El esperado Pacto Fiscal, el cual representa un compromiso asumido en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030, ofrece una incomparable oportunidad para que nuestro país confronta la crisis de desigualdad que vivimos. La manera en que se aborden las discusiones al respecto determinara, en gran medida, los resultados. Se deberá no solo revisar las recomendaciones técnicas de los especialistas más autorizados, sino también adoptar una metodología que asegure que esos resultados no sean sesgados y perpetúen la crisis.
La oenegé británica Oxfam acaba de publicar (2018) los estimados más alarmantes acerca del problema. “La crisis de desigualdad se está agravando. El 82% de la riqueza mundial generada durante el año pasado (2017) fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre –3 700 millones de personas– no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. Nuestro modelo económico fallido está incrementando la brecha entre ricos y pobres. Este modelo posibilita que los más ricos sigan acumulando inmensas fortunas mientras cientos de millones de personas ven socavados sus derechos fundamentales y tienen que luchar cada día para sobrevivir con salarios de pobreza, especialmente las mujeres.” (Ver https://www.oxfam.org/es/iguales/cinco-datos-escandalosos-sobre-la-desigualdad-extrema-global-y-como-combatirla).
Oxfam ofrece un amplio menú de recomendaciones para, sistemáticamente, premiar más al trabajo y menos a la riqueza y para acabar con la desigualdad extrema y los que se aboquen a redactar el Pacto Fiscal deberán tomarlas en cuenta. Para ilustrar las medidas genéricas –no fiscales– que será necesario tomar bastaría con citar tres de las recomendadas (ver https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/bp-reward-work-not-wealth-220118-es.pdf y https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-291014-es.pdf).
- Revertir la tendencia de los salarios de miseria. “La empresa estadounidense Knights Apparel ha establecido en la República Dominicana una fábrica en la que los trabajadores reciben salarios dignos y que suministra ropa ética al mercado estudiantil.”
- Acabar con las retribuciones excesivas de los más ricos. “La idea de limitar los ingresos de la cúspide de la pirámide económica no es nueva. Platón recomendaba que los ingresos de los atenienses más ricos fueran, como mucho, cinco veces más que los de los ciudadanos más pobres.”
- Fomentar la participación de los trabajadores. “Al parecer, cuando los empleados tienen voz en la gobernanza de una empresa y también participan en su propiedad, los beneficios son aún mayores.”
Para facilitar el Pacto Fiscal de la RD específicamente, Oxfam públicó el pasado año el excelente reporte “Se Buscan Recursos para Garantizar Derechos”, el cual busca ayudar a elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público (https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/story/informe_malgasto_limita_derechos_web.pdf). Ahí se advierte que “existe un amplio espacio de reorientación presupuestaria para garantizar derechos, si existiese la voluntad política de combatir males endémicos para la gobernabilidad democrática, como son la corrupción, el uso clientelar de la nómina pública o la duplicidad de funciones de entidades gubernamentales.” El análisis correspondiente permitió estimar en la friolera de RD$91,000 millones lo que se malgasta y que pudiera reasignarse mejor para garantizar los derechos fundamentales de la gente.
Las agencias multilaterales, por su lado, sugieren un amplio ramillete de políticas públicas para enderezar la fiscalidad a fin de disminuir la desigualdad. Para solo citar un ejemplo, el FMI ha señalado que son tres los ejes de la política pública que deberán ser abordados (https://www.imf.org/es/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017): “las tasas impositivas aplicadas al estrato más alto de la distribución del ingreso, la adopción de un régimen de ingreso básico universal (IBU) y la función del gasto público en el terreno de la educación y la salud.” El primero y el último de estos temas son bien conocidos y existe un arsenal de políticas bien establecidas para lograr los objetivos que estos persiguen. Lo del IBU, sin embargo, es un recurso relativamente nuevo que está siendo objeto de experimentación en algunos países y todavía suscita intensos debates.
Los más inmediatamente concernidos por el debate sobre tasas impositivas, por supuesto, son los empresarios. Estos han advertido en varias ocasiones que están listos para abordar la discusión del Pacto Fiscal, pero es dable suponer que su exigencia de un saneamiento del gasto para eliminar el clientelismo político habrá de suscitar grandes enfrentamientos con las esferas gubernamentales. Las alternativas impositivas que existen son muchas y variadas para hacer la escala impositiva más progresiva (ver https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/worldwide-tax-summaries.html ). Pero el asesoramiento de Suecia, el país de menor desigualdad en el mundo, pudiera buscarse para enriquecer el elenco de políticas (ver gráfico).
La fiscalidad empresarial es particularmente importante porque se corre el riesgo de que las esferas gubernamentales sean cooptadas por el poder económico en la formulación de un Pacto Fiscal bien equilibrado. Sobre esto Oxfam advierte lo siguiente: “Quienes tienen dinero pueden utilizarlo para comprar poder y manipular en su favor las leyes, normativas y políticas, generando una espiral de aumento de la desigualdad económica. Los políticos e instituciones que deberían representar a los ciudadanos y controlar la desigualdad están sin embargo influidos por los ricos y poderosos, dando lugar a políticas y medidas que incrementen aún más las diferencias entre ricos y pobres.” (Ver https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/file_attachments/cr-even-it-up-extreme-inequality-291014-es.pdf.)
Por su lado, lo novedoso del concepto del IBU no debe ser motivo para que no se considere en las discusiones del Pacto. El esquema ya está siendo aplicado en varias naciones y no representa un atentado al sistema capitalista (ver http://www.elfinanciero.com.mx/bloomberg-businessweek/el-experimento-de-finlandia-con-el-ingreso-basico y https://www.youtube.com/watch?v=LxSW8JPK57A). El mayor reto para implementar el IBU en nuestro país no es la cuantía de recursos que requiere, sino el diseño de un sistema que absorba el andamiaje de subsidios sociales y mantenga sus condicionalidades.
Al final, lo que debe quedar meridianamente claro es que la tarea de la formulación del Pacto Fiscal debe ser dirigida y pautada por el gobierno. Es al gobierno a quien le toca la responsabilidad primaria y fundamental en tanto las disposiciones del mismo deberán reflejar el interés colectivo de todos los sectores de la economía y de la sociedad. El gobierno debe hacer amplias y prolongadas consultas para luego conciliar los intereses y sacar un resultado que convenga a los intereses colectivos aunque maltrate algunos particulares.
El método que resultaría más sensato es que el gobierno haga un borrador de la ley que instituiría el Pacto Fiscal. A la vez, el gobierno debe pedir que algunos de los principales sectores produzcan sus propios borradores. (Ahí debe incluirse a los trabajadores del CNUS, al CONEP y a las instituciones de los sectores sociales –como el Centro Bono, Centro Juan Montalvo y el CODUE.) Una vez se tengan esos borradores, el gobierno nombraría una comisión especial para preparar un borrador que pueda ser posteriormente consensuado en el seno del Consejo Económico y Social.
Lamentablemente, el gobierno no parece estar haciendo aprestos para abordar la tarea del Pacto Fiscal. La situación política del país parece no serle favorable actualmente y emprender tan espinosa tarea arriesga la pérdida de votos en el próximo torneo electoral. Un próximo gobierno estará obligado a abordar la tarea. Y la motivación no será la de cerrar el déficit fiscal o contener la deuda sino la de defenestrar la desigualdad social que abruma y acogota a las grandes mayorías.