El pueblo no había dormido por tanto tiempo desde la caída de la última dictadura. Por este motivo, Leonel Fernández, convencido de la efectividad de la poderosa anestesia social empleada por sus gobiernos y los del presidente Danilo Medina, se aventuró a asegurar que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durará, por lo menos, 40 años en el poder, los cuales, según él, celebrará en el 2044, conjuntamente con el bicentenario de la Independencia Nacional.
Sin embargo, todo parece indicar que, por fin, los profundos efectos anestésicos del marketing gubernamental, están empezando a desaparecer del cuerpo social dominicano.
La marcha contra la impunidad del próximo domingo podría ser el principio del fin de este largo sueño. La convocatoria ha encontrado el respaldo de una ciudadanía que debe liberarse del cautiverio del conservadurismo para poder edificar un verdadero Estado de Derecho. Esta es la razón por la que por primera vez en muchos años el movimiento social ha inquietado al gobierno.
En tal sentido, debe ser de mucha preocupación para el gobierno, que producto de la marcha, como una expresión de soberanía popular, queden estampadas, profundamente, en las calles, las huellas de las mujeres y los hombres que saldrán, el domingo, a exigir la aplicación de la ley en los casos de corrupción.
Más concretamente, al gobierno, consciente de que sobran los motivos, le preocupa que el éxito de la convocada protesta sea un incentivo para que en nuestro país la manifestación sea constante y, por lo tanto, se convierta en una forma cotidiana de participación ciudadana.
Conforme al criterio sustentado por Giacomo Sani en el Diccionario de Política de Bobbio, Matteucci y Pasquino, la protesta es una forma activa de participación política, con la cual, tal y como sostiene Roberto Gargarella, en su Carta abierta sobre la intolerancia, “necesitamos garantizar(nos) de forma permanente la posibilidad de objetar las acciones del gobierno, de mostrar sus flancos débiles, de exigir y reclamar que cambie su rumbo, que tome ciertas medidas, que deje de llevar adelante ciertas acciones”.
A los partidos de oposición, que hace muchos años abandonaron las calles, no les luce pretender retornar a ellas en este momento. La marcha contra la impunidad, aunque en su condición de ciudadanos debe contar con la participación de sus afiliados, no es su manifestación. Para ellos es muy costoso movilizar a sus militantes y simpatizantes, por lo que únicamente los convocan en las campañas electorales. En cambio, en un movimiento social que, como este, tiene como único líder al pueblo, cada manifestante aporta su valiosa presencia.
Convocar y promover las protestas nunca fue tan fácil y económico como en estos tiempos del internet y las redes sociales, ya que tal y como las ha calificado Howard Rheingold, “son multitudes inteligentes: gente que es capaz de actuar conjuntamente a pesar de que no se conocen entre sí”. Este es el motivo que da lugar a que los movimiento sociales del siglo XXI se caractericen por ser notablemente creativos y pacíficos.
Por ello, la movilización cívica del domingo debe constituirse en el banderazo de salida hacia la meta de la institucionalidad, cuya ausencia es la principal causante de la corrupción y la impunidad.