Los monárquicos en España fueron los conspiradores más activos y eficaces contra la Segunda República española. De la misma manera que fueron un importante apoyo de la dictadura del general Primo de Rivera, comenzando por el rey de entonces, Alfonso XIII, abuelo, de don Juan Carlos I, Rey de España desde el 22 de noviembre de 1975 hasta su abdicación el 19 de junio de 2014.
El general Franco contó desde el inicio con el apoyo político y económico monárquico, de manera, que al ganar la guerra civil, estos esperaban que pasado un tiempo prudencial, Franco restituyera la monarquía en la persona de don Juan de Borbón, padre del rey don Juan Carlos.
Sin embargo, eso no estaba en los planes de Franco, quien proclamado como “Caudillo de España por la gracia de Dios”, gobernó como un rey absoluto sin ponerse la Corona. La Corona de Franco eran los fusiles, el sable, la porra, la Guardia Mora, los ejércitos de Tierra, Mar y Aire y los prelados de la Iglesia. Algo que muchos auto proclamados de izquierda siguen aún en el siglo XXI sin comprender: que la política entendida como el ejercicio de la violencia es una característica esencial y definitoria de los fascismos.
Todos los intentos y conspiraciones de los monárquicos por convencer a Franco de que proclamara rey a don Juan de Borbón resultaron infructuosos. La esperanza puesta en que la caída de Hitler fuera el momento adecuado para ese traspaso del poder se vinieron abajo cuando Churchill proclamó que ahora el enemigo común era Stalin y los comunistas.
Por tanto, había que parar el avance del comunismo poniendo un “telón de acero” para impedir su avance. La “guerra fría” salvó a Franco y le permitió perpetuarse en el poder hasta su muerte. Los aliados traicionaron la democracia, la república española y también a los monárquicos “liberales”.
Franco llegó a un acuerdo con Don Juan de Borbón de que su hijo Juan Carlos viviera en España, fuera educado allí y quizás estaba en el acuerdo explícito o implícito que en algún momento que Franco estimase adecuado, estableciese la Monarquía y don Juan o su hijo fuera proclamado rey de España. En 1969 Franco designó a Juan Carlos como su sucesor. A su muerte el 20 de noviembre de 1975 las Cortes franquistas proclamaron, el 22 de noviembre de 1975, a Don Juan Carlos I Rey de España.
Para los que forman parte de mi generación e incluso para muchos más jóvenes y que vivimos parte de la juventud bajo el franquismo–un franquismo ya menos brutalmente represor y totalitario-, es decir, el que va de 1965 a 1975, llegamos inconscientemente a aceptar, con cierta pasividad e incluso con algo de regocijo, que Juan Carlos de Borbón, designado rey por Franco y luego por el referéndum del 6 de diciembre de 1978, que aprobó la Constitución de 1978, que fuera Rey bajo el paraguas de una Monarquía parlamentaria.
Muchos, aunque republicanos de corazón y de cabeza, entendíamos que lo importante eran las libertades públicas y la convivencia pacífica. En ese momento. Eso también lo entendió así el entonces poderoso y prestigioso PCE y a su derecha casi todos, con la excepción de la extrema derecha.
Constitucionalmente el Rey era irresponsable políticamente ya que el poder ejecutivo lo tiene el Gobierno responsable ante el Parlamento. El rey reina pero no gobierna. El rey goza de la irresponsabilidad en el ejercicio de las funciones de su cargo y también de la inviolabilidad, que se entiende como inmunidad ante las leyes penales. O sea, de hecho el rey estaba por encima o al margen de la Ley, pero esto se refiere al desempeño de las funciones de su cargo. Nunca, entiendo, a actividades que realiza fuera o al margen del ámbito de sus funciones.
Aunque sobre esto no hay consenso, ya que los defensores a rajatabla del Rey don Juan Carlos para exonerarlo, de entrada, de toda culpa por sus presuntos actos dolosos, interpretan que la irresponsabilidad e inmunidad del rey es total. Algo que el sentido común así como la razón democrática repudia como algo extraño a una cultura cívica y a la hermenéutica del Derecho en una sociedad regida por los principios de un Estado social y democrático de derecho.
La inmunidad penal del Rey nunca puede suponer una licencia absoluta para violar la ley impunemente (¿se puede entender que el Jefe del Estado tenga libertad para violar las leyes que obligan a sus ciudadanos, que no vasallos?). En el caso de que el Rey realice un acto delictivo, penalmente tipificado, se le debería aplicar, en primer lugar, el artículo 59.2 de la Constitución, y considerar que se halla inhabilitado para ejercer su cargo y ser juzgado.
Para mí, en sus negocios “privados”, el Rey está sujeto al código civil y mercantil y si comete un acto tipificado en el Código Penal debe atenerse a las consecuencias como cualquier otro ciudadano español. Dicho lo cual, don Juan Carlos, goza de la presunción de inocencia hasta que no exista una sentencia de un Tribunal que lo condene. Esto en la interpretación jurídica rigurosa.
En cuanto a la deontología profesional de un Rey o de un Jefe de Estado, se da por supuesto que las actuaciones de una persona pública de tan alta relevancia, debe estar presidida por el rigor y el valor del ejemplo, por tanto, lo que puede ser criticable en una persona privada en una persona pública se magnifica.
Me refiero no al libre ejercicio de su sexualidad, algo en lo cual considero que el único límite es el libre consentimiento de las partes y no abusar, no dañar, no acosar, no explotar, ni extorsionar. Respecto a las acciones en el ámbito del enriquecimiento ilícito, apelaciones morales al margen, lo que está claro es que la lógica del capitalismo en su afán desmedido de búsqueda de lucro- como sea-, convierte en truhanes a los “señores” y a los reyes e iguala a delincuentes comunes y a delincuentes de cuello blanco o dorados.
Como escribió el gran Quevedo:” Son sus padres principales/Y es de nobles descendiente/ Porque en las venas de Oriente/Todas las sangres son Reales / Y pues es quien hace iguales/Al rico y al pordiosero,/Poderoso caballero/Es don Dinero.”