Muchas pueden ser las causas que permiten explicar el desempleo, y tantas otras las vías para combatirlo. Cada tipo de desempleo tiene una herramienta propicia para su reducción, por ello su buen diagnóstico es esencial.

En un contexto de desaceleración de la economía, algunos pretenden capitalizar la coyuntura promoviendo las reformas y los acuerdos que les convienen. Peor, sus propuestas obvian la realidad y el problema.

Se nos quiso vender, por ejemplo, el argumento según el cual desempleo en nuestro país sería causado por un salario mínimo que no se corresponde con la productividad de los trabajadores; ese argumento que hablaba de la rigidez salarial. Es decir, que los salarios serían muy elevados en relación a lo producido por cada empleado. El informe conjunto del FMI y la Organización Internacional del Trabajo publicado el 31 de enero del presente año resulta en este sentido un documento valioso.

Resulta que el salario real promedio de nuestros trabajadores al año 2010 es 20% inferior al del año 2000. Resalta el documento además que la República Dominicana es el único país de América Latina en el que el valor real del salario mínimo disminuyó entre el año 2000 y el 2010 (-0.7%), mientras en los demás países éste aumentó, con excepción de El Salvador donde se ha mantenido estable. La OIT resalta que este fenómeno es también contrario a la tendencia mundial.

Estos resultados chocan aún más cuando se les compara con un crecimiento promedio de nuestra economía para el mismo periodo, que fue de 5.4%, por encima del promedio regional; cuando se sabe que la productividad laboral aumentó a un ritmo de 3.1% anual y que la canasta básica para el 20% más vulnerable es estimada al doble del salario mínimo por el Banco Central.

Fuente: OIT-SIALC, basado en datos oficiales.

El informe muestra también una disminución sensible de la partida salarial en el producto nacional. En el año 2000, 47% del producto iba a los trabajadores. Luego de la crisis bancaria, esa partida sufrió una caída abismal para llegar al 30%. En el año 2010, esa partida representa apenas el 28%.

La renegociación de los salarios mínimos se veía venir. La reforma tributaria, con un importante aumento sobre los impuestos al consumo, disminuyó el poder adquisitivo de la población. ¿Será que el ya referido argumento doctrinario, y sin contexto, se usó como herramienta de negociación?

Es cierto que hay un problema con los salarios. No es que éstos sean demasiado elevados en relación a la productividad, sino todo lo contrario. El problema es que los empleados no se han beneficiado del aumento de la productividad. El problema es que no hemos entendido los límites de una estrategia de competitividad sustentada en la desigualdad.

De la flexibilidad

En dicho informe, se cita la encuesta realizada por el Banco Mundial-CFI en el año 2012, la cual busca evaluar los obstáculos de las empresas para hacer negocios en cada país. Para establecerlo, la encuesta se informa a través de las mismas empresas. Los resultados muestran que las grandes, medianas y pequeñas empresas tienen percepciones diferentes de los obstáculos, pero se puede concluir que la legislación laboral no es una de las principales, mencionada apenas por el 2.5% de las empresas. Sorprende que sus representantes hayan cambiado de opinión en tan corto plazo.

Ahora resulta que el código de trabajo les impide ser competitivos y crear empleos. Comencemos diciendo que esta propuesta aparece en un contexto previsible de caída de la demanda agregada. En efecto, la crisis internacional, la caída del turismo, la reforma tributaria y la baja inversión pública confluyen para crear un ambiente poco propicio para los negocios y de bajo crecimiento económico.

Es cierto que una regulación laboral rígida, y un costo del trabajo demasiado elevado en relación a la productividad de los trabajadores puede traducirse por un desempleo estructural elevado. Fue el caso, por ejemplo, de algunos países europeos, en particular a partir del choque petrolero de 1973. Ese choque externo se produjo en un contexto en el cual los salarios estaban indexados a la inflación, lo que desencadenó una espiral inflacionaria. Sus consecuencias sirvieron para mostrar las deficiencias de la regulación laboral de entonces. El choque y los problemas estructurales produjeron un desempleo estructural caracterizado por el fenómeno de insiders/outsiders. Esto no es más que una situación en la cual una parte de la población, en particular la menos cualificada y más vulnerable, no consigue acceder al empleo formal con todas las protecciones que ello implica.  Este rara vez ha sido el caso en nuestra región.

De hecho, si algo mostraron las reformas neoliberales de los años 80 y 90 en América Latina, es que la flexibilidad puede tener un gran costo social y en general no crea los empleos prometidos. Sus beneficios para las empresas son otros, por ejemplo, les da una mayor capacidad de adaptación a las coyunturas de la actividad económica, preservando a la vez la capacidad de producción de las mismas. Esto significa que más que la creación de empleos, la flexibilidad aumenta la volatilidad del mercado laboral, con un nivel de desempleo más sensible a las coyunturas.

Se menciona además con frecuencia la movilidad de los empleados de un sector a otro de la economía, pero, como señala el ya citado informe, la legislación vigente no es un problema para la movilidad intersectorial, que en nuestro país es señalada como buena.

La flexibilidad, en un país con tan bajo gasto social, uno de los más bajo de América Latina, que ha sabido crear riqueza aumentando la pobreza, es un sinsentido. Ayuda además vulnerabilizar aún más la posición del empleado, débil ya por la baja sindicalización y la debilidad institucional de nuestro país.

El argumento según el cual la cesantía puede contribuir a la quiebra de empresas en dificultad merece ser tomado en cuenta y encontrar la mejor de las soluciones posibles para empleados y empresarios. Ahora bien, el eliminar la cesantía en nuestro contexto no es una opción. El pago de la cesantía forma parte de la política de empleo. Al despedir a un trabajador, la empresa crea perjuicios (externalidades) que afectan al individuo y a la sociedad. El costo del despido sirve como compensación (internalización); éste no debe ser tan alto que desincentive la creación de empleos, ni tan bajo que debilite demasiado la posición de un empleado que no cuenta además con un servicio de protección social que le garantice un nivel de vida mínimo.

El verdadero problema

Es cierto que hay cosas que pueden ser mejoradas. El mismo informe señala algunas debilidades de nuestra regulación laboral. Se presenta como un problema fundamental la fijación de salarios mínimos sectoriales. En República Dominicana, existen distintos niveles de salario mínimo en función del sector. Parece absurdo el tener que explicar el sinsentido de tener quince salarios mínimos para quince sectores productivos cuando el costo de la vida no variará en función del mismo. Esta gran variedad de salarios mínimos genera además desinformación en empleados y empleadores. Según el estudio, 15.6% de los trabajadores de medianas empresas son pagados por debajo del mínimo de su sector; 33.1% de los empleados de las grandes empresas se ven en la misma situación.

Ahora bien, reducir el problema de la competitividad a los salarios y a la regulación laboral   es propio de mentes estrechas o de intereses cortoplacistas decididos a sacar partido de la coyuntura.

El tema debe ser abordado en toda su complejidad. Comenzar hablando, por ejemplo del tema eléctrico, pero también de los problemas de las empresas. Éstas con frecuencia no cuentan con acceso oportuno a información confiable sobre la economía o su sector de operaciones en el país y en el extranjero que le permita tomar decisiones estratégicas óptimas; tienen también dificultades para colocar ventajosamente sus productos en la cadena de producción internacional. En muchos casos la gestión de las mismas es deficiente. Debemos hablar de la falta de innovación, no sólo en productos, sino también en términos de organización y de procedimientos. Y no se puede hablar de ello sin hablar del déficit de trabajadores capacitados producto de un sistema que es causa y reproducción del ostracismo y la exclusión.

Hay que hablar también de lo positivo, como la medida de la ventanilla única para simplificar los procedimientos burocráticos para la creación de empresas, el fondo de mil millones de pesos para financiamiento de PYMES. De igual manera se debe reconocer la pertinencia de la medida de inyección de liquidez en la economía, como lo han hecho efectivamente los empresarios.

Este informe se suma a las decenas que critican nuestro modelo de crecimiento, que no de desarrollo. Una estrategia de crecimiento basada en la mano de obra barata, en fragilizar la situación de los empleados, ha sido la única a la que hemos apostado. Es hora de entender que esa estrategia ha mostrado sus límites. Ella ha permitido construir riquezas particulares al precio de la cohesión social.

El verdadero problema de la competitividad y del límite de la capacidad de crecimiento del sector privado está allí. Está en no poder lanzar al mercado internacional productos suficientemente elaborados y diferenciados; en nuestra poca capacidad de innovación. Está en que un grupo quiera quedarse con la mayor parte del pequeño pastel local, aunque ello signifique renunciar a una mayor parte en el gran pastel internacional. Está en no apostar al talento de nuestra gente. Está en preferir bolsillos llenos (públicos y privados)  al desarrollo.

Apena ver cómo estos defensores de la competitividad se niegan a competir, callando además monopolios y beneficios tercermundistas. El verdadero problema es que el subdesarrollo es demasiado bueno.