La pandemia del Covid-19 ha venido a traer más incertidumbre económica al tablero mundial. Vemos mercados que han cerrado, otros que por su indispensabilidad no dan abasto para satisfacer la demanda, compras por especulación, productos que aumentan significativamente en su precio, y sobretodo, una población consumidora que se torna austera, conservadora y preventiva. El fin ulterior, el bienestar del consumidor ya se torna un criterio secundario y muta a un concepto mucho más poderoso “el bienestar de la población”.
La realidad es que la incertidumbre hace que nos veamos en la necesidad de tomar medidas, y todas las medidas que ha tomado la República Dominicana (y el resto del mundo) para enfrentar el virus tienen consecuencias económicas. Esta pandemia trae consigo una lupa que magnifica cada pequeña falla que tiene el sistema y a su vez, nos obliga a modificar la política económica del Estado totalmente. Y es de mi opinión que el Estado que no se ajuste adecuadamente podrá tener consecuencias aun peores a largo plazo.
Las prioridades han cambiado, y las reglas, aun cuando deben ser cumplidas, deben ser revisadas a fines de que se determine si las mismas pueden ser flexibilizadas. En la mañana de hoy vi varias publicaciones en las redes sociales sugiriendo que el gobierno debería fijar los precios de los productos dentro de la canasta familiar. Esta sugerencia surge como respuesta al alza significativa de ciertos productos de consumo masivo como el huevo, el limón, entre otros productos agrícolas y agropecuarios. Algo importante a analizar es el motivo de dicha alza ¿es un alza oportunista a raíz de la fijación de precios de forma coordinada? ¿responde a una sobre-demanda? ¿O es que todas las medidas tomadas en este estado de emergencia tienen incidencia en el costo de producción y distribución de estos productos? Habría que analizarlo.
No es misterio que las medidas afectan a los comercios que están conminados a continuar (los famosos ‘esenciales’), aun cuando deben continuar con sus funciones, existen restricciones de tránsito, de personal, y por si fuera poco, una alta inversión en protocolos de sanidad que pueden tener incidencia en el alza de precios. Regular estos precios por parte del gobierno (sobretodo en bienes no regulados) requeriría un análisis de costos y una especie de negociación entre los productores y distribuidores, energía y recursos que no tiene el gobierno ahora mismo debido a que el tema Salud tiene prelación sobre todo lo demás.
No obstante, algunas jurisdicciones ya han tomado cartas en el asunto y podemos ir tomando ideas. Por ejemplo, en el Reino Unido se tomó la decisión de ‘relajar’ (a través de leyes transitorias) las disposiciones de competencia para permitir que los comercios de suministro y distribución de alimentos puedan estar en comunicación entre competidores y puedan coordinar y trabajar en conjunto para garantizar el abastecimiento que la población necesita. Compartiendo costos de transporte, por ejemplo, el Reino Unido busca mantener los supermercados abastecidos, y la población alimentada, sin importar la información que tenga que ser compartida entre los competidores, al menos por un período determinado. En el sentido contrario, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se encuentra solicitando al Senado que se detenga el reloj para la revisión de procesos de fusiones y adquisiciones y prácticas anti-competitivas que tengan que ver con fijación de precios y coordinación de licitaciones, de modo que quienes infrinjan este tipo de disposiciones, no puedan salirse con la suya por haber transcurrido el plazo que tiene la autoridad de perseguirlos. Vemos que en este sentido, la interpretación americana se inclina por mantener igual de estrictas las políticas de competencia.
Por igual, respecto al tema del aumento indiscriminado de precios, el European Commission Network (ECN), en un comunicado sobre la aplicación de las Leyes de Competencia en Europa a raíz de la crisis del Coronavirus, hizo énfasis en que según las leyes existentes no hay nada que prohíba a las empresas fijar precios máximos de reventa. Esto podría ser una medida a tomar que mitigaría el riesgo de que los que comercializan estos productos y llegan al consumidor final, procedan con el alza injustificada de los precios que ya hemos percibido.
Por igual, algunas jurisdicciones han ‘ablandado’ los procesos de revisiones de ayudas estatales, otra medida que puede facilitar la colaboración por parte del estado en iniciativas tanto públicas como privadas que incidan en soluciones para esta crisis sanitaria, sin importar que por el momento levanten barreras de entrada.
En el día de ayer, Pro-Competencia emitió un comunicado muy atinado que llamaba al cumplimiento de la ley indicando que ejercerán un especial monitoreo de los mercados de bienes y servicios esenciales para la población en momentos de crisis sanitaria. Pero más allá de este justo monitoreo, entiendo que dicha institución puede jugar un papel más activo en la emisión de guías o criterios claros que se tengan en estos momentos, de modo que los agentes económicos en estos mercados esenciales, tengan claro qué pueden o no hacer y qué criterios o posiciones tiene este organismo frente a la flexibilización o no de ciertas distorsiones en el mercado a raíz de la crisis.
Tomando en cuenta el hecho de que conocemos muy poco de los criterios de Pro-Competencia sobre temas como fijación de precios, colusión y ayudas estatales, entiendo oportuno contar con la mayor información posible de lo que se espera del comportamiento comercial en tiempos de crisis. Mi lado maternal, sensible y empático piensa que en estos tiempos nadie está buscando un beneficio particular, estamos todos UNIDOS en la lucha por salir de esta crisis airosos. No obstante, la abogada dice: ¡pongan sus cosas claras!