La protección y garantía de los derechos humanos en un Estado democrático, es una condición elemental en el proceso de desarrollo de la nación, el cual se consolida cuando no existe una brecha entre la norma y la realidad, el ser y lo que debe ser.
Todas las acciones del Estado deben estar sujetas a planes, programas, políticas y normas, incluyendo el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas,contra la arbitrariedad y el abuso de poder. Además, las medidas que adopten los Estados en el campo de la seguridad y la defensa nacional, deben ser sistémicas, integrales y exhaustivas, a fines de garantizar la integridad del territorio y los principios fundamentales de los derechos inherentes de las personas.
Debemos agregar que la seguridad nacional no puede anteponer la dignidad del ser humano y los derechos fundamentales de las personas, la cual debe ser abordada desde una perspectiva multidimensional, que implica la seguridad humana y sus categorías: seguridad económica, política, social, alimentaría, salud, ambiental, personal, de la comunidad, entre otras.
El eje medular y articulador de las políticas de seguridad nacional, debeser la protección efectiva de los derechos humanos de todas personas que habitan en el territorio, considerando o motivadas por un conjunto de característica que no pueden obviarse. Estas deben estar vinculadas al principio de la universalidad de los derechos, lo que quiere decir, que pertenecen a todos los seres humanos, sin distinción de ningún tipo y se extiende en el espacio, alcanzando a todas las personas por igual, esencia de la democracia.
Para garantizar la Seguridad Nacional y la protección de los Derechos Humanos, debe desarrolla una política que concibaun componente e inspiración pacífica.En ese sentido, las políticas y acciones deben tener como centro de atenciónla cooperación, la solidaridad y priorizar las relaciones diplomáticas, apoyadas en el Derecho Internacional y en el Sistema de Protección de los Derechos Humanos, promoviendo la participación de la ciudadanía en su elaboración, diseño e implementación.
En la República Dominicana debemos promover la participación cívica, para aumentar la capacidad de la ciudadanía de incidir en las decisiones del Estado y la definición de políticas públicas, fomentando mejores políticas de defensa y seguridad con carácter de permanencia y confiables, considerando la vigencia de los Derechos Humanos, concebidos como la condición de toda persona, inherente a su dignidad que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer.
Visto lo anterior y conociendo mejores prácticas en otros países, afirmamos que la seguridad nacional no es una cuestión exclusiva de los militares, no es únicamente mecanismos de coerción o restricción de derechos fundamentales. Toda democracia necesita que la ciudadanía esté vinculada positivamente y participe, es decir, que la valore, cuestione, que demande políticas públicas efectivas, de calidad y las políticas de seguridad y defensa nacional no pueden ser la excepción. Todo lo contrario, amerita la participación de todos los actores y sectores de la sociedad.
La teoría política enfatiza que la participación cívica, es fundamental para la consolidación de la democracia y una plataforma esencial para el diseño e implementación de políticas públicas integrales en materia de seguridad y defensa nacional, que contemplen la protección de los derechos humanos.
La democracia también fomentar el diálogo, la construcción colectiva entre todos y todas, entre las distintas fuerzas políticas, para poder resolver conflictos e impulsar el desarrollo de manera conjunta, con el propósito de perseguir los objetivos nacionales e interés colectivo, como medio para el bien común.
La democracia juega un papel importante en la dimensión política de la seguridad nacional, porque representa un mecanismo fundamental, para garantizar la vigencia de los derechos humanos, fundamento y razón del ordenamiento constitucional, cuando establece en el artículo 5 que: “La Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas”.
Si la República Dominicana es “un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana y los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”, el proyecto de Plan Nacional de Seguridad y Defensa, debe cruzar inexorablemente por esos principios.