Dado el interés despertado por el anterior artículo, he adelantado este segundo, como había prometido. Sin embargo, el tema se complica en la medida que en surgen nuevas derivaciones.
Entiendo que el tema es complejo, muy complejo porque tiene derivaciones para varias ramas del conocimiento y profesional. Abogados y sociólogos deberían entrar al debate, sobretodo los llamados abogados constitucionalistas, aunque me dicen en los corrillos que buena parte de este grupo profesional escribe sólo cuando le pagan. No tengo pruebas.
De lo legal me preocupa el tema de los fondos de pensiones y el concepto ahorro privado, ya que lo es. El ahorro privado lo dice todo, es individual al extremo, es un activo de quien ahorra. Y ¿qué dice la Constitución del ahorro? ¿Es o no el ahorro individual parte de la propiedad privada, patrimonial? ¿Y si es así qué dice la Constitución?
¿Puede alguien disponer y secuestrar mis ahorros?
De la misma manera quisiera ver las opiniones de los expertos en derecho sobre el salario. Para un economista es simple: es un ingreso, renta o el precio de la mano de obra. ¿Y desde el punto de vista del derecho laboral y constitucional, el salario pertenece a quién? ¿Puede alguien distinto a su dueño disponer de ese salario de manera coercitiva?
Pues bien, como usted que me está leyendo, continúo escribiendo el artículo ignorando esos aspectos jurídicos involucrados en el tema fondos de pensiones. Entiendo que algunas posiciones que expongo son duras y hasta rayan en la iconoclasia. Sí, no lo dudo, sobretodo en un ambiente acostumbrado a la adulonería.
¿Qué va a suceder en el cortísimo plazo? Muchos eventos van a ir quitando cada hoja que no permite ver el camino. Ya una comisión de diputados acordó continuar con el proyecto de ley sobre la devolución anticipada del 30 % de esos fondos a sus dueños, que reitero son ahorristas y deberían estar regidos por las mismas leyes que rigen el ahorro voluntario. Si un intermediario financiero no lo devuelve se crean tumultos frente a las oficinas de la empresa financiera y todos sabemos el resto de la historia porque bastante experiencia tiene el país en materia de quiebras financieras.
Suponga que el proyecto pase en el Congreso y llegue al despacho del presidente de la República. En mi opinión el presidente Medina lo va a vetar, a rechazar. No importan los argumentos contenidos en el probable veto presidencial. Una sola razón lo explicaría: la imposibilidad del gobierno de honrar esa deuda.
Hay dos formas que evidenciarán esa imposibilidad de pago o de honrar esos ahorros. Una es con el proyecto que camina en el Congreso. Y la otra es independiente de lo que suceda en el legislativo. Me refiero a lo que viene después del 16 de agosto con el nuevo gobierno, no importa quién gane las elecciones.
Ese nuevo gobierno no va a disponer de fondos para ese pago en el último tramo del 2020 ni en el 2021. Entonces, las opciones de deudas son pocas y públicas. Una opción es la buena voluntad de la comunidad internacional, que coordinada, declare de manera voluntaria una moratoria de la deuda pública y privada para todos los países emergentes, en vista de que más de 100 ya acudieron al FMI en busca de ayuda y con esa ayuda no resolvieron el problema (tesis expuesta por Kenneth Rogoff).
Una segunda opción es el mismo fenómeno, pero no voluntario, sino que los más de 100 países que acudieron al FMI, como el caso de nuestro país, digan que no tienen cómo pagar la deuda y cesen el pago. Esa forma desorganizada de cesación de pagos de la deuda es común en el pasado. Sin embargo, dado la crisis mundial –la mayor en 100 años- y el nivel de comprensión de la necesidad de no mantener al mundo en una recesión de años, se prevé que ahora no vuelva a suceder, pero está sobre la mesa.
Para los fondos de pensiones, el tema es que el gobierno dominicano tiene el 47.73 % de ese dinero. Sobre 577,000 millones, el gobierno central ha recibido 275,402 millones de pesos de los fondos de pensiones.
Esa suma a la tasa subestimada de 58:1 significan 4,440 millones de dólares, es decir, 5.11 % del producto interno bruto (PIB). Si sumamos 28.5 % de esos fondos en manos del Banco Central es obvio que dicho monto aumenta más, pero esta institución tiene mecanismos de garantía distinto al gobierno central.
El destino de esos fondos va a rebotar en los organismos internacionales de financiamiento, si ya no lo ha hecho. Su destino y probable disminución por múltiples canales, verbigracia la devaluación del peso y la misma depreciación de la deuda pública dominicana, son pérdidas financieras que alguien terminará perdiendo.
Me temo que los trabajadores son ya los grandes perdedores. Tal y como sucedió con el famoso Instituto de Seguros Sociales y con el Banco de los Trabajadores, los fondos de pensiones cayeron en el canal que la ley 87-01, que tanto trabajo costó sacar adelante, previó no recorrer y para ello dejó muy, pero muy claro el tema de la diversificación de las inversiones de dichos fondos.
Llegaron los buitres y convirtieron en cadáver una institución relevante antes de transcurridas las dos décadas. El ciclo largo del crecimiento de la economía que abrió luego de una quiebra bancaria fraudulenta, ahora se cierra con un muy probable deterioro de los fondos ahorrados por los trabajadores.
El 76 % de dichos fondos está en manos del sector público, un sector público afectado por el déficit fiscal, endeudado a nivel del 60 % del PIB y con una economía real en ruina, sujeta a la reanimación de las economías que compran lo que producimos, economías que permiten que nuestros migrantes envíen remesas y de ellas nos llegan los turistas, pero todo ese mundo económico está cerrado por buen rato.
El espectáculo del presidente de la Reserva Federal y del secretario del Tesoro en los comités congresuales de Estados Unidos me dejó perplejo sobre la reanimación de nuestra economía. Ambos, con mucho dinero en las manos y cuestionados por la inacción, confesaron al unísono que sí, pero que no, nada, el coronavirus ha golpeado tan profundo como nunca 150 años atrás.
Así de simple.