pública como privada para evitarla, reduciendo los niveles angustiantes de pobreza y marginalidad. La continuidad de las políticas económicas adoptadas antes y durante la pandemia será esencial al mantenimiento de nuestra estabilidad económica y financiera.
Los cambios radicales en esos planes y políticas ahuyentarían la inversión y destruirían la indispensable confianza en la solidez de nuestro potencial que ha sido el sostén de nuestro crecimiento.