Los planes de estudio de la Carrera de Derecho en las distintas universidades dominicanas son dispares entre sí, no sólo en los contenidos pertinentes de las asignaturas y a las estrategias de enseñanza, sino también en todos los elementos del pènsum o mapa curricular, como son los códigos o claves, nombres, créditos, carácter, prerrequisitos y correquisitos de las asignaturas, así como los períodos (trimestre, cuatrimestre o semestre) y la duración en que se ofrece la Licenciatura. No obstante, si bien es cierto que el Derecho es una ciencia social variable según las necesidades de la sociedad, esto no justifica la falta de criterios unificados en el diseño de su estudio.
Entonces se crea dificultad en la orientación jurídica de los egresados de Derecho porque no tienen criterios unísonos acorde a las competencias que exige la sociedad de hoy. Por ello las Universidades están compelidas, en su compromiso con la sociedad, a egresar profesionales con alto nivel académico y con una formación integral basada en competencias relativas a los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores humanos, acordes con los nuevos desafíos que trae consigo el siglo XXI.
En ese tenor, el currículo de la Licenciatura en Derecho debe responder con idoneidad a las problemáticas propias de la convivencia humana, no sólo en el ámbito nacional, sino también en las planteadas como consecuencia de un mundo internacionalizado.
Esta necesidad de enfoque unificado se justifica, aún más, en la realidad de nuestro sistema de Justicia a partir de la Constitución, proclamada el 26 de enero de 2010, la cual crea el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, que, junto a la Suprema Corte de Justicia, conforman las Altas Cortes Dominicanas, lo que rediseña todo el Poder Jurisdiccional.
De la misma forma, nuestra Carta Magna instaura los derechos y deberes fundamentales, a la vez que estatuye las garantías fundamentales para la efectividad de los mismos, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos. Esto impacta en las competencias exigidas al o a la profesional del Derecho en la resolución de conflictos de complejidad a nivel nacional e internacional, tanto en el ámbito público como privado.
Otra perspectiva justificativa es la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley No.01-2012), que establece cuatro ejes estratégicos que definen el modelo de desarrollo sostenible al que aspira la República Dominicana hasta el 2030. En general, estos ejes procuran:
1. Un Estado Social y Democrático de Derecho (con una administración pública eficiente, transparente, donde exista el imperio de la ley y seguridad ciudadana);
2. Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades;
3. Una economía sostenible, integradora y competitiva (con una estructura productiva que genere crecimiento y que sea competitiva globalmente); y,
4. Una sociedad de producción y consumo sostenibles, que observen el cambio climático.
Es en este contexto de constitucionalizaciòn y de estrategia de desarrollo sostenible, la academia no debe ofrecer modelos curriculares particulares, se hace necesario un pensum básico-común a la carrera de Derecho en la República Dominicana, una oferta educativa mínima que esté a la vanguardia de las tendencias científicas y tecnológicas, orientada al estudio de los fenómenos sociales identificados con el Derecho y con otras ramas del saber que son necesarias para la adquisición de las competencias jurídicas.
Representa un gran desafío tener profesionales que puedan brindar sus servicios con eficacia, eficiencia y efectividad a una sociedad donde se presentan acciones humanas que van desde simples conflictos entre ciudadanos, violaciones a la ley de tránsito, acciones judiciales vinculadas a los intereses privados, al sistema económico y financiero, a la relación del ciudadano y el Estado, hasta comportamientos muy graves como el narcotráfico, el sicariato, el terrorismo, el secuestro, el lavado de activos, la corrupción (pública y privada), el crimen organizado, la delincuencia tradicional, la ciber-delincuencia, la violencia intrafamiliar, el trato desigual entre el hombre y la mujer en las oportunidades que brinda la democracia, entre otros.
Aspectos tan primordiales del humano como la vida, la dignidad, la familia, las libertades y la propiedad privada son sólo algunos de los que se ponen en juego en la práctica de un abogado o abogada, razón por la que la sociedad requiere, que el ejercicio de la abogacía involucre un despliegue inteligente de las competencias propias del profesional del Derecho, con un manejo riguroso y metodológico de las teorías y de las prácticas consustanciales a la carrera, en base al saber, al saber hacer, al saber convivir en sociedad y al saber ser humano.
Por ello se hace necesario un pensum básico-común a la licenciatura en Derecho que imponga una cantidad mínima (obligatoria) en las asignaturas del bloque común, las profesionalizantes y las de especialización, todas transversalizadas en valores humanos. Un ejemplo es Teoría General del Derecho, base imprescindible de todo jurista, que solamente es impartida por algunas Escuelas de Derecho. Otro aspecto a considerar es ofrecer salidas a la Carrera, verbigracia: Licenciatura en Derecho concentración en Derecho Penal o Civil o Constitucional, entre otras.
Sugiero que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como la Mesa Nacional de Decanos y Directores de Facultades y Escuelas de Derecho del país se avoquen a valorar esta propuesta que vendría a fortalecer el aprendizaje, la enseñanza, el estudio, el ejercicio y, sobretodo, el orgullo de la profesión del Derecho.