El agrio conflicto que sobre el modelo de desarrollo turístico físico protagonizan el MITUR y los hoteleros de Bávaro-Punta Cana debe resolverse cuanto antes. A la sociedad dominicana le interesa que se armonicen intereses y se acuerde una solución para asegurar la continuación exitosa del auge sectorial. Por tanto, conviene esclarecer el marco normativo que es relevante para un entendimiento de las partes y configurar una solución adecuada. La fórmula final deberá responder a las tendencias del mercado respetando la institucionalidad.
El conflicto atañe a los parámetros de ordenación relativos a la altura y ubicación de las edificaciones. Los privados objetan la construcción de torres en Macao y Cap Cana que sobrepasaran por mucho los límites establecidos (de cuatro pisos) por el ordenamiento territorial vigente para la zona. También objetan la distancia de la playa en la que estas se ubicarían. En concreto, se oponen al proyecto Macao Alto Resort de unos inversionistas mexicanos y a las 17 torres que le han sido aprobadas a Cap Cana. Las edificaciones del primero estarán a 500 metros de la playa, mientras que las de Cap Cana estarán a un kilómetro.
En una entrega anterior quien escribe sugirió una posible solución. “Un abordaje salomónico sería el de dejar los parámetros anteriores intactos para la zona comprendida entre Macao y Cap Cana y permitir otros parámetros para el litoral comprendido entre Macao y Nisibón, por un lado, y Cap Cana y La Romana por el otro. En el caso de estos últimos tramos la altura de las edificaciones podría fijarse en un máximo de quince pisos, aunque a un kilómetro de distancia de la playa podría no tener limite.” (https://acento.com.do/2018/opinion/editorial/8629985-la-razon-turistica-entredicho/) Lo que faltó por añadir es la manera de llevar a cabo tal sugerencia.
Hasta ahora, la rectoría del MITUR sobre los polos turísticos se ha aceptado como buena y valida. El artículo 2 de la Ley 84-79 le atribuye amplias potestades: “a) Planear, programar, organizar, dirigir, fomentar, coordinar y evaluar las actividades turísticas del país, de conformidad con los objetivos, metas y políticas nacionales que determine el Poder Ejecutivo; b) Programar, promover, y fomentar el desarrollo de la industria turística en el país;” Esas potestades le dan un rol hegemónico a ese ministerio en la definición del ordenamiento territorial turístico. De ahí que este haya elaborado tales planes para Pedernales, Samaná, Miches y la zona de Macao-Bávaro-Punta Cana.
Sin embargo, una nueva visión del patrón de desarrollo de los polos turísticos no debería en la actualidad ser definida solamente por el MITUR. Esto así porque desde hace más de cinco años se sometió al Congreso un “Anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Suelo” (LOTUS, http://economia.gob.do/mepyd/wp-content/uploads/archivos/despacho/ordenamiento-territorial/seminario-taller/anteproyecto-de-ley-de-ordenamiento-territorial-y-uso-de-suelo.pdf) que reubicaría las competencias del ordenamiento territorial en todo el país y las encomienda al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Una Comisión Bicameral estudia el anteproyecto y este ha llegado a ser aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados. Se da por descontado que esa ley será promulgada eventualmente. Su adopción es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo para “gestionar las políticas públicas en el territorio, regular el uso de suelos, incentivar el aprovechamiento sostenible de los recursos y facilitar la gestión integral de riesgos a nivel nacional y local.”
Esta futura ley impondrá un “marco regulatorio” y todo un nuevo entramado institucional para orquestar el ordenamiento territorial y el uso de suelos. A tales fines y según sus artículos 37-39, se creará un Sistema Nacional de Ordenamiento Territorial dirigido por un Consejo de Ordenamiento Territorial –donde el MITUR será miembro– y coordinado por el MEPyD “como órgano rector del ordenamiento y ordenación del territorio.” El brazo ejecutor del MEPyD será la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (DGODT), la cual opera desde hace varios años. En la ley se anticipan planes nacionales, regionales, provinciales y municipales cuya formulación, aprobación y ejecución estarán a cargo de sus respectivas autoridades.
¿Cómo proceder entonces frente a esta situación en que el MITUR esta destinado a perder sus potestades planificadoras en materia de ordenamiento territorial? ¿Cómo debe orquestarse una nueva planificación del desarrollo turístico para resolver los actuales conflictos? Ya que el artículo 96 de la futura ley de ordenamiento deroga toda ley general o especial que le sea contraria, no resulta conveniente que cualquier intento de producir una nueva planificación que armonice intereses sea protagonizado por el MITUR, aunque este participe en su formulación. Tampoco sería razonable que se le otorguen al MEPyD todas las potestades que la futura ley contempla en tanto esta todavía no está vigente.
En consecuencia, sería preferible que el presidente de la Republica dicte un decreto creando una comisión para la elaboración de la nueva planificación. Esta estaría compuesta por los ministerios de Turismo y Economía, representando el sector público, el Ayuntamiento de Higuey y por los privados de la zona (ASOLESTE). La gestión de tal comisión se pondría en manos de un Coordinador que, teniendo a la DGODT como apoyo técnico, pudiera ser un profesional independiente bajo la egida del Ministerio de la Presidencia. Este último ministerio no solo monitorearía los trabajos, sino que también proveería los fondos para financiarlos.
Respecto a los alcances de la planificación se deberá buscar que la misma sea integral. Es decir, que no solo tome en consideración lo meramente turístico y conciba las soluciones en términos de un desarrollo general del territorio. Para no complicar las cosas, el plan no abarcaría todas las cinco provincias de la Región Este (Hato Mayor, San Pedro, La Romana, La Altagracia y El Seibo) y se limitaría a la provincia La Altagracia. Ya el MITUR elaboró una planificación territorial para el área de Miches que podría continuar vigente hasta tanto se apruebe la nueva LOTUS. Una vez aprobada la nueva legislación se revisitaría el asunto para emprender un plan regional que este compatibilizado con el plan provincial de marras.
La solución propuesta reconoce que, en primer término, la situación y perspectivas del sector turístico nacional tienen en el este un desafío mayúsculo. No es solo que se necesita diversificar el producto turístico nacional permitiendo edificaciones de mayor altura en sus costas, sino que se requiere acometer la tarea de la planificación urbana de este importante territorio. Además, se deberán contemplar otros aspectos que, como la dotación de agua, la disposición de residuos sólidos y la protección del medio ambiente, son vitales para salvaguardar la sostenibilidad de la industria turística. Ojalá y los actores se sientan motivados para emprender la tarea con el fin de consolidar la competitividad del destino y ojalá el Ministerio de la Presidencia asuma el liderazgo.