El poder político dominicano opera en base al modelo de partido cartel (Richard Katz y Peter Mair) que se produce mediante la interpenetración entre el partido oficial PLD y el Estado, en la que el PLD actúa como agente del Estado y forma colusiones o pactos con los líderes de los otrora mayoritarios y ahora minoritarios PRD y PRSC y otros partidos minúsculos en base al soborno, la prevaricación y las prebendas para: (1) vedar otras fuerzas políticas, (2) controlar las instituciones y (3) dilapidar impunemente el erario público.
Ello permite al PLD repartir el botín público mediante el trasvase de exorbitantes sumas de dinero de una institución a otra, con garantía de impunidad y recambio de mando en el momento en que se producen críticas sociales y escándalos mediáticos.
La cartelización de la política se caracteriza por la existencia de una simbiosis o interpenetración entre el partido dominante y el Estado y la colusión de éste con otros partidos para apropiarse impunemente de los recursos públicos y mantener su posición en el sistema político mediante seis mecanismos básicos: (1) los pactos, alianzas y el transfuguismo en base a prebendas, prevaricación y soborno, (2) la eliminación de la oposición mayoritaria, (3) el control de todas las instituciones del Estado, (4) el control de los medios de comunicación de masas mediante el pago de sobornos y la subvención de periodistas acólitos del régimen (las llamadas bocinas), (5) costosísimas campañas electorales basadas en el uso excesivo de recursos económicos provenientes del Estado, y (6) el blindaje electoral fraudulento.
La política democrática se sustenta en la competencia, la participación y la representación.
El partido cartel despolitiza la política mediante la implantación de un régimen antidemocrático, no representativo, no participativo y no competitivo que se sostiene en base a: (a) la corrupción y la impunidad, (b) una frágil competencia inter-partidista, (c) objetivos políticos auto-referenciales que sustentan el culto a la personalidad con una burda apariencia de profesionalización y tecnocratización, y (d) un manejo eficiente y eficaz de la política cartelizada fundamentada en el control del Estado y la apropiación y dilapidación impune del erario público por el partido oficial.
El partido cartel es un heredero del partido “catch all”, atrápalo todo o profesional electoral que abandonó el interés y defensa de la clase social de los partidos de cuadros y de masas para desarrollar la lógica del partido cartel, que es la obtención de votos que le permita estar dentro de la estructura estatal y compartir sus mieles con otros partidos.
La práctica clientelar y la exorbitante financiación estatal a los partidos ha dado pie a la cartelización de la política en la República Dominicana. La tradición de arreglos interpartidistas se combina con la amplia presencia de apoyo estatal a los partidos y una posición privilegiada de los partidos en los nombramientos o puestos clientelares.
La actividad política actual, controlada por el PLD, es un negocio entre carteles partidistas dirigido a enriquecer a líderes y sublíderes, quienes, salvando una que otra excepción, surgieron de sectores pobres y se han convertido en empresarios que manejan el Estado como un botín para aumentar impúdicamente sus capitales, con la confabulación de empresarios, la jerarquía eclesiástica y una fuerza militar y policial hipertrofiada y adicta a los beneficios y privilegios de la corrupción y la impunidad.
La tradición de arreglos interpartidistas se combina con la amplia presencia de apoyo estatal a los partidos y una posición privilegiada de las organizaciones partidistas en los nombramientos o puestos clientelares.
La cartelización de la política se inició en 1996 con la llegada al poder del PLD apoyado por el PRSC de Balaguer y empezó a consolidarse en el 2004-2006 tras el progresivo control del Congreso y las Altas Cortes por el PLD y la faccionalización o división del PRD y el PRSC — recordemos el “pacto de las corbatas azules”, conocido como “pacto por la impunidad”, entre Miguel Vargas (PRD) y Leonel Fernández (PLD), mediante el cual Vargas apoyó la reforma constitucional del 2010. Vargas obtuvo como contrapartida suntuosos beneficios en el sector de la construcción y puestos gubernamentales y Fernández logró la desarticulación y división del PRD y el control por su grupo en el PLD de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, el poder ejecutivo, el legislativo y el municipal.
Durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), su conciliábulo con Leonel Fernández impidió la persecución y juicio de los funcionarios del gobierno del PLD y del PRD que habían cometido actos de corrupción. A ello se sumó el escándalo del fraude del Baninter y la implicación en el mismo de funcionarios de los entonces partidos dominantes PRD, PLD y PRSC y sectores eclesiásticos y militares cuyos actos quedaron impunes.
Al retornar al poder en el 2004, el PLD fue hegemonizando gradualmente la política mientras contribuía a la desaparición de la oposición mayoritaria del PRD y el PRSC. Ello ha permitido al PLD sostener la cartelización de la política mediante colusiones inter-partidistas que, en base al soborno, la prevaricación y las prebendas realizan acuerdos electorales y arreglos coyunturales entre la presidencia y representantes del PRSC y el PRD en los distintos órganos del Estado: congreso, municipios, judicatura y tribunales electoral y constitucional.
La implantación del PLD como un partido cartel es posible debido a la práctica clientelar producida por la baja estructuración programática del sistema político dominicano, que funciona en base a amplios mecanismos de cooperación formal e informal que actúan más allá del momento electoral. Ello determina que los pactos, las alianzas electorales y las experiencias transfuguistas estén directamente relacionadas con una política clientelar, en la que la competitividad en condiciones de oligopolio controlado por una sola alternativa de gobierno, liderada por el PLD, posee el dominio de la asignación de los recursos públicos. En la actualidad, las manipuladas investigaciones de la Procuraduría de los sobornos de Odebrecht y el juicio maniqueo de los supuestos implicados dan cuenta del control monopólico de la institución judicial por el partido cartel.
La hegemonización de la política por el PLD determina que los pactos, las alianzas electorales y el transfuguismo estén directamente relacionados con una política clientelar, en la que la competitividad en condiciones de oligopolio controlado por una sola alternativa de gobierno, liderada por el PLD, posee el dominio de la asignación de los recursos públicos.
Alternativa al partido cartel
La política cartelizada impuesta por el PLD ha dividido la sociedad dominicana en una amplia gama de organizaciones políticas, ninguna de las cuales cuenta, por sí sola, con los recursos económicos ni con el acceso a las instituciones públicas controladas por el PLD y aliados. Un ejemplo de ello lo constituye la recién aprobada Ley de Partidos Políticos, cuyo articulado responde a los intereses del PLD.
El modelo de democracia consociacional o consociativa podría representar una alternativa al poder monopolista y cartelizado del PLD.
En el modelo actual de democracia mayoritaria (modelo Westminster), se aplica la regla de la mayoría, el partido que obtiene la mayoría debe gobernar y la minoría hacer oposición. Es típico de de los sistemas bipartidistas, con representación electoral mayoritaria. Este modelo opera en sociedades muy homogéneas y cohesionadas en las que existe un amplio acuerdo básico y nadie pretende una mutación radical del sistema.
En sociedades segmentadas y profundamente divididas en torno a una o varias líneas de fracturas o clivajes, la regla de la mayoría frustra la posibilidad misma de subsistencia del régimen democrático porque algunas de las subculturas políticas existentes son marginadas y surgen frustrantes alternativas antisistémicas (Arend Lijphart).
La solución es la del gobierno de coalición de todos los sectores significativos, la práctica sistemática del acuerdo cruzado, el consenso como método decisional y el reconocimiento del veto mutuo en materias sensibles para los segmentos enfrentados (José María Ruiz Soroa, “Qué democracia es ésa?). Varios ejemplos de este modelo lo encontramos en Holanda, Bélgica y Suiza después de la Primera Guerra Mundial, en la España post-franquista y en Chile fue el modelo implementado para reemplazar a Pinochet.
Las sociedades segmentadas y muy divididas sólo pueden optar entre ser democracias consociativas o nos ser democracias en absoluto (Lijphart).
Mientras en las democracias mayoritarias se aplica la suma cero o regla de la mayoría, las democracias consociativas se rigen por la suma positiva o negociación. Cuanto mayor es la presencia de minorías intensas, es menos aconsejable y menos factible democráticamente una acción de gobierno de suma cero (Giovanni Sartori).
Entre las principales características del modelo consociacional figuran:
- Equilibrio de fuerzas entre el ejecutivo y el legislativo.
- Integración de gabinetes de coalición, en que se comparte el poder legislativo y el ejecutivo.
- Asimetría bicameral, en la que es muy difícil que un partido obtenga la mayoría en ambas cámaras. La cámara alta representa los intereses nacionales y la cámara baja los intereses regionales.
- Una constitución rígida que prevenga cambios súbitos sin el consenso de las minorías.
- Revisionismo judicial que permita a las minorías acudir a las cortes para revertir leyes que se consideren injustas o inadecuadas.
- Elementos de democracia directa, como el referendo, el plebiscito y el consenso.
- Distribución proporcional del empleo público.
- Que el presidente sea el portavoz de los intereses consensuales.
- Un banco central independiente, en el cual los economistas y expertos en finanzas y administración —no los políticos— definen las políticas monetarias.
La República Dominicana se encuentra en un buen momento para el diseño y puesta en marcha de una democracia consociativa. La marcha verde ha demostrado que es posible aunar voluntades diversas por un objetivo común. Las minorías políticas tienen ahí un buen modelo a seguir para derrocar el poder hegemónico del modelo cartelizado del PLD.