La Procuraduría General de la República y el TSE de manera conjunta han anunciado que los fiscales de cada jurisdicción asumirán la persecución de los delitos electorales y que a tal efecto estos funcionarios están siendo capacitados en materia de derecho electoral.
La ley 29-11 orgánica del TSE pone bajo la competencia de este tribunal la persecución de las violaciones penales de carácter electoral.
Este anuncio de la Procuraduría y el TSE, de gran interés para el País y particularmente para los actores políticos, pone de manifiesto la importancia de la independencia del ministerio público.
Es obvio que el apoderamiento a los fiscales, tal y como existen en la actualidad,para que se empeñen en perseguir los crímenes y delitos electorales, constituye un paso de avance frente a la absoluta indiferencia respecto a estas violaciones exhibida tradicionalmente a pesar de que se cometen públicamente ante los ojos de todos.
No obstante la ciudadanía tiene cierta razonable reserva sobre la efectividad de la anunciada persecución dado que al tratarse, los delitos electorales, de delitos de carácter político y con incidencia en los resultados políticos y tomando en cuenta que la mayoría de los miembros del ministerio público han sido escogidos en función de su militancia en el partido oficialista, se teme que sus actuaciones estarán regidas mas por el interés político que por el legal.
Adquiere relevancia la propuesta del candidato Luis Abinader que propugna por la independencia del ministerio público. Sugiere que el procurador general convertido en fiscal general, asi como el fiscal anticorrupción y el fiscal electoral sean designados por el Consejo Nacional de la Magistratura y no por el poder ejecutivo como ocurre actualmente.
Esta propuesta de Abinader debe ser seriamente pensada por el liderazgo nacional pues seguro requerirá el concurso de todos.