El modelo económico del Gobierno del PLD, sustentado en un alto crecimiento por la expansión brutal en el gasto público, no ha tenido ningún efecto positivo en el aumento del empleo y la reducción de la pobreza. Pero si lo ha tenido en lo político. No hay dudas que los éxitos electorales del partido en el poder han sido obtenidos, en gran medida, por el desmedido gasto proselitista en campañas electorales y por la incorporación de casi 1.7 millones de personas en las nominas públicas, nominillas, contratos de servicios y programas de subsidios.
Un Informe de la CEPAL destaca que siendo la economía dominicana una de las de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe durante el 2010, el desempleo se mantiene sobre el 15%, superando en 4% el promedio de toda la región. Este nivel de desempleo supera al que existía en el 2002 según la misma fuente lo que pone en evidencia dos cosas: el modelo no funciona o las cifras no dicen toda la verdad.
Lo cierto es que si consideramos el estancamiento o retroceso en el PIB que han tenido los sectores más dinámicos de la economía, como la industria, la agricultura, las zonas francas y la construcción, el desempleo no se ha disparado a un 20%, porque el Gobierno se ha encargado de aumentar las nominas publicas y nominillas en un 120% respecto a la que existía en el 2004. Hablamos de que los cobradores de cheque del gobierno sobrepasan las 740 mil personas sin contar la tarjeta de solidaridad que ronda los 900 mil. Eso sumaba en el 2004, medio millón de personas y yo dije públicamente en el 2003 que era un exceso.
Definitivamente, lo único que ha crecido en este país, a parte del empleo público, es el subempleo, donde los ingresos están por debajo del salario mínimo y donde no se respeta ningún derecho laboral de los trabajadores. Las calles se llenan de gente buscando como sobrevivir.
Estamos transitando hacia una economía donde el mayor empleador es el Gobierno, el mayor consumidor de bienes y servicios es el gobierno, el mayor deudor de la banca es el gobierno y el mayor contratista de obras, onerosas y excesivamente sobrevaluadas, es el gobierno. Vivimos en una economía de despilfarro en vías de estatización porque lo que queda de sector privado también está sometido al poder de compras del gobierno.
Con respecto a la pobreza, la situación es aún peor de acuerdo al PNUD y otras fuentes, sin contar que la actual escalada de precios de los alimentos, del transporte, de la energía y de todos los servicios, está hundiendo en esa pobreza a un amplio sector de la clase media.
Ante este panorama incierto, pero siempre aferrándose a sus cifras de crecimiento, el gobierno termina el año 2010 con un déficit fiscal superior a los 60 mil millones de pesos, deudas que superan el 42% del PIB y un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos superior al 8% del PIB, lo que pone en riesgo, no solo la renovación del acuerdo Stand By firmado con el FMI, sino la capacidad del país para garantizar sostenibilidad fiscal. Retrasar la aprobación de una nueva carta de intención con el FMI, devaluará aceleradamente el peso, aumentará la inflación y las tasas de interés, frenará el financiamiento externo, creara más desempleo y podemos caer en un default en el corto plazo. El nerviosismo ya se siente en toda la economía.
Llevar las negociaciones a Washington es precisamente el motivo de que las cosas no van por buen camino y el gobierno tiene poco que ofrecer para renovar la carta de intención salvo otra dispensa o una reforma fiscal, que dirán fue impuesto por el FMI. Esa reforma buscará recursos adicionales por RD$30 mil millones (1.5% del PIB), usando RD$20 millones para cubrir una parte de la brecha fiscal para el 2011 y RD$10 mil millones para completar el subsidio eléctrico, que con los precios del petróleo puede llagar a los US$900 millones en el 2011, cuando se programaron solo US$350 millones.
¿Hay condiciones mínimas para esa nueva reforma fiscal? Con el actual nivel de precios del petróleo y de los bienes alimenticios, con las demandas de aumento salarial y con el nivel de desempleo, eso sería un suicidio político.
La otra opción, no menos suicida políticamente, es reducir en 30 mil millones sus gastos en el 2011 si logran flexibilizar con el FMI las metas fiscales y eso significa sacrificar su dos cartas de triunfo, que son el despilfarro y el clientelismo. Solo si Leonel Fernández no se reelige existe posibilidad de que eso suceda, porque de aquí en adelante comienza otra historia, donde el pueblo pagará muy caro los desayunos que se creían gratis en el pasado.
Este atento para que tome sus precauciones.