Nadie, fuera del círculo oficialista que ha secuestrado los tres poderes del estado, cree en las intenciones del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez de investigar los sobornos de la firma Odebrecht. Sus acciones indican más bien, que trata de encubrir a los culpables y repetir la impunidad que las altas cortes de la Justicia Dominicana ofrecieron al senador Félix Bautista.
Las pruebas contra el senador y secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Félix Ramón Bautista Rosario, y sus amigos y socios Carlos Manuel Ozoria, Soraida Antonia Abreu Martínez, Grisel Aracelis Soler Pimentel, Bolívar Antonio Bretón Medina y José Elías Hernández García, fueron presentadas por el entonces Procurador General del País, Francisco Domínguez Brito. Pero, a finales de marzo del 2015, la Justicia dominicana negó la posibilidad de iniciar un juicio de fondo al Secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana, Félix Bautista, y al alcalde de San Francisco de Macorís Félix Rodríguez, y sus compartes asociados.
La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reinoso, no dejó ninguna duda del significado de los tweets de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Señaló que “la SCJ se inhabilitó jurídicamente para conocer la apelación del Ministerio Público en el caso contra el senador Félix Bautista”. En otras palabras, no existe una salida dentro del sistema para evitar que legisladores, jueces, y funcionarios del gobierno, desde las posiciones más altas a las más bajas, se roben el dinero del pueblo.
De esa fecha a la actual nada se ha hecho para desarticular el secuestro político de las instituciones que conforman los poderes fundamentales de una democracia y evitar que los legisladores legislen para aumentar exponencialmente sus entradas y permitan que las leyes del país no “tipifiquen” o condenen el enriquecimiento ilícito, la falsedad de escritura pública y privada, y la corrupción y el lavado de activos. Y no debemos olvidar, que se dejaron sobornar por las amenazas de la Iglesia Católica Romana para despojar a las mujeres y a la población LGBT de sus derechos constitucionales; permitirle adulterar la autonomía de las ciencias con dogmas religiosos en las escuelas del estado; y enmascarar el presupuesto nacional para adulterarlo escondiendo el financiamiento económico de la burocracia Católica Romana y su acumulación de riqueza en bienes inmobiliarios sin pago de impuestos.
La táctica de investigación del nuevo Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez indica que no procede ni avanza como lo han hecho hasta el presente Brasil y Colombia para castigar a sus nacionales culpables de aceptar sobornos de Odebrecht. La Convergencia Nacional de Abogados (CONA) delineó el procedimiento a seguir al acusar al Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, de “encubrir al empresario Ángel Rondón” . Su propuesta debe formar parte de una lista de las demandas en la marcha del 22 de enero contra la corrupción:
Uno, someter a la justicia al empresario Ángel Rondón, a quien se le imputa haber recibido 92 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht para sobornar a funcionarios y solicitar a un juez una orden de allanamiento a para buscar las pruebas del soborno.
Dos, demandar reparación monetaria de Odebrecht.
Tres, investigar a los tres últimos presidentes que han hecho contratos con Odebrecht, y someterlos a la justicia de ser encontrados culpables; mientras más alto el cargo, mayor su responsabilidad y su delito.
Cuatro, parar el proyecto energético de dos plantas de carbón en Punta Catalina, nocivos al medio ambiente, y buscar alternativas renovables.
Quinto, prohibir la licitación de la empresa Odebrecht en República Dominicana en el futuro.
Sexto, conformar una Asamblea Constituyente que permita tipificar todos los delitos contra la corrupción y la impunidad; lo cual incluye el anulamiento del Concordato Trujillista y fascista de 1954 que retrocede la nación al periodo Medieval del Vaticano I, y al triunfo del nacionalcatolicismo Franquista en territorio dominicano.
En el siglo XXI Quisqueya no es libre. El dinero generado por el sudor de todos y todas, enriquece los bolsillos de legisladores, ejecutivos, funcionarios, obispos y generales; mientras los pobres pasan toda suerte de calamidades, los campesinos no tienen tierra, y sus hijos e hijas carecen de escuelas que respeten sus derechos y les preparen para un mundo revolucionado por la informática. Que las palabras de nuestro himno, nos sirvan de inspiración y la marcha del 22 de enero cristalice en reivindicaciones liberadoras:
¡Salve! el pueblo que, intrépido y fuerte,
A la guerra a morir se lanzó,
Cuando en bélico reto de muerte
Sus cadenas de esclavo rompió.
Ningún pueblo ser libre merece
Si es esclavo, indolente y servil;
Si en su pecho la llama no crece
Que templó el heroísmo viril,
Más Quisqueya la indómita y brava
Siempre altiva la frente alzará;
Que si fuere mil veces esclava
Otras tantas ser libre sabrá.