El discurso del progreso del partido de gobierno ya no solo se limita a una ciudad, a la creación fantasiosa del Nueva York Chiquito con sus lujosas torres, sus pasos a desnivel y su metro, el país ahora avanzará a una nueva era: la República Digital.
Esta propuesta no es más que el sello por excelencia del consenso danilista que mantiene el mismo sistema político y económico excluyente y reproductor de pobreza que su predecesor, Leonel Fernández; pero con un rostro más “humano” debido a su impresionante capacidad para copar los medios de comunicación.
En esa República Digital, todos y todas tendremos acceso a internet de banda ancha, cada estudiante y cada maestro tendrán una computadora, gobierno digital para acelerar trámites y centros tecnológicos de información y comunicación, es decir, zonas francas para producir nuevas tecnologías.
Como siempre, toda la envoltura siempre es muy bonita. Pero invito a que toquemos el fondo. Sin querer ser mezquino, hay prioridades todavía no resueltas. En el Nueva York Chiquito tenemos el metro, el cual ciertamente es un transporte utilizado por miles de personas diariamente; pero la inversión total hecha hasta el momento habría servido para garantizar algunos derechos básicos como el acceso al agua potable en cientos de comunidades.
La República Digital es una agenda digital ambiciosa y no podemos decir que no son buenas iniciativas; pero lo cierto es que hay asuntos mucho más urgentes y que tienen que ser resueltos ya
Sucede lo mismo con la República Digital. El candidato-presidente pretende priorizar las tecnologías de la información antes de destinar recursos para disminuir considerablemente el déficit habitacional actual que ronda por unos 2.1 millones de viviendas.
Tendremos una República Digital donde los hospitales carecen de medicinas, equipos médicos, suficiente personal y que te dejan morir en la emergencia. Una República Digital donde el aedes aegypti remueve los cimientos del sistema de salud dominicano con el dengue, la chinkunguya y ahora el zika.
El acceso a la internet a través de redes de banda ancha, posiblemente sea garantizado; pero el derecho a un sistema de salud efectivo y eficiente, no.
Lo mejor es que tendremos una República Digital con un sistema eléctrico deficiente, donde residir en un sector, distrito o municipio que tenga energía eléctrica por 24 horas es un privilegio y no un derecho. Esto a pesar de lo cara que es la factura eléctrica para los hogares: pagamos una factura completa por un servicio público intermitente.
Con la República Digital vamos dotar a los estudiantes de una computadora, al igual que a los maestros. Parece que se está olvidando que un 69% de aspirantes a plazas en escuelas públicas reprobó y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) atribuyó esto a la falta de conocimientos informáticos. Quizás esos recurso del 4% deben destinarse a mayor capacitación y formación de los maestros, a una transformación profunda del currículo escolar y de las técnicas de enseñanza, a mejorar la calidad del desayuno y almuerzo escolar y a la apertura de más estancias infantiles.
Cabe preguntarse qué ha hecho el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) con el 2% de la contribución al desarrollo de las telecomunicaciones (CDT) establecido en la Ley General de Telecomunicaciones. Se supone que con esos fondos las compañías concesionarias del servicio público de telecomunicaciones deben avanzar y desarrollar proyectos de expansión de redes y servicios, así como garantizar el acceso de aquellos servicios imprescindibles que integran el servicio universal de telecomunicaciones.
La República Digital es una agenda digital ambiciosa y no podemos decir que no son buenas iniciativas; pero lo cierto es que hay asuntos mucho más urgentes y que tienen que ser resueltos ya. De hecho, el éxito de la República Digital depende, precisamente, del mejoramiento sustancial de la calidad de vida de los dominicanos.
No se trata de que no estamos preparado, sino del simple hecho de que no podemos tener una República Digital sin que antes el Estado garantice determinados derechos sociales a todos los dominicanos como una vivienda digna, mejores salarios, educación pública de calidad y un sistema de salud pública sin precariedades.