Con la idea de solucionar el caos en el tránsito vehicular de la capital, el que no era ni asomo de lo que hoy es, se crea mediante el decreto 393 de 1997 la Autoridad Metropolitana de Transporte, bajo la dependencia directa de la Presidencia de la República, con una función muy específica: “regular todo lo relativo a la demanda y oferta de transporte en el área metropolitana de Santo Domingo, a fin de reducir su costo social, económico y ecológico”.
Párrafo alguno del citado decreto hace alusión a la naturaleza de cuerpo armado de dicho organismo lo que deja claro que la intención originaria no fue dotar a la AMET del uso de fuerza letal, sino, por el contrario, mantenerla al margen. Sin embargo, es luego transferida a la Policía Nacional en 2004 y acoge todas las prerrogativas que la ley en ese momento les concedía a los “agentes del orden”. Es decir, pasó a convertirse en órgano policial.
En otros países la práctica ha sido distinta. En Colombia, por ej., se han suscitado grandes polémicas por el simple uso de dispositivos ‘no letales’ por parte de oficiales de tránsito pues se asume que cumplen un rol muy puntual que no amerita del despliegue de represión alguna. Pero, además, volviendo al caso dominicano, allí donde el uso de la fuerza escapa cualquier tipo de control (con numerosos casos de abuso captados in fraganti, muchos bastante recientes), donde los intercambios de disparos a mansalva por la policía son la política de prevención favorita, y, por si no fuera suficiente, donde el vínculo armas-violencia de género es tan sólido[1], es harto irresponsable, en vez de otro adjetivo, no buscar disminuir los casos de violencia armada estatal.
Hago la reflexión porque desde hace un tiempo se discute la aprobación del Proyecto de Ley de Movilidad, Transporte Terrestre y Tránsito, iniciativa declarada de prioridad por el Poder Ejecutivo, el que persigue legitimar el uso de estos instrumentos por la AMET, primera vez definiéndoles como ‘cuerpo armado’.
Mujeres víctimas de violencia son amenazadas con las armas de fuego presentes en sus hogares para la supuesta defensa. La mayoría de los victimarios son policías y/o militares, y comerciantes
La verdad es que no lo necesitamos. Ni para garantizar seguridad ni para un mejor tránsito. ¿O acaso ha disminuido la violencia con los patrullajes mixtos? ¿Somos menos salvajes después de ello? En lugar de armas, aumentemos los salarios y mejoremos las condiciones de trabajo, capacitemos mejor a sus miembros, impartamos educación vial, impongamos sanciones más efectivas que eleven los costos de infringir la norma (que, a propósito, nada tienen que ver con antecedentes penales), dispongamos agentes en aquellos lugares realmente críticos a partir de análisis de flujo vehicular (que no me parece que se haga), en fin, pensemos en otras alternativas distintas a las de siempre. Tal vez así se puede contribuir a mermar la violencia colectiva potenciada por gatillos alegres, de éste y del otro lado.
[1] Investigaciones corroboran dicho vínculo. Mujeres víctimas de violencia son amenazadas con las armas de fuego presentes en sus hogares para la supuesta defensa. La mayoría de los victimarios son policías y/o militares, y comerciantes: http://iansa-women.org/sites/default/files/newsviews/RD_INFORME_VIOLENCIA_ARMADA_CONTRA_MUJERES_2010.pdf