Opinión

Democracia en tiempos del COVID19 (1 de 3)

Por Pedro Luis Montilla Castillo

Por qué es especialmente importante la vigilancia ciudadana ante las potestades excepcionales del gobierno.

El martes 17 de marzo de 2020, en horas de la noche, el presidente Danilo Medina comunicó al país que solicitaría al congreso la declaratoria de emergencia nacional. El miércoles en la mañana fue remitida al Senado de la República la carta correspondiente y la solicitud fue aprobada por el Senado en la tarde del miércoles 18 y por la Cámara de Diputados el jueves 19, quedando así firme la Resolución Núm. 62-20. Poco después el Poder Ejecutivo emitió el Decreto Núm. 134-20 y el país quedó formalmente en Estado de Emergencia. Finalmente, por medio del Decreto Núm. 135-20, se dispuso toque de queda parcial, una medida que en nuestro caso prohíbe el tránsito y la circulación de personas desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, desde el pasado viernes 20 de marzo y hasta el próximo viernes 3 de abril.

Esta situación puede prolongarse por semanas y durante la misma, el comportamiento cívico se centra en el aislamiento voluntario, permanecer en casa, salvo casos de extrema urgencia, así como la promoción de la paz social y el continuo llamado a la prudencia. Sin embargo, un rol igualmente importante y trascendental que estamos llamados a jugar ahora, es el de ser guardianes de la democracia en tiempos de excepción.

El Estado de Emergencia es una herramienta útil para –en medio de lo anormal– garantizar el retorno a la normalidad. Sus particularidades fueron brillantemente abordadas en este medio por el profesor Cristóbal Rodríguez (ver https://acento.com.do/2020/opinion/8795853-coronavirus-derecho-y-excepcionalidad/), pero ello implica también que la ciudadanía debe jugar un rol todavía más comprometido que en el marco del vigor absoluto y ordinario del sistema jurídico, precisamente por las restricciones de Derechos que se imponen.

En tal sentido, solo puede haber una Estado de Excepción legítimo, si esa excepción se circunscribe a lo dispuesto por la norma que la habilita. Que ello sea así, es deber del gobierno, pero labor de todos. Se amerita como nunca una ciudadanía capaz de denunciar los posibles excesos, de apelar constantemente a la proporcionalidad de las medidas que se tomen, de requerir información y transparencia, así como de accionar, si fuese necesario, por las vías que la Constitución le ha provisto para la sujeción del Estado –aun en el vigor de la excepción– al Derecho.

Este ejercicio democrático es ahora más importante que nunca. Hoy contamos con mecanismos digitales que facilitan el traslado de la información en el tiempo y el espacio, de modo que nuestras voces encuentran canales desconocidos por las generaciones que nos precedieron. Es oportuno utilizarlos y recordar continuamente a nuestras autoridades que el régimen de excepción no puede ser usado para la propaganda de un partido o agrupación política; que las ayudas llevadas a la población vulnerable lo son en nombre del Estado, no de un candidato; que no deben tomarse decisiones políticas que comprometan seriamente el patrimonio nacional en otras áreas, porque: ( a ) la población lo necesita, y ( b ) la democracia exige un consenso de difícil construcción en este contexto para tales decisiones; y que la rendición de cuentas sobre la administración pública, lejos de disiparse en la excepción, se incrementa.

En septiembre de 1963 se dijo que la democracia era un bien del pueblo y a él le tocaba defenderla. Hagamos lo propio hoy. 

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