Si las armas son las que matan, de familias uniparentales provienen los delincuentes y violencia mortal entre parejas la causan celos reales o imaginarios crea tercero, entonces desarme con prohibición divorcio y sanción penal a infidelidad. Una triple estocada a una lógica inocente, que recibe la primera con una entrega de urgencia al Ejecutivo de una nueva ley de armas.
Increíble ver como es celebrada ésta como panacea por quienes luce no han leído la vigente y creen que aquí permite conseguir y portar armas legales al ciudadano común al estilo de Texas: oferta abundante, bajos precios y pocas trabas burocráticas. ¿De dónde sacan eso? Se aplaude un nuevo marco jurídico que ahora sí permitirá a la Policía Nacional desarmar a delincuentes. ¿Cuál ha sido su eficacia con la que este año cumplió su medio siglo de promulgada?
La Ley de Armas vigente se redactó con el país ocupado por una potencia imperialista en 1965, cuando Itó Bisonó, el padre de la nueva, tenía dos años. Yo tenía ocho y vi desembarcando el ejército invasor cuando mi familia estaba refugiada en Haina. Quienes redactaron la ley para entregar al presidente títere se 
inspiraron en imágenes como éstas. Civiles armados, acompañando militares constitucionalistas, que impidieron Abril 65 no fuera otra rápida y sencilla victoria más en República Bananera. Civil desarmado, que en vez de orinarse en los pantalones y cumplir la orden de recoger la basura, crispa los puños y desafía conscripto con fusil. ¿A esos civiles le iban a escribir una ley de armas blandita como papilla o apegada a la Segunda Enmienda en su país de origen?
El block de ocho que dejaron de legado y, sorprendentemente sobrevivió a gobiernos progresistas que sucedieron a Balaguer, lo comenté en este artículo de Acento. Esa ley permitió desarmar y controlar a la población civil en tiempo récord por sus penas severas, judiciales o extrajudiciales, en el gobierno de Los 12 Años. Las armas eran un monopolio de las fuerzas del orden, allegados y organismos parapoliciales, como la Banda Colorá. Armas legales eran pocas y costosas, todavía hoy juntarse con la más barata requiere ocho salarios mínimos. Además de la fuerte inversión para poder comprar una, un ciudadano debe pasar evaluaciones psicológicas, entregar información como libro abierto y cumplir con todo lo que requiere un análisis de balística forense, para comparaciones con balas recuperadas en una escena de crimen. Además de todo eso, el riesgo de verse en un listado de morosos, con todas sus generales, marca de la pistola y dirección, como se le ocurrió a cretino que ocupó una vez el Ministerio de Interior y Policía.
El que se somete a un proceso así es lógico que no está adquiriendo el arma para cometer fechorías, que su objetivo es para la defensa de su vida y propiedades. Son menos los casos como el del fanfarrón que prestó a modelo borracha la suya, para tirar al aire y apuntar civiles en noche loca. Son más aquellos como el supervisor de ventas de productos farmacéuticos, que la consigue de escudo para manejar en autopistas y caminos oscuros cuatro noches a la semana. Sí, es cierto que quienes la portan legalmente participan en hechos de sangre lamentables, pero eso es en una proporción insignificante a la que ahora se le quiere dar dimensión de epidemia nacional para justificar un desarme general, que tiene en los delincuentes y los policías sus principales defensores. ¿Por qué?
Los delincuentes, como es normal en todas partes, son indiferentes al grado de dureza de la ley vigente. No hay evidencia de banda de malhechores alguna que haya escondido para siempre las suyas por una acción legislativa. Ellos ejercen un oficio con pocos trámites formales o escritos. Nunca adquieren las suyas en armerías o buscando en los clasificados ofertas de traspaso. Hasta las reformas procesales penales recientes, la tenencia o porte ilegal contemplaba prisión preventiva automática, no posibilidad de ser favorecidos por libertad bajo fianza. ¿Qué efecto tuvo la introducción de esa medida, cuál cuando se derogó? Crimen y delincuencia tiene que ver con efectividad de ser enfrentado en el acto, capturado, procesado y condenado, no con severidad de las penas que establecen los códigos. Nuestro registro en ese aspecto es penoso. El crimen paga. Es actividad rentable que tendrá menos riesgos cuando ese supervisor de noche maneje desarmado, la salonera de Bocachica tenga que entregar el arma con que mató asaltante le había robado tres veces o el valiente joven que se defendió contra pandilla de policías atracadores, retorne a trabajar sin su pistola al negocio de comida que tiene de noche en el Malecón.
La Policía Nacional seguro espera con brazos abiertos una ley que se argumenta será más dura y aplaude los deseos que le den poder para la Cruzada Nacional Desarme, que sugiero la llamen Johnny Abbes García. Ahora puede echar la culpa de su fracaso contra la delincuencia a la vigente, un anzuelo que se está tragando gente inteligente que pide un desarme general que no verán en vida o en libertad y pleno disfrute de sus derechos, de ahí la sugerencia para nombrarla en homenaje a ese personaje siniestro.
El gobierno no debe caer en esa trampa. La ley actual es más que suficiente para que la PN actúe desarmando a los delincuentes. Si pasa una nueva ley de manera apresurada ¿qué responderá cuando la oposición, viendo que la violencia no cede, le compare la severidad de ambos estatutos y le enrostre que no sirve para aplicar ninguno? Si se embarca en desarme general, se ganará el descrédito de todo el que la tiene legal por años con un uso responsable. El supervisor de ventas que de noche se devuelve con su ángel de la guarda y una Glock, hará este simple análisis: Las muertes por conductores borrachos superan con creces las causadas por quien porta arma legal en asesinatos u homicidios y aquí no se ha desmantelado el primer “drive-through” de cervezas en ningún rincón del país, ¿Por qué quitarme la mía por lo que otro, con animus necandi o arrebato de ira por un acoso económico, hizo con la suya?
El gobierno también será acusado de procurar un desarme selectivo, buscando primero las armas legales que están en poder de personas que no son parte de sus miembros o simpatizantes. Verán titulares como “Gobierno está desarmando la oposición”, donde un analista acusará que la base de datos de tenedores de armas ha sido cruzada con los padrones de los partidos de oposición. Ligarán esto a una estrategia o plan cuando se terminen contar los votos del 16 y otras docenas de teorías conspirativas más, cuando el tiempo no alcanza para cubrir todos los frentes.
Si ese no fuera el caso, de todas maneras la cruzada será desacreditada por la inefectividad para desarmar delincuentes y la continuación de la tendencia alcista de los crímenes y delitos. Al delincuente vimos que no le importa el grado de severidad de la ley o la amenaza de su desarme, que siempre ha existido porque es un ilícito penal. En realidad con cada arma legal que se elimina, aumenta la oferta posible de 
blancos para sus ataques. La cruzada les puso en bandeja de plata a supervisor de venta que se quedará sólo protegido por el ángel y la promesa de que “los patrullajes serán incrementados en las zonas de mayor peligro”, por cuyo incumplimiento no hay ningún tipo de compensación o proceso posible para indemnizar daños y perjuicios.
La rabiosa delincuencia requiere autodefensa imperiosa. Ese ha sido tema recurrente en mis artículos. El desarme nos hará un botín que se disputarán policías corruptos y delincuentes. La seguridad pública y privada será un privilegio todavía más irritante para quienes tienen poder económico y político. Esta administración ha entregado mayores recursos a la Policía Nacional que otras y, por primera vez, con el 911 está logrando una coordinación efectiva y auditable de la actuación policial ante situaciones de emergencia. Se meterá en un pantano si se embarca en desarme general, método tan elocuentemente defendido y aplicado por dictadores genocidas, criminales de profesión, grupos racistas como el Ku Klux Klan y esbirros como Johnny Abbes García. Todo por el daño colateral a la lógica que ahora explica que el lápiz es culpable de las faltas ortográficas, coqueto pie de camello provocó la violación y por la obesidad mórbida los imputados son cuchillo de mesa y tenedor.