La reforma fiscal que sugiere la presente administración del gobierno ha producido diversas opiniones entre los profesionales de la economía. Algunos piensan que esa reforma no debe llevarse a cabo mientras la economía se encuentre en recesión y otros coinciden con los economistas del gobierno respecto al tiempo de ejecución de esta reforma, aunque por diferentes razones. Estos últimos argumentan que es urgente revisar el gasto público, porque ha sido la variable fundamental que explica la magnitud del déficit fiscal, el endeudamiento público y el tamaño de la deuda del sector público.
No solamente se trata de lograr eficiencia (o calidad) del gasto público para gastar más, sino de gastar de acuerdo con los recursos que dispone la hacienda pública o en consonancia con una trayectoria estable de la deuda pública en el caso de que se trate de la implementación de una política fiscal expansiva.
Quienes piensan que la reforma fiscal debe posponerse porque la economía está en recesión, olvidan la dinámica económica que pone en marcha una reforma fiscal bien hecha. La revisión de los ingresos tributarios puede aumentar la recaudación sin expandir la base tributaria y sin aumentar otras figuras impositivas. De manera que, el efecto negativo que generalmente provoca un aumento de impuestos sobre el ingreso disponible y los precios, no ocurrirían. Así, el efecto de una expansión fiscal aumentaría la demanda agregada y a su vez, afectaría positivamente el producto, los beneficios y la inversión privada, redundando en crecimiento económico y terminando el período de recesión.
Estos resultados dependerían de los efectos que el crecimiento económico tenga sobre la balanza corriente y el tipo de cambio. Si el aumento de la demanda (consumo, inversión, gasto público y exportaciones) se concentra en bienes importados, entonces cabría esperar que el sector externo limite el crecimiento de la economía. Pero si se limita la cuenta de capitales de la balanza corriente, enfatizando en la producción de bienes domésticos para satisfacer la demanda interna y el país aprovecharía los frutos de esa reforma.
Al mismo tiempo, la expansión de la producción fortalecería los ingresos públicos, asumiendo que la reforma fiscal elimine significativamente la evasión y la elusión fiscales que marcan parcialmente la regresividad del sistema tributario dominicano. De esta forma puede evitarse que la presión tributaria se revierta, tal y como ocurrió con las reformas tributarias durante 2005-2007. Con lo cual se daría cierta progresividad y mayor dinamismo a las recaudaciones fiscales.
No cabe duda de que la base tributaria debe ampliarse. En nuestro caso, existen alternativas diferentes a las que tradicionalmente se han aplicado para lograr ese objetivo sin imponer mayores cargas fiscales a quienes más pagan, que son las familias. Este objetivo puede lograrse no solamente con la eliminación de las exenciones existentes, sino también mediante la eliminación de un conjunto de leyes que eximen del pago de impuestos a sectores productivos, que tuvieron la intención de promover la inversión privada, particularmente la extranjera. No obstante, cinco décadas más tarde, representantes de las ZFs dominicanas informaron que las empresas se irían del país en caso de que la reforma fiscal tocara sus exenciones, lo que sugiere que si esas empresas pagan los impuestos no podrían cubrir su costo variable medio, que resulta ser la regla para que una empresa abandone el mercado, según la teoría económica convencional. En la reciente reunión de las economías más desarrolladas del mundo (G7), el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso colocar un impuesto mínimo a las empresas extranjeras de al menos 15%, porque hasta el momento esas empresas han evitado contribuir con el pago de impuestos en sus países así como en los países en los que se instalan.
De la misma manera, deben eliminarse los contratos especiales vigentes que consignan eliminación de impuestos y/o cargas fiscales a empresas. Pareciera que las empresas que se acogen a estos sistemas especiales de incentivos fiscales tienen beneficios porque no pagan impuestos. Desafortunadamente esta información no está disponible porque los estados financieros que se someten a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) no son públicos.
El presidente declaró hace ya más de una semana que no quiere elegir el camino fácil del endeudamiento. Sin embargo, se planteó el presupuesto para el 2021 con un endeudamiento externo de US$9,984.3 millones que se usarán para cubrir el déficit fiscal y pagar con esos préstamos el servicio de la deuda pública, incurriendo en la misma práctica de los gobiernos peledeístas. Por eso, el stock de deuda pública del año en curso equivale a 57.8% del gasto programado. Por esta razón es que el impacto del gasto público sobre la demanda agregada es bajo (aproximadamente 0.03%), según las estimaciones del impulso fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI), contenido en el Artículo IV del 2019.
El problema fiscal está estrechamente relacionado con la política de gasto público, orientado fundamentalmente al clientelismo, la corrupción y a la sustitución del sistema de inversión pública por el sistema poco transparente de las APP administradas por fideicomisos; sobre todo en un país con una judicatura e institucionalidad muy débiles. Resulta imposible esperar que la política de gasto del gobierno forme parte de una política de desarrollo; contrariamente es una política carente de objetivos de largo plazo, de metas de corto plazo, con ausencia de mecanismos presupuestarios que garanticen la calidad del gasto. Además, la política presupuestaria discurre sin mecanismos de control que promuevan la transparencia de las cuentas públicas.
La estructura del gasto público no se revisó durante la preparación del presupuesto para el 2021. Tampoco se hizo durante la preparación del Programa del PRM, luego de dos años de intensos trabajos y de nueve meses al frente del estado. Todavía no se ha puesto en marcha una nueva política salarial en el sector público que se oriente a la reducción de la nómina pública. En efecto, aún no se vislumbra una nivelación de los salarios de todo el sector público (gobierno central, empresas públicas financieras y no financieras, ayuntamientos).
Tampoco existe una política de endeudamiento público que permita colocar la deuda pública en una trayectoria sostenible en el mediano y largo plazos. Los funcionarios del área fiscal no han formulado una estrategia de política fiscal que determine el tamaño óptimo del déficit fiscal, el cual permitiría salir del estancamiento, evitar la insostenibilidad fiscal y lograr la sostenibilidad de la deuda pública.
Por su parte, la política presupuestaria repite exactamente los mismos errores que en las administraciones pasadas, incluso aprobar un conjunto de medidas fiscales utilizando la discusión del presupuesto anual en las Cámaras Legislativas, coincidiendo con la falta de transparencia que caracterizó a las administraciones presupuestarias del PLD.
Peor aún, pareciera que se crean ventajas para el sector privado. Por esta razón, hay que prestar mucha atención a las cifras de concentración del ingreso, desigualdad y pobreza; aún cuando las ayudas sociales y algún que otro arreglo estadístico probablemente cuenten otra historia.
A nadie debe extrañarle que el país empeore su situación social en los próximos años, ya que este no es un fenómeno exclusivo de la economía y la sociedad dominicanas. Por el contrario, es una situación de disfuncionalidad global del capitalismo, inmerso en un marco democrático- institucional, que ha generado desigualdad y pobreza, así como una concentración brutal de la riqueza que coloca en tela de juicio la gobernanza democrática de muchas naciones, incluyendo a la dominicana. Las obras de Piketty (2014), Milanovic (2016), Stockman (2013), Rajan y Zingales (2003), retratan un panorama poco halagador, de continuar por este sendero. Un argumento similar se plantea con Arias y Costas (2016) en su libro La Nueva Piel del Capitalismo, que discute sobre la moralización bajo los fundamentos teóricos que dieron origen al sistema capitalista.
Ya no es posible aprobar leyes que aseguren las ganancias de las empresas, como ocurre con la Ley de Seguridad Social (salud y pensiones), la Ley de Zonas Francas, la Ley de Turismo, la eliminación por decreto de un artículo de la Ley General de Electricidad, el ominoso contrato de Barrickgold, para sólo mencionar unas cuantas. Si este comportamiento estatal continúa y aumentan la desigualdad, pobreza y concentración de la renta, es muy difícil para un gobierno democrático conducir pacíficamente este cuadro de conflictos: Se impone una concertación social.