El doctor Bautista Rojas Gómez, quien preside la Comisión nombrada por el Poder Ejecutivo para auditar los expedientes de venta de terrenos y propiedades del CEA informa que hasta el presente se han podido conocer unas 37 mil de las más de 43 mil transacciones entre ventas y donaciones, de las cuales se han auditado unas 30 mil. Dado que la comisión fue nombrada en septiembre del 2016, cabe suponer que para completar la misión encomendada deberá transcurrir todavía un buen tiempo, por más que asegura que llegará a término en abril del presente año.
Rojas Góme expresa que una vez completado el laborioso trabajo de revisión, se procederá a clasificar los terrenos. Los que sean de vocación cañera quedarán en manos del CEA, en tanto los aptos para la agricultura pasarán a manos de las instituciones relacionadas con el agro. Por lógica consecuencia deberán ser el Ministerio de Agricultura y el Instituto Agrario Dominicano. La permanencia del CEA como tal, con su reducida pero todavía abultada nómina que consume 20 millones de pesos cada mes, quedará pendiente de decisión por parte del Poder Ejecutivo.
Por lo pronto y a reserva del informe definitivo, una vez que haya culminado el trabajo de la comisión, Rojas Gómez adelanta el descubrimiento de una serie de graves irregularidades. Una de ellas es el de tierras vendidas dos veces. Otra la de terrenos por debajo del precio justo. Y la más grave, la de una misma parcela cuya extensión y valor requeriría su conocimiento y previa aprobación por el Congreso, dividida en varios contratos de monto menor a favor del mismo adquiriente para eludir dicho trámite legal, lo que le otorga a la operación un carácter fraudulento y la intención de estafar al Estado.
El CEA disponía del más valioso patrimonio territorial del país, con la propiedad de unas 3 millones y medio de tareas aproximadamente, según estimados. De ese cuantioso total, se tiene entendido que al presente ha quedado reducido a poco más de 800 mil, o sea, apenas una cuarta parte.
¿A qué manos ha ido a parar la diferencia? ¿Bajo que criterios de tasación se ha vendido? ¿Cuál ha sido el precio que se ha pagado en cada caso y si el mismo corresponde con el valor real de la propiedad? ¿Cuántos parientes, funcionarios, políticos (de todos los literales para esos fines se diluyen las diferencias partidarias), jefazos militares y policiales así como particulares influyentes y bien conectados han sido beneficiados? ¿Adónde han ido a parar todos los que aún a precios irrisorios, tienen que haber sumado cuantiosos fondos derivados de estas operaciones? ¿Quiénes y por cuáles motivos han sido favorecidos por las “donaciones”? ¿Qué acciones se piensa tomar para anular las operaciones en que a todas luces la venta haya sido hecha a precio de vaca muerta y recuperar la propiedad de dicho patrimonio, o para exigir a los adquirientes el pago del valor real?
Penoso que en todo este tiempo quienes hayan dirigido el CEA pudieran disponer festinadamente de tan cuantiosos bienes sin ningún tipo de supervisión, que evitara la comisión de actos irregulares o ilícitos en cantidad tal que pudiera resultar en un despojo del patrimonio público de la misma envergadura, o aún quizás más, de la delictiva operación de venta de Bahía de las Aguilas.
Ha sido necesario que se produjera el escándalo en torno al hecho de sangre que privó de la vida a dos valiosos y respetados comunicadores de San Pedro de Macorís, para que se destapara el espeso velo que había estado cubriendo la forma irresponsable, cuando no francamente delictiva, en que se estuvo manejando el organismo y disponiendo de sus valiosos activos.
Si es tal como adelanta Rojas Gómez y si la auditoría se finaliza en abril entonces para el 2018, tendremos otro sonado caso de corrupción que se sumará a los que ya están acumulados y pendientes de debida sanción, desde el más espectacular y emblemático de la Odebrecht hasta el de los Tucano, lo que representará una nueva y dura prueba de credibilidad a que será sometido nuestro ya bastante debilitado, cuestionado y vapuleado sistema de justicia.