La implementación de una buena administración, en lo referente al suministro de los servicios públicos, se ve respaldada en dos cualidades imprescindibles que deben ostentar los servidores públicos, estas son la calidad humana y la profesionalización, es en este sentido, que las instituciones públicas están llamadas a contar cada vez más con un personal técnicamente capacitado dentro de la función pública que ejerce, amparados siempre en los valores éticos y molares. Si bien es cierto, que la sensibilidad social en una buena administración es indispensable para conectar con las necesidades de la ciudadanía, resulta vital que exista un grado de profesionalización adecuado a los nuevos principios de una gestión pública y apegados a las transformaciones actuales, puesto que, sirve poco una modernización de la administración pública, si dentro de sus cimientos no existe una sólida base de personas competentes, motivadas y con responsabilidades definidas.
Planteado lo anterior, podemos inferir que el término profesionalización es un concepto genérico, pero puede ser entendido como la capacidad que tienen las instituciones de dotar a sus colaboradores de las condiciones necesarias para que estos, puedan contar con un desarrollo profesional propio y que a su vez le contribuya a alcanzar las metas y objetivos plasmados por las organizaciones. Para el profesor Martínez Puón concibe la profesionalización «como sistema integral vinculado a un adecuado esquema de reclutamiento y selección, formación, promociones, ascensos, estímulos y retribuciones que reconoce y asegura la motivación del servidor público para especializarse y desempeñarse en términos de calidad, compromiso y eficiencia para conseguir los fines de la organización».
Los desafíos que plantea la profesionalización de la función pública en Latinoamérica pertenecen en la mayoría de los casos al orden estrictamente político. En los países de América Latina la administración pública es un escenario político en la práctica, Los gobiernos, por un lado, tienden a ver en la profesionalización un recorte de flexibilidad para gestionar personal bajo criterios de autonomía. A la vez, la consideran una fuente de beneficios intangibles, indirectos y diferidos en el tiempo. Estos beneficios y contras han llevado a que la a profesionalización, este muy presente en los marcos normativos, pero que a su vez tenga todavía una muy baja implementación real y efectiva.
Este mismo sistema o circulo que lleva arraigado la mayoría de los países de América Latina, hace necesario que estas administraciones cuenten con funciones públicas profesionalizadas. Entre los tantos beneficios que genera la profesionalización en la función pública encontramos: 1) Cuerpo de funcionarios con experiencia institucional; 2) continuidad en políticas y programas; y 3) certidumbre jurídica a la ciudadanía en trámites y servicios.
Esta certidumbre jurídica en trámites y servicios es relevante, puesto que es evidentemente, que, por su propia naturaleza, la mayor cantidad de presión social que se ejercen sobre el Estado la recibe el estamento administrativo, ya que a la Administración Pública le corresponde la gestión directa y permanente de las relaciones del Estado con los ciudadanos, es la catalizadora de los requerimientos de los particulares. Por esta razón, la Administración Pública en la actualidad y hacia adelante debe ser expresión fiel de los intereses y aspiraciones de la gente, solo así puede constituirse en lo que debe ser, el instrumento de satisfacción de sus necesidades y la impulsora del desarrollo sostenible, y esto es conseguido cuando los recursos humanos que han sido entrenados, capacitados y reclutados se les asegura una permanencia en sus funciones, facilitando el suministro de servicios y tramites siempre apegados a la excelencia y calidad en la ejecución de las políticas públicas.