La Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas, publicada en la Gaceta Oficial No. 10138, del 10 de junio del año 2002, establecía en su Artículo 33 la forma en que serían distribuídos los "bienes, productos o instrumentos decomisados conforme las disposiciones de dicha ley", lo cual se hacía en la siguiente forma: "1) 15% para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas; 2) 50% para la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ser utilizados conforme a sus necesidades; y, 3) 35% para el Consejo Nacional de Drogas, para prevenir y educar contra el uso de las drogas".
Luego de la modificación que se le hiciera recientemente a dicha ley, promovida por la Procuraduría General de la República, la distribución se hará de la manera siguiente: "1) 15% para las instituciones dedicadas a la regeneración de los adictos a drogas; 2) 25% para la Procuraduría General de la República; 3) 25% para la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ser utilizados conforme a sus necesidades; 4) 25% para el Consejo Nacional de Drogas, para prevenir y educar contra el uso de las drogas; y, 4) 10 % para la Policía Nacional".
La Procuraduría General de la República de conformidad con varias publicaciones leídas en los distintos medios informativos, dejó constancia de que su interés en percibir un porcentaje de los bienes decomisados tiene como objetivo destinar dichos recursos a la implementación del nuevo modelo penitenciario, especialmente en la construcción de otros centros. Es decir que, nueva vez la "prevención eficaz del consumo de drogas" y la "remuneración digna" a favor de quienes ejecutan la política criminal del Estado se fueron de "compras y no han regresado". No sea pendejo!
Las nervios se me retuercen cada vez que compruebo que las verdaderas causales de la delincuencia no están siendo atacadas desde su raíz, ya que ninguna autoridad históricamente se ha tomado "en serio" la prevención del consumo de drogas, promoviendo incluso que la misma se convierta en una asignatura a impartir en las escuelas desde el 8vo grado o primero de bachillerato, ya que desde esos grados nuestros hijos pudieran comenzar a recibir el embate despiadado y abominable de un maldito distribuidor de drogas, sin embargo, le quitamos al Consejo Nacional de Drogas de lo poco que recibe para destinarlo a la "espera, reformación y alimentación de los internos", los cuales reconocemos tienen el debido derecho de reeducarse, pero, enviamos un mensaje equivocado al preocuparnos más por el "hombre que delinque", y no en la misma medida por las políticas de prevención a favor de la "juventud sana e insistentemente tentada". Hasta ahora, la balanza luce de un solo lado.
En otro orden se encuentran los miembros del ministerio público que desde la promulgación del nuevo Código Procesal Penal en el mes de septiembre del año 2004 empezaron ganando la suma de RD$28,000.00, la cual hasta el día de hoy ha sido aumentada solamente hasta el monto de RD$61,000.00. Con vergonzante salario el representante de la sociedad debe de investigar con el apoyo de los policías o militares, recolectar las pruebas de conformidad con la norma, presentar acto conclusivo, sostener y defender su acusación ante el juez de la instrucción y los jueces de fondo en caso necesario, ser serio y honesto por naturaleza, portarse bien, y como si esto fuera poco, subordinarse de forma obediente a la autoridad política de turno, todo sin perder de vista los riesgos que asume en razón de la extensión de su poder discrecional, y luego usted se pregunta: cuánto gana un consultor jurídico de cualquier institución pública o un simple asesor legal de alguna dependencia estatal?. Hasta ahora, la balanza continúa de un solo lado.
A pesar de los ingentes esfuerzos que realiza el Consejo Nacional de Drogas, queda hasta ahora comprobado que no constituye una prioridad para el Estado tanto la promoción de una política eficiente y efectiva en contra del consumo de drogas, causal de tantas desgracias, como la protección a la seguridad económica y familiar de los miembros del ministerio público a través de la Procuraduría General de la República, arengando con ello el "sálvese quien pueda", lo que se traduce en un descuido abierto de "la prevención del uso de drogas y la persecución del crimen y el delito".
A pesar de todo, así como la autoridad cree en la reeducación del interno y su reinserción en la sociedad, lo cual apoyo en demasía, yo también creo en la rectificación o reconsideración de las políticas erróneamente establecidas por parte de la misma autoridad.