En el pasado artículo citaba a Karl Popper y su definición de democracia como sociedad abierta. La naturaleza de la democracia es el mecanismo pacífico que permite a los ciudadanos y ciudadanas tomar decisiones de transformación de sus sociedades mediante el voto (por supuesto las elecciones no agotan lo que es la democracia). Existen por supuesto muchas precondiciones para que efectivamente la mayoría tome decisiones de cambio. En primer lugar el desarrollo de una profunda conciencia política que pueda ser independiente del poder del Estado y los dueños del gran Capital. Segundo que existan formas de control sobre el uso de recursos públicos para favorecer el partido o candidato del gobierno. Tercero que el mecanismo electoral sea confiable para todos los actores.

El resultado de las pasadas elecciones del 17 de marzo, que le brindó al PRM la posibilidad de pasar a ser la fuerza política más votada y relegar al PLD a un segundo lugar, tiene varios antecedentes relevantes. El más importante fue la imposición de la candidatura de Danilo Medina para un segundo periodo que prohibía la Constitución en el 2016. Se puede considerar ese hecho como el pecado original de la crisis política que vivimos desde ese momento. El uso del poder de manera descarada en este segundo cuatrienio tuvo varios hitos nefastos, destacándose la impunidad del caso Odebrecht, el bloqueo a las denuncias de la diputada Faride Raful sobre el uso de recursos no transparentados por el Poder Ejecutivo del famoso asesor brasileño, la vergüenza pública a que fue sometida la Magistrada Miriam Germán Brito, una columna de decencia y profesionalidad, el intento fallido de reformar la Constitución para que el presidente tuviera un tercer periodo, la forma grosera en que se desarrollaron las primarias del PLD con el único objetivo de sacar a Leonel Fernández del partido, la agresión contra el periodista Marino Zapete y como corolario el intento de fraude en febrero alterando el voto electrónico. Tanto abuso del poder necesariamente llevaría a la sociedad dominicana a reaccionar y hasta abrió las puertas al injerencismo de Estados Unidos en dos ocasiones para frenar el intento de permanencia de Danilo Medina en el poder.

No bastaba la rabia que los dominicanos de clase media y gran parte de los sectores populares sentían por todas esas acciones para quedarse en el poder el grupo de gobierno, se necesitaba un proceso electoral con las garantías necesarias para que contaran los votos reales. Y por lo visto eso ocurrió. Para llegar a estas últimas elecciones con la transparencia que tuvo demandó muchas presiones y sobre todo un gran esfuerzo de la oposición para organizarse y actuar con astucia frente a un contrincante con el poder del Estado y todas las mañas imaginables para hacer fraude.

Entramos entonces en la segunda etapa, el camino hacia las presidenciales y congresuales. Si nos llevamos de un discurso del presidente que está siendo reproducido por los medios, quien ganara estas elecciones se colocaba ventajosamente para ganar las de mayo. Argumento dicho desde la soberbia de considerarse imbatible, pero que ahora resulta absolutamente incómodo frente al hecho de un PRM ganador. Pero la oposición no debe llevarse de eso, debe trabajar como si no llevara ventaja, vigilar todas las acciones desde el Estado para corromper las elecciones de mayo y prepararse para una gran oleada de campañas sucias desde esa logia de bocinas que asustados por lo que acaba de suceder todavía no saben como reaccionar. ¡Pero reaccionarán y con lo peor que podamos imaginar! Para el sector que lleva dos décadas viviendo de las canonjías del Estado, perderlo no es una opción. Agravado por el terror de que se vayan develando acciones corruptas que los haga imputables frente a los tribunales.

Iniciamos esta semana un camino que promete ser más arduo que el recorrido hasta ahora en la vida democrática de los últimos años. Al PRM le toca trabajar muy duro, evitar graves errores y sobre todo mantener presión sobre todo el mecanismo electoral para que las elecciones de mayo tengan las condiciones de las recién ocurridas por lo menos. Todo esto en función de que se percibe claramente que la sociedad dominicana quiere un cambio profundo en su liderazgo político.

Luego vendrán las acciones del nuevo gobierno que demuestre precisamente esa voluntad de cambio para beneficio de toda la sociedad, con objetivos claros como la preservación del ahorro, la reducción de la deuda, llevar la nómina estatal a los niveles que permitan una gestión de calidad y cercenar todas las fugas de recursos públicos empleados en corromper. Además la gran demanda porque los actores del poder judicial que dependan de la voluntad del Poder Ejecutivo sean escogidos en función de un trabajo que todos esperamos de persecución de la corrupción pasada, presente y futura.