El licenciado Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, acaba de emitir una opinión muy concluyente sobre la facultad que le asiste a la Cámara de Cuentas para llevar a cabo la auditoría forense que le encomendó la Procuraduría General de la República sobre las diecisiete obras construidas y en fase de ejecución a cargo de la empresa brasileña ODEBRETCH.
La opinión de Castaños Guzmán es en respuesta y contradice la declaración del actual presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Alvarez Pérez, en el sentido de que ese organismo no dispone de la capacidad legal requerida para llevar a cabo esa importante tarea, debido a que se trata de un auditoría que califica de “muy especializada”.
El vicepresidente ejecutivo de FINJUS, por el contrario, asegura que la ley orgánica que creó la Cámara le otorga facultades para realizar auditorías especializadas y la auditoría forense solicitada por la Procuraduría cae dentro de dicha categoría.
La opinión de Castaños Guzmán está avalada por el hecho de que el formó parte del grupo de trabajo que elaboró dicha legislación, por lo que dispone de un conocimiento muy amplio y preciso de su contenido.
Debemos recordar, incluyendo los miembros de la propia Cámara, la enorme importancia que reviste investigar a fondo el tema de los contratos de obras asignadas a la tan cuestionada empresa brasileña, reo convicta y confesa de una de las más escandalosas estructuras de soborno y corrupción montada a nivel internacional, y de la enorme repercusión negativa que proyecta, sobre todo en el caso de nuestro país, tanto en el orden económico como social, político y jurídico.
El solo hecho de confesar haber entregado 92 millones de dólares en sobornos, ya implica por si un sobrecosto pagado el Estado Dominicano. Ingenuo imaginar por un solo momento que la constructora brasileña haya asumido ese gasto.
Peor aún es la enorme diferencia que acusa la mayoría de las obras realizadas entre el monto original presupuestado y el pagado por el Estado al final de las mismas, que en algunos casos sobrepasa nada menos que el cien por ciento. Son suficientes razones para albergar legítima sospecha, más todavía la firme convicción sin riesgo de equivocación, de que por ese concepto la suma total pudiera resultar seis o siete veces superior a los 92 millones que Angel Rondón admitió haber recibido en su condición de intermediario.
De esperar, por consiguiente, que el tema de la competencia de la Cámara de Cuentas no le de mas vueltas al tema de su competencia legal para llevar a cabo la auditoría y lo convierta en el clásico episodio del amante enamorado deshojando la margarita en una interminable letanía de “me quiere” o “no me quiere”, en este caso si al organismo le compete o no, mientras el tiempo corre.
Lo que procede es que la Cámara se aboque de inmediato a la tarea encomendada, aún tenga que procurar auxilio externo. Porque este caso ya acusa bastante demora, que de continuar dará pie a que se convierta cada vez en más viral la opinión de que se le quiere echar tierra al asunto, lo que por otro lado, desde el punto de vista político, sería para el gobierno tanto como proporcionarle una peligrosa arma de guerra en bandeja de plata a una oposición todavía desarticulada pero cada vez más agresiva.