El Presidente de la República Danilo Medina Sánchez, en su condición de jefe de Estado y de gobierno, además de autoridad suprema de la Policía Nacional, obstaculiza, restringe, impide y desacata la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, la cual reconoce derecho constitucionales de la ciudadanía de organizar y realizar manifestaciones pacíficas legales, justas y oportunas en espacios públicos, como es en los frentes de la Oficina Supervisor de Obras del Estado (OISOE),.
El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pone de manifiesto con estas acciones y prácticas, cuán lejos estamos de la construcción de un Estado Social Democrático de Derechos, están coartando derechos fundamentales y cercenando la soberanía popular.
En ese sentido, es muy grave que una dependencia del Poder Ejecutivo, como el Ministerio de Interior y Policía, por cierto, creado en el régimen autoritario del Dr. Joaquín Balaguer, hoy como ayer, sigue desacatando decisiones jurisdiccionales y desobedeciendo disposición, dejando en indefensión y vulnerando nuestros derechos a al libre tránsito y la protestas pacífica.
Las evidencias de la violaciones de derechos fundamentales en un sistema “democrático” nos conducen a profundas reflexiones y nos colocamos en la antesalas de importantes luchas ciudadanas, para impedir retrocesos relacionados con la Libertad de Expresión e Información, a través de los medios que consideremos útiles y oportuno como las manifestaciones pacifica denominadas cadena humanas contra la corrupción y la impunidad.
Como podemos apreciar el gobierno cerrado, viola derechos básicos, impide manifestaciones ciudadanas pacíficas y exige “permisos” para la realización de las cadenas humanas, una temeridad, si consideramos que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos estableció hace mucho que ”si bien la exigencia de una notificación previa para realizar manifestación puede ser razonable, no lo es que la autoridad a cargo niegue el permiso porque considera que la manifestación ponga en riesgo la seguridad el orden público”
Por cuanto, es inaceptable que el Ministro del Interior y Policía, censure de manera previa la manifestación a través del supuesto rechazo de la misma, sin dar motivación o justificación alguna del impedimento para la realización de ésta, salvo el absurdo argumento del supuesto atentado a la seguridad nacional y el no reconocimiento del derecho a las protesta de cualquier índole en los espacios públicos.
El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos tiene extensa opinión, jurisprudencias y principios en relación al uso de los espacios públicos para el ejercicio ciudadano de manifestaciones pacíficas contra lo injusto y las violaciones del Estado de derecho, declarando que “en una sociedad democrática el espacio urbano no es solo un ámbito de circulación, sino también un ámbito de participación” como es el caso de los alrededores del Palacio Nacional y las inmediaciones de la OISOE.
Por cuanto, es lamentable que en la República Dominicana, aun nuestro gobernantes no entienda, no cómpreda e impidan las manifestaciones en espacios públicos, cuando en innumerables ocasiones el Relator de la Libertad de Expresión ha señalado que “los espacios que rodean edificios emblemáticos, como los palacios presidenciales, los parlamentos o los monumentos deberían considerarse también espacios públicos, y que debería permitirse que se celebraran reuniones pacíficas en ellos”.
El Gobierno de Danilo Medina está restringiendo derechos y la ciudadanía debe tener la compresión de exigir sus derechos, con la convicción de que las protestas ciudadanas ha sido en nuestra historia republicana las generadoras de cambios, reformas y transformaciones, ante la negación de derechos civiles, económicos y políticos, sobre todo no olvidemos que en las peores represiones políticas, surgen los grandes cambios políticos y sociales, que continúan en todo el país leas cadenas humanas contra todo los injusto.
Todas las acciones del Estado deben estar sujetas a normas, incluyendo el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, contra la arbitrariedad y el abuso de poder. Por eso, puntualizar que la seguridad nacional no puede anteponer la dignidad del ser humano y los derechos fundamentales de las personas.
El débil y carente argumento de limitar las protestas por asuntos de seguridad nacional, no resiste un análisis, si partimos del hecho que el eje medular y articulador de las políticas de seguridad nacional, debe ser la protección efectiva de los derechos humanos de todas personas que habitan en el territorio.