Barack Obama puede resolver el problema de la reforma migratoria de un plumazo. En lugar de mantenerse en un callejón sin salida con los republicanos, que se oponen sistemáticamente a todas sus iniciativas, puede firmar una orden ejecutiva (ya ha firmado varias) resolviendo el tranque en que se encuentra la reforma migratoria en el Congreso.

Los republicanos de la Cámara de Representantes, donde son mayoría, han amenazado a Obama con inhabilitarlo jurídicamente (“Impeachment”), debido precisamente alas órdenes ejecutivas que él ha firmado, creando empleos en proyectos de infraestructura y facilitando préstamos financieros a los estudiantes universitarios. A todas esas iniciativas que dinamizan la economía y favorecen a la clase media (el motor real de las sociedades de consumo), se han opuesto los republicanos. Una orden ejecutiva más no leva a crear ningún problema, más bien le aumentaría el apoyo de la clase media(la mayoría) hoy día desilusionada con Washington, contribuyendo así al triunfo de los demócratas en las próximas elecciones congresuales de noviembre.

Uno de los presidentes más conservadores de los EEUU, Ronald Reagan, concedió en el 1986 una amnistía general a miles de indocumentados que pasaron a formar parte integral de la sociedad productiva norteamericana, ayudando a la recuperación económica del país que, a la sazón, se encontraba en uno de sus ciclos recesivos.

Sin embargo y aunque parezca mentira, Barack Obama pasará a la historia como el presidente que más deportaciones ha autorizado. Su record excede la cifra delos dos millones y medio de deportados.

Es cierto que el número de indocumentados se ha incrementado de manera exponencial, sin embargo, ahora existe el agravante de que, en caso de que sean arrestados en un segundo intento de entrar a los EEUU (lo cual ha sido una constante) automáticamente se convierten en “criminales”, acusados de cometer una felonía (con una pena de 20 años). Criminales que no han cometido ningún crimen violento. Esto es lo que explica que la población hispana en las cárceles estadounidenses haya crecido de un 22% en el 1992 a un 49% en el 2013, dando cabida a que algunos republicanos acusen a los indocumentados de “criminales”.

Uno de esos paranoicos republicanos es el senador Jeff Sessions de Alabama, quien ha dicho que los indocumentados (entiéndase inmigrantes agrícolas) vienen a robarse los empleos de los estadounidenses, lo cual es totalmente falso.

Lo que sí es cierto es que este país está atravesando por una crisis de capital humano respecto a fuentes de trabajo especializado, que no es el caso de los hispanos. Estos profesionales, en áreas como las de diseño de sistemas, obreros especializados y especialistas en el área de la salud, se están desplazando hacia otros países, tales como Australia y el Canadá.

Carlos Fuentes, un joven guatemalteco de 27 años, ha vivido en Chicago desde los once años. Hace un año, cometió el error de ir al funeral de un familiar en Guatemala y, a su regreso, fue arrestado en la frontera y acusado de delincuente. Si hubiera sido la primera vez que intenta cruzar la frontera, la acusación no hubiera pasado de un “misdemeanor” (acusación menor). Sin embargo, en esta ocasión ha sido acusado de felonía, que lo coloca en el rango de un vulgar criminal, sin derecho a comparecer ante un juez de inmigración. Una vez Carlos cumpla su condena de varios años recluido en una cárcel federal, su deportación será automática (reinstated final order of removal), como esos miles de dominicanos que han cometido felonías (crímenes) y que deportan dos y tres veces cada año en aviones fletados desde territorio norteamericano, después de haber cumplido sus condenas.

La encrucijada legal de Carlos Fuentes aún está en proceso de apelación y la “Latino Union” de Chicago ha ofrecido sus abogados para que lo representen.

“La razón por la cual personas como Carlos siempre retornan a EEUU se debe a que han vivido aquí por muchos años y aquí están sus raíces y sus familiares”. Estas son las palabras del director de la “Latino Union” de Chicago.

El caso de miles de menores de edad tratando de cruzar la frontera es un fenómeno de los últimos años (se estima que la cifra llega a 60,000).

¿Planificado por sus padres o por los gobernantes de sus países de origen? O, peor aún, por las mafias conectadas con el narcotráfico? De hecho, muchos de estos niños tienen a sus padres residiendo en los EEUU con quienes pretenden reunirse.

Los republicanos acusan a Obama de haberles prometido ayuda, considerándolos como “refugiados” una vez crucen la frontera. Esta acusación, sin embargo, es totalmente incierta. Este acaba de solicitar en Texas US $3,000 billones adicionales para resolver el problema.

No creemos que esos billones vayan a resolver nada, pues la situación es parecida a la de los cientos de dominicanos que cruzan el Canal de la Mona. Hasta que el gobierno dominicano no se involucró activamente a través de la Marina de Guerra, en combinación con el Servicio de Guardacostas estadounidense desde Puerto Rico, la situación parecía insalvable.

Hay que involucrar a los países afectados: Honduras, el Salvador, Guatemala. Esos países, junto a Méjico, tienen que involucrarse en la detección de los traficantes (coyotes) que se benefician de ese tráfico ilegal de seres humanos.

El asunto es que, si Barack Obama no se pone las pilas, pasará a la historia, en lugar del presidente del “Yes, we can” al presidente del “No,we can not”.

El presidente de las deportaciones masivas. Ya lo están llamando el “Deportator in chief” (el Deportador Supremo).

Tengamos en cuenta que más del 74% de la población hispana le dió su voto  en las últimas elecciones y que una de sus promesas de campaña fue la de resolver el problema de los indocumentados a través de una reforma inmigratoria integral.

Todo parece indicar, sin embargo, que Obama está tratando de sacarle provecho político a esta crisis migratoria, con miras al triunfo de su partido en las elecciones de noviembre. Así los demócratas podrían convertirse en mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.