El pasado lunes 12 tuvo lugar la sesión no. 104 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se examinó el informe del Estado Dominicano en cumplimiento al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

El Comité es un órgano convencional formado por expertos independientes que vigilan y evalúan el cumplimiento del PIDCP por los Estados que lo han ratificado. Estas evaluaciones se hacen cada 4 años y es la quinta vez que el país presenta su informe de cumplimiento.

Como novedad, esta ocasión ha sido la primera vez que una coalición de organizaciones de la sociedad civil[1] asiste a la sesión de evaluación a  defender el contenido de su informe alternativo respondiendo a las argumentaciones del Estado.

Dicho informe alternativo reúne una serie de recomendaciones, las cuales se vienen repitiendo cada vez que toma lugar el examen, respecto de algunos artículos del PIDCP, a saber, entre otros:

Artículos 6 y 7. Derecho a la vida, prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Recomendaciones sobre indemnizaciones a víctimas de torturas:

  1. Tomar urgentes medidas efectivas para detener las ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros de las fuerzas de seguridad y del orden.
  2. Establecer un programa nacional de reparación, así como un programa de asistencia a las víctimas.
  3. Elegir en la prontitud inmediata a las funcionarias y funcionarios de la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a las exigencias de la ley, garantizando la independencia a presiones políticas.
  4. Garantizar que el Defensor del Pueblo registre, investigue y de seguimiento a las denuncias de todas las violaciones a los derechos humanos que se produzcan en el país.

Recomendaciones sobre ejecuciones extrajudiciales:

  1. Incluir en la legislación interna el delito de ejecución extrajudicial.
  2. Elaborar y promover una estrategia destinada a cambiar la conducta, las convicciones, las actitudes y las formas de trabajar de todos los miembros de la Policía Nacional, de modo que el clima dominante pueda pasar del control y la represión al respeto por los derechos humanos.
  3. Mostrar públicamente una voluntad política inequívoca de elaborar y poner en marcha reformas efectivas de la policía basadas en los derechos humanos y de hacer perdurar los resultados de dicha reforma.
    1. Garantizar que la Procuraduría General de la República ordene a todos los/las fiscales investigar de forma exhaustiva los incidentes relacionados con el uso de la fuerza policial.

Recomendaciones sobre mortalidad materna:

  1. Acogiendo las sugerencias del Comité CEDAW en 2004 y del Comité de DESC, despenalizar el aborto en la legislación cuando el embarazo sea fruto de una violación o incesto, o cuando esté en peligro la vida o la salud de la mujer y ofrecer atención de salud gratuita a las mujeres que, por las causas indicadas, necesiten interrumpir el embarazo.
  2. Establecer con carácter de urgencia medidas para mejorar la calidad de atención a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, evitando situaciones de mortalidad materna por malas prácticas médicas.

Recomendaciones sobre igualdad de género:

  1. Acogiendo las sugerencias anteriores ofrecidas por este Comité y otros organismos de Naciones Unidas, otorgar mayor cantidad de fondos públicos para el desarrollo de políticas públicas para superar las inequidades de género.
  2. Desarrollar políticas públicas paritarias en los niveles social, económico, político, y laboral, que encaminen el disfrute de derechos en iguales condiciones entre hombres y mujeres.

Artículos 12 y 13. Derecho de libre tránsito, residencia y debido proceso en la expulsión de extranjeros: El cese inmediato de prácticas de expulsiones migratorias denigrantes y al margen del derecho internacional, así como crear una jurisdicción especializada en materia migratoria, que pueda ejercer una tutela efectiva del derecho fundamental a la libertad de las personas migrantes y que pueda arbitrar los demás aspectos de las relaciones entre los migrantes y las autoridades migratorias.

Una vez salió a los medios las demandas citadas de las organizaciones de derechos humanos que conforman la Coalición, no se hizo esperar el grito al cielo de las autoridades locales, quienes, sumidos en el repetido y ya cansado discurso vindicativo hacia las ONG´s, declararon que no se trataba más que de una campaña de organizaciones locales e internacionales para desprestigiar el país y dañar su imagen internacional.

Sin embargo, las respuestas del Estado ante las preguntas insistentes de los expertos del Comité respecto de las medidas tomadas, fueron mucho más que pobres y solo enfocadas en la promulgación de leyes específicas como si solo estas pueden por sí resolver problemas sociales, al margen de la implementación de políticas públicas adecuadas. Una de dos: o el informe alternativo miente, o realmente el Estado se mantiene en el mismo nivel de cumplimiento que desde la primera vez que fue evaluado.

Como bien señaló una de las expertas del Comité, los informes y recomendaciones de las organizaciones de derechos humanos jamás deben ser considerados por el Estado como carentes de certeza o mal fundados, en cuyo caso, tan solo queda rebatir con datos concretos sus alegaciones.

Estas organizaciones “tremendistas” solo quedamos a la espera de las recomendaciones formales del Comité, las cuales saldrán a la luz el día 21 de marzo, para dar un seguimiento ininterrumpido a su adopción e implementación. De una vez por todas.

[1] Esta Coalición está conformada por las siguientes organizaciones: Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), Centro Pedro Francisco Bonó, Colectiva Mujer y Salud (CMS), Comité de América Latina y el Caribe por los Derechos de las Mujeres (CLADEM), Fundación Comunidad Esperanza & Justicia Internacional (FUNCEJI), Fundación Étnica Integral (FEI), Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Movimiento Socio Cultural para los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA) y Trans Siempre Amigas (TRANSSA).