Medios y judicatura independientes
En mi libro “Corrupción y cartelización de la política en la República Dominicana” analizo cómo la actuación agresiva de los medios de comunicación y un poder judicial independiente y activo pueden: (1) inducir el desgaste público y la pérdida de legitimación del partido dominante y sus aliados y (2) representar un freno al desarrollo de las estrategias de cartelización del partido dominante de utilizar el soborno y la prevaricación para controlar las instituciones, vedar otras fuerzas políticas y apropiarse impunemente del erario público. Lo cual, puede, a su vez, dar paso a nuevos competidores y partidos antisistema.
El resultado del caso del activista de la Marcha Verde Juan Comprés que culminó con su puesta en libertad da cuenta de ambos aspectos. Por un lado, la notoriedad del mismo fruto de la amplia difusión que hicieron los medios y las redes sociales crearon un entorno apropiado para que la gente se enterara del infame caso de corrupción policial, tomara conciencia y se solidarizara, presentándose un gran número de personas al Palacio de Justicia de Moca a exigir su libertad pura y simple. Por otra parte, se produjo una contradicción entre la injusta petición de la procuraduría de aplicarle medida de coerción frente a la coherente decisión del juez de liberarlo y la de la policía de suspender y someter judicialmente a los agentes implicados. El desenlace constituye una muestra del desgaste público y la pérdida de legitimación del partido oficial, y representa un freno a sus estrategias de cartelización.
El acceso a información veraz sobre el apresamiento ilegal, la colocación de droga en el vehículo y la violencia física de que fue víctima Comprés en manos de agentes policiales dejaron clara la ignominia sufrida por él de parte de las autoridades policiales al mando del Ministro de Interior y Policía del partido oficial Carlos Amarante Baret y por ejecutoria del coronel Nelson Valenzuela Madera. Asimismo, la decisión del juez Anderson Cuevas Mella de ponerlo en libertad y calificar la prisión como ilegal contradijo la orden recibida por el Fiscal de Moca José Carela de parte del Procurador General Jean Alain Rodríguez de aplicarle medida de coerción y prisión domiciliaria con presentación periódica ante el juez, garantía económica e impedimento de salida. Por último, la orden de la Dirección General de la Policía Nacional de someter judicialmente y sancionar a los agentes que apresaron a Comprés constituye una descalificación de la decisión de la Procuraduría. Lo cual da cuenta del desgaste público y la pérdida de legitimación del régimen cartelizado.