La constitución de la República Dominicana promulgada en el año 2010 dice en el artículo 196: “La región es la unidad básica para la articulación y formulación de las políticas públicas en el territorio nacional.” y agrega en el párrafo siguiente: “Sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas demarcaciones geográficas de manera que sea proporcional a los aportes de aquéllas a la economía nacional.”, sin embargo basta con realizar un recorrido por algunos puntos de la geografía nacional para comprobar de manera personal las diferencias existentes entre las distintas regiones del país.
El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana señaló en el 2010: “se notan disparidades considerables entre las provincias, resultado de los procesos históricos de desarrollo, y de una enorme concentración del poder”, destacando como el problema de la desigualdad a nivel regional ha sido una preocupación histórica acumulada, concentrando en pequeños territorios, recursos y oportunidades en detrimento de otras comunidades del país.
En el 2011 las cifras oficiales confirmaron lo que la población recita con cierta frecuencia “la “capital” concentra el mayor número de inversiones que realiza el Gobierno” a través del informe “al Congreso” del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el cual se estable que el Gran Santo Domingo recibió un 46.95% (RD$ 16,770 millones) de las inversiones realizadas por el gobierno en el primer semestre de ese año.
En la actualidad las disparidades territoriales continúan acentuándose; al observar el comportamiento de las distintas regiones, basado en la regionalización realizada en el Decreto 710-04, podemos advertir como la mitad de la población se concentra en la región Ozama y en la región Valdesia (4,681,793 Habs. 49.57%) en apenas un 14.4% del territorio. Es importante destacar que la mayoría de las provincias poseen menos de 300,000 habitantes, solo seis (6) provincias superan esta cifra concentrando el 60.0% de la población nacional (5,588,564 Habs.) ONE 2010; lo cual evidencia una concentración de habitantes próximo a los centros urbanos.
Los resultados del IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 señalan una población urbana ascendente al 74.4% (ONE), este aumento de la población urbana es producto de la ausencia de oportunidades y la deficiencia en la calidad de los servicios públicos a nivel nacional, incentivando la migración hacia los principales núcleos metropolitanos. Esta cadena genera un aumento en la desigualdad social, incremento de la pobreza y deterioro de la calidad de vida; lo cual se evidencia al observar los niveles de pobreza monetaria en el país, concentrando los mayores índices en las regiones más despobladas (El Valle 53.9% y Enriquillo 53.8%) mientras que las región más poblada tiene la menor tasa (Ozama 22.9%) BM-BID. Sin embargo, a pesar de que las zonas urbanas registran menores niveles de pobreza monetaria, la desigualdad a nivel regional incide en la generación de desigualdades a lo interno de las ciudades, mientras en la zona urbana la tasa de pobreza en general casi se duplicó entre el 2002 (19.4%) y el 2004 (34.9%), en la rural el aumento fue más moderado (44.9% a 57.7%).
La realidad evidencia la necesidad de articular un proceso de planificación para el desarrollo desde la dimensión regional, en el cual puedan integrarse todos los actores para identificar las limitaciones y potencialidades de las comunidades, con el fin de alcanzar el bienestar colectivo y el progreso de la nación. Esto podremos lograrlo con la definición de instrumentos legales ausentes en la dinámica nacional, acompañado de la consolidación institucional del Estado como garante de la continuidad de estos procesos, ya que la Ley es el principio del desarrollo y la sostenibilidad su fin.