El derecho penal no basta para solucionar los conflictos sociales que aparecen a través de la comisión de un ilícito. La facultad punitiva del Estado, tanto en su parte sustantiva así como adjetiva, no logra afectar los puntos neurálgicos que se resienten tras la ocurrencia de un hecho reprochable con respecto al ordenamiento penal. Es valida la necesidad imperante de contar con un régimen de consecuencias que se active tras la aparición de un delito, pues de esa manera se soslaya la impunidad y se ofrece una respuesta concreta a las acciones que, conforme a la normativa penal, no deben ser. Sin embargo, no puede pretenderse que tan solo con esa Capacidad de Respuesta con que cuenta el Estado se iría a solucionar el tema de la aparición del delito o del tratamiento efectivo de las consecuencias sociales que estos acarrean.
Para el profesor Eugenio Raul Zaffaroni la pena no constituye más que una simple venganza y desdeña la capacidad de la misma de solucionar con efectividad el conflicto social. Está demostrado que la pena por sí sola no sirve ni para prevenir la comisión de otros delitos pero tampoco para reeducar al infractor e incorporarlo nuevamente al orden social. Es cierto que la doctrina dota a la Pena de una función educadora y regenerativa de la persona que infringe la ley, pero igualmente es una realidad que en ausencia de políticas públicas diseñadas por instituciones del Estado responsables de dicha labor, poco se puede hacer en ese sentido.
La realidad de muchos países demuestra que un incremento en el peso de la pena y una mayor inversión en construcción de nuevas cárceles no solucionan el problema de la criminalidad y la delincuencia, sino que por el contrario, en muchos casos, los índices de crímenes y delitos aumentan. En países como Venezuela o Colombia, no obstante al esfuerzo de las autoridades por paliar la delincuencia, la criminalidad va en aumento como en aumento la construcción de cárceles para internos. No obstante, países que han comprendido de otro modo el fenómeno del delito y han decidido enfrentarlo desde una perspectiva distinta han logrado mejores resultados. Tenemos el caso de Canadá, Suiza o Eslovenia, que figuran en los primeros lugares entre los países más pacíficos y de bajos niveles en los índices que miden la criminalidad.
Curiosamente, aquellos países que aparecen en las posiciones cimeras en el control de la delincuencia son precisamente los que confieren una importancia primaria al tema de la educación, equidad social y oportunidades de empleo. Países donde los problemas básicos están resueltos y donde la gente Vive en vez de Sobrevivir son los que casualmente exhiben mayores niveles de seguridad ciudadana. Aquellos países, que imparten cátedras al mundo de cómo enfrentar la delincuencia, entendieron que la prevención de delitos, sin renunciar a un régimen de consecuencias efectivo, es la mejor alternativa para paliar el incremento de la criminalidad, y que para prevenirlos se requiere antes que un sistema penitenciario severo, un conjunto de políticas estatales enfocadas en la gente, en la comunidad y en la sociedad completa.