El presidente Danilo Medina acaba de publicar la Ley No. 169/14, “que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización”, con la clara buena intención de resolver el conflicto generado por la sentencia 168 del Tribunal Constitucional (TC).
Es deber de toda persona sensata, dentro y fuera del país, reconocer la buena fe que prima en esta iniciativa del presidente Medina, hoy convertida en ley de la República. Y esa buena fe de nuestro presidente debe reciprocarse también con buena fe por todos los que de una u otra forma hemos estado involucrados en el gran debate que generó la sentencia del TC, sin importar de qué lado se esté.
Lo primero es no gastar tiempo y energía en descifrar si la ley 169 confirma o contraviene la sentencia 168. Deberíamos tener la madurez suficiente para dejar este tema de lado y sencillamente concluir que por la vía institucional correspondiente, a través de dos poderes soberanos y competentes de la República Dominicana, como son el Congreso y el Poder Ejecutivo, el tema de las personas nacidas en territorio dominicano de padres extranjeros en condición migratoria irregular, registrados en las oficialías del Estado Civil dominicano, ha encontrado una solución que respeta los derechos humanos a través de la convalidación o regularización de su registro civil y por lo tanto de su nacionalidad como dominicanos y dominicanas.
Aunque la ley establece que esos registros fueron realizados irregularmente y por eso se utiliza la palabra “regularización”, no es necesario ya detenerse en una discusión que resultaría inútil y sin sentido pretendiendo determinar si realmente se trató de un registro regular o irregular. La ley lo hace para respetar el criterio del TC, pero aquí lo importante es el resultado obtenido, que reconoce como dominicanos y dominicanas a los que se encuentren en esta situación.
Cabe reconocer el mérito que indiscutiblemente tiene el presidente Medina, y todo el equipo que lo acompañó en la redacción, en el consenso y en la defensa de esta solución, y ahora los esfuerzos deben concentrarse en la aplicación rápida y sin trabas de ninguna especie de esta ley, para que una iniciativa tan sensata no vaya a quedar en el papel, como tantas veces ocurre en nuestro país. Recientes declaraciones de Olivo Rodríguez en el sentido de que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) fue parte de esta solución, contribuye a generar confianza de que su aplicación se realizará en forma automática, por lo que cada persona en esta condición sólo deberá presentarse a obtener su acta de nacimiento, su cédula y con estos documentos, su pasaporte.
Es cierto que la ley proveyó una solución para aquellos que se encontraban inscritos, pero no así para lo que no lo estaban. Sin embargo, entiendo que es más eficiente que un problema de esta magnitud comenzara a solucionarse por parte y así entiendo la estrategia del presidente Medina.
Esto no significa que nos estamos olvidando de los dominicanos y dominicanas nacidos en nuestro territorio de padres extranjeros en situación migratoria irregular que nunca fueron inscritos. La situación de estos es exactamente la misma que la de aquellos que si fueron registrados, o de aquellos nacidos en nuestro territorio de padres dominicanos que tampoco se encuentran inscritos. Ambos grupos merecen una solución a su tremendo problema de inexistencia civil por la falta de documentos de identidad. Recordemos que la encuesta Enhogar 2009-2010 estableció que el 20.8% de la población entre 0 y 5 años no está oficialmente inscrita en el registro de nacimientos, cifra que sube al 41% en el quintil más pobre. Estos datos son realmente espeluznantes pues encadenan a estas personas a la falta de salud, de educación, de empleo, en fin, a la pobreza.
Estas estadísticas estremecedoras fueron parte del discurso electoral que llevó a Danilo Medina a la presidencia por lo que estoy convencido de que tiene plena consciencia del problema y así como resolvió con la Ley 169 una parte del problema, enfrentará la segunda parte para buscarle una solución satisfactoria. Habrá que esperar ahora el reglamento de aplicación de la ley, que solo será aplicable a esta parte de la población, es decir a los no inscritos.
Son muchos los problemas que debe enfrentar el presidente Medina, pero mientras tanto ha dado un paso en la dirección correcta y merece el apoyo de todos y de todas.