“Una gran democracia debe progresar o
pronto dejará de ser grande o democracia”.
Theodore Roosevelt
Hasta ahora hemos oído decir como si se tratara de una sentencia, que la democracia es la mejor forma de gobierno. Pero es lamentable tener que admitir y expresar que la democracia en la República Dominicana padece de grave enfermedad. El cáncer de la corrupción es la enfermedad, que viene haciendo metástasis, y sólo aquellos que no participan ni se dejan enrolar en el sistema corrupto, se indignan, pues no ven la protección que, cual anticuerpo, supone el sistema democrático. Tal anticuerpo ha de ser la democracia participativa.
La corrupción genera en la ciudadanía, inseguridad, suspicacia y aprensión en las instituciones públicas y el sistema judicial, lo que resta legitimidad a las instituciones políticas, y la economía nacional sufre de grandes déficits que tienen que revertirse mediante préstamos que muchas veces ponen en juego hasta la soberanía nacional y empobrece cada vez más a las clases necesitadas.
Para Amartya Sen la democracia tiene un papel protector particularmente importante para los pobres, “pues evidentemente actúa en defensa de las victimas potenciales de la hambruna, así como de los desposeídos expulsados de la escala económica durante las crisis financieras” y agrega: “La democracia no es un lujo que pueda esperar hasta la llegada de la prosperidad generalizada”[i]
Según Mariano Borinsky[ii]: “A su vez, la corrupción aumenta los costos del desarrollo social y económico, observándose una relación directa y proporcional entre el nivel de corrupción que se verifica en una sociedad y el nivel de delincuencia; es decir, a mayor corrupción, mayor violencia”. Gran verdad, pues está a la vista de todos, que aquellos países en que son comunes los escándalos en que se ven envueltos tantos funcionarios públicos como privados y donde reina la corrupción, también la delincuencia y la violencia campean por sus fueros. Porque la corrupción hace carecer los servicios públicos, aumenta la pobreza y genera razonamientos negativos, impulsando a la juventud a la violencia delictiva, pues ve que aquella no le deja esperanza de un buen futuro.
En la República Dominicana, los mecanismos que deben servir para evitar la corrupción y que son métodos primordiales del sistema democrático, no funcionan a cabalidad. No funciona la rendición de cuentas; no se justifican de manera diáfana los gastos públicos; no hay un proceso establecido de castigo-recompensa; existen innúmeras dificultades en los métodos de transparencia establecidos. Porque no hay claro criterio de que en democracia, las ejecutorias de un gobierno y todo lo que implique inversión y gastos de recursos, deben ser de conocimiento, y estar a la mano de toda la ciudadanía, y sólo así se constituye un verdadero ejercicio de transparencia. Y es que la democracia no sugiere solo el sufragio
Hace tiempo que en nuestro país ha dejado de considerarse la función pública con principios de servicio al interés general, ya no se trabaja en el Gobierno para el bien común, sino que como he afirmado otras veces, un puesto o cargo es considerado “como un bien”.
Ya no nos escandalizamos y mucho menos nos sorprendemos con las frecuentes informaciones de prensa sobre hechos de corrupción cometidos por “magistrados” del Poder Judicial. Muy pocos dominicanos creen en la justicia que se imparte en este país, son muchas las dudas sobre las sentencias absolutorias de funcionarios públicos, pues hay mucha ojeriza sobre la fidelidad de los jueces y su subordinación al poder político o a intereses económicos. Esto va en contraposición a los principios democráticos que consideran la participación pública y la regulación del conflicto por medios pacíficos y ordenados y mediantes reglas aceptadas por la voluntad ciudadana de manera que se mantenga la paz y el orden público.
Aunque parezca utópico me atrevo proponer al Gobierno, conjuntamente con los partidos políticos y entidades de la sociedad civil, de manera mancomunada, a abocarse a la búsqueda de soluciones a la corrupción, y una de ellas sería acordar una legislación, proponente de que los organismos de fiscalización del Estado como la Cámara de cuentas y la Contraloría General de la República pasen a ser regenteados por entidades ajenas a la parcela política gobernante con participación de principalía de la ciudadanía, destinataria de los objetivos de las ejecuciones públicas. Esto sería una verdadera reforma que llevaría a la anhelada Democracia participativa.
[i] Sen, Amartya.- La Democracia Como Valor Universal. http://www.istor.cide.edu/archivos/num_4/dossier1.pdf. P.23
[ii] https://www.infobae.com/opinion/2017/06/18/la-corrupcion-como-problema-de-la-democracia/