Problemas viejos y respuestas nuevas pueden caracterizar la situación de los derechos humanos en el sistema de prisiones dominicano. Un dato muy importante es que mientras los primeros (problemas) están ahí, innegables, lo segundos (respuestas nuevas) no siempre aparecen con la celeridad y efectividad que se desea.
Los reclamos y las respuestas a los mismos deben ser vistos en el contexto de una sociedad que acusa deudas significativas en el orden de la justicia social, la fortaleza de sus instituciones y el acceso a los servicios básicos. Aunque entendible resulta ilusorio criticar (en el sentido constructivo) la realidad de nuestras prisiones a espaldas de la realidad social y económica en las que estas deben operar.
Frente al tema de los derechos humanos, la prudencia manda reconocer la validez relativa de las posiciones en disputa. En otras palabras, es preciso admitir que hay aspectos de la propia posición que están siendo seriamente discutidos por la posición del interlocutor. Puesto de otro modo, mientras no haga uno sobre sí mismo lo que el otro hace sobre uno, la disputa se perpetuará sin otra posibilidad de solución que la que se impone por la fuerza.
Debo decir que sería un acto de injusticia desconocer los avances que en materia de prisiones se han logrado en los últimos años los que, dicho sea de paso, han contado con la buena voluntad de diferentes sectores de la sociedad dominicana. Igualmente no podemos desconocer los incuestionables retos planteados y de bastante general conocimiento por la opinión pública.
Desconocer avances y/o negar desafíos equivale a poco más que perder el tiempo.